El Gobierno de Cuba ejecutó más de 300 acciones represivas en julio contra activistas y periodistas, informó este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La red de observadores y colaboradores del OCDH estima que ocurrieron el pasado mes en la isla al menos 314 acciones represivas, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias, 68 fueron contra hombres y 29 contra mujeres, y otras 19 detenciones fueron violentas.
El organismo denuncia que el gobierno designado de Miguel Díaz-Canel aumentó el patrón represivo de sitiar y mantener bajo vigilancia policial las residencias de los activistas para impedirles la salida de sus casas. Aunque ese mecanismo "no es novedoso, sí observamos una tendencia creciente en su aplicación... Probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria", afirmó el OCDH.
Ese patrón represivo aumentó de 55 acciones de sitio en junio a 72 en julio, si bien durante febrero también se registraron 44 acciones similares, según la misma fuente. Las autoridades no suelen ni avisar de la vigilancia, aunque en algunas ocasiones sí lo hacen. "Son acciones aplicadas de facto, sin que que medie una orden judicial. No solamente no existe una constancia escrita, sino a que a veces uno ni siquiera logra saber por qué lo hacen", agrega el comunicado.
OCDH refiere que el pasado 30 de julio se hizo una vigilancia a un grupo de activistas y periodistas independientes, entre ellos Iliana Hernández de CiberCuba; la reportera de El Estornudo, Mónica Baró; los miembros de 14ymedio Yoani Sánchez, Luz Escobar y Reinaldo Escobar; así como a los opositores Omara Ruiz Urquiola, Luis Manuel Otero, Bertha Soler, Zaqueo Báez, entre otros.
En cuanto a la crisis económica de Cuba, el organismo con sede en Madrid, España, reitera "el creciente deterioro de la situación por el inmovilismo del gobierno" y que las nuevas tiendas recaudadoras de divisas extranjeras no son para las tres cuartas partes de los cubanos que "no reciben dólares y que los salarios y pensiones en pesos cubanos son muy bajos".
OCDH apunta que "la dolarización de los productos básicos en Cuba constituye una violación del derecho a la alimentación", que la quita del gravamen del 10% al dólar estadounidense no se nota por "los altos precios de los productos de primera necesidad" que se venden en esas tiendas y que la represión social aumenta contra quienes "intentan obtener determinadas cantidades de alimentos en las tiendas".
Desde hace meses las autoridades cubanas aumentan la persecución a las presuntas ilegalidades en el país, con especial énfasis en los acaparadores y revendedores, a quienes culpan junto al embargo de Estados Unidos de la escasez de productos en Cuba.
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