Comisión Interamericana de Derechos Humanos protege a activistas del Movimiento San Isidro con medidas cautelares

20 integrantes del MSI fueron beneficiados con medidas cautelares que solicitan al gobierno cubano velar por su vida e integridad física.

Algunos de los acuartelados en San Isidro © Facebook/Acuartelados de San Isidro
Algunos de los acuartelados en San Isidro Foto © Facebook/Acuartelados de San Isidro

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Este artículo es de hace 3 años

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de 20 integrantes del Movimiento San Isidro (MSI), quienes se han visto sujetos a represión constante por parte del gobierno cubano.

Según un comunicado publicado por CIDH, los activistas defensores de los derechos humanos “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba”.


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Los integrantes del MSI se han visto bajo hostigamiento gubernamental desde que el pasado noviembre, cuando protagonizaron el acuartelamiento en Damas 955, la sede habanera el movimiento que fue allanada violentamente por fuerzas policiales.

Los 20 integrantes del MSI beneficiados por las medidas son: Denis Solís González; rapero y prisionero político; Luis Manuel Otero Alcántara, Anamely Ramos González, profesora y curadora de arte; Maykel Castillo Pérez, rapero y activista; Iliana Hernández, reportera de CiberCuba; Katherine Bisquet Rodríguez, poeta; Omara Ruiz Urquiola, profesora de historia del diseño; Adrián Rubio, activista; Oscar Casanella, científico y activista; Alfredo Martínez, periodista independiente; Amaury Pacheco, artista y poeta; Michel Matos, productor independiente; Esteban Rodríguez, reportero independiente; Iris Ruiz, la actriz y activista; Miguel Yasser Castellano Guerrero, artista; Anyell Valdés Cruz, activista; Jorge Luís Capote Arias, youtuber y activista; Niovel Alexander Tamayo (Abu) Formen, poeta; Osmani Pardo Guerra, activista; y Jorge Luis Estien, activista.

De acuerdo a la organización, estas personas se encuentran bajo riesgo de “amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia por parte de agentes estatales y terceros, debido a su trabajo como activistas y periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en Cuba”.

Las medidas cautelares solicitan al estado cubano que:

A) “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los 20 integrantes identificados del Movimiento San Isidro (MSI)”, a través de las cuales los agentes del orden cubanos deben garantizar la vida y la integridad física de los implicados y protegerlos de terceros agresores.

B) “adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores”.

C) “concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes”.

D) “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”

La CIDH lamentó que el gobierno de la isla no colaboró ni realizó ninguna observación sobre las medidas anteriores, a pesar de que estas fueron solicitadas atendiendo al artículo 25.5 de su Reglamento.

Además, durante el mes de enero, el organismo encargado de la protección de derechos humanos de la OEA emitió medidas cautelares en favor del prisionero político cubano del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Yandier García Labrada, y los activistas Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo y Oswaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).

Recientemente, la organización internacional Human Rights Watch, colocó a Cuba en la lista de los países que han utilizado la crisis de coronavirus para reprimir a la sociedad civil y la libertad de expresión.

La inclusión en la lista obedece a las agresiones que la policía política cubana realizó contra periodistas, blogueros o críticos del sistema usando como pretexto el "distanciamiento social" y las medidas de control sanitario para reprimir, prevenir o disolver protestas

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