El periodista independiente Vladimir Turró Páez, reportero habitual del portal Cubanet, denunció este jueves haber sido víctima de una agresión por parte de tres delincuentes, presuntos esbirros al servicio de la Seguridad del Estado.
Los sujetos lo golpearon y luego lo amenazaron para que no se atreviera a cubrir la Marcha Cívica por el Cambio prevista para el próximo 15 de noviembre.
De acuerdo con un video publicado por el comunicador en Facebook, tras golpearlo en un ojo, los tres atacantes le advirtieron que eso y cosas más graves le podían ocurrir si salía a la calle el 15N.
Vladimir ya tiene una gran cicatriz en su cabeza, producto de otra agresión que sufrió a manos de la Seguridad del Estado hace unos años.
Al periodista lo han detenido en la vía pública en varias ocasiones, una de ellas frente al mayor de sus hijos, por estar filmando una cola.
Cuando faltan 10 días para la Jornada Cívica convocada por el colectivo Archipiélago en distintas ciudades de Cuba, el Gobierno ha lanzado una intensa campaña mediática para desacreditar a sus integrantes o amedrentar a las personas que han manifestado su deseo de manifestarse en el espacio público.
Actos de repudio, detenciones arbitrarias, coacciones, amenazas, seguimiento de las comunicaciones, reclusión domiciliaria sin causa, interrupción de los servicios de internet, imposición de multas y campañas de criminalización, son algunas de las medidas tomadas por la Seguridad del Estado contra activistas y comunicadores independientes.
"Muchos ciudadanos se mantienen paralizados por los efectos del acoso policial y de la seguridad del Estado", denunció la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15N, integrada por juristas y creada para articular denuncias de afectados por la represión de las autoridades.
La comisión ha documentado despidos laborales, hostigamiento, la obligación de dejar constancia por escrito de que no se participará de la protesta, persecución por posicionamientos críticos o un simple "me gusta" a publicaciones que circulan en las redes sociales.
Los miembros también acusan al proveedor estatal de telecomunicaciones de Cuba de impedir que los cubanos envíen mensajes de texto con la palabra "archipiélago" o la fecha de su protesta planificada, una táctica de censura establecida desde hace tiempo en la isla.
"El Gobierno cubano decidió intensificar la violencia política y ha contribuido a "exacerbar las contradicciones, la radicalización y la polarización de la ciudadanía en la isla y la diáspora", denuncian.
Por su parte, Archipiélago ha llamado a protestar con imaginación para quienes no se atrevan a salir a la calle el próximo 15 de noviembre, colocando sábanas blancas en balcones o ventanas, o vestirse de ese color.
El dramaturgo Yunior García Aguilera y otros organizadores de la protesta han dicho que tienen la intención de seguir adelante con la Marcha planificada, y vetada por el gobierno.
Funcionarios y medios al servicio del gobierno insisten en que la Constitución de la isla otorga a los cubanos el derecho a protestar, pero en la práctica las manifestaciones son rápidamente disueltas por la policía y los críticos del gobierno son acusados de ser "mercenarios" al servicio de Estados Unidos.
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