El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (CRC) cuestionó este jueves la represión contra niños y adolescentes que se manifestaron el 11 de julio de 2021 en Cuba, pero el gobierno de la isla negó "categóricamente" que se hubiesen cometido abusos contra menores de edad.
El relator Luis Pedernera, miembro de este mecanismo y exintegrante del Consejo Directivo del Instituto de Estudios legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), preguntó a la delegación cubana sobre los hechos posteriores a las protestas antigubernamentales en la isla, las cuales derivaron en detenciones y procesos judiciales.
Pedernera citó un informe de la Fiscalía cubana, según el cual "en febrero de 2022, a 27 adolescentes menores de 16 años se les impuso una medida como consecuencia de su participación en esas protestas".
"En 10 de estos casos recibieron medidas como internamiento en escuelas de formación integral, 17 recibieron medidas en el ámbito familiar y escolar son internamiento. En ese mismo informe Fiscalía notificó procesos penales contra 55 adolescentes de entre 16 y 18 años, de los cuales 27 han podido esperar el juicio en libertad, pero han recibido sentencias que oscilan entre los cinco y 19 años de privación de libertad", expresó.
El relator agregó que recibieron informes que hablan de que "las detenciones de estos menores se realizaron en la noche o madrugada, fueron retirados de los hogares de forma violenta sin brindar información sobre el motivo de la detención, ni su paradero".
También cuestionó que los detenidos fueron trasladados a varios centros y sometidos a largos interrogatorios de más de 12 horas en algunos casos, y que se les ha intimidado y presionado en términos emocionales y psicológicos. "Se nos notificó que algunos recibieron maltratos físicos y se les impidió mantener contacto con sus familiares", agregó.
Sin embargo, Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba y Jefa de la Delegación de la isla, afirmó que tales acusaciones son falsas e intentó deslegitimar los informes consultados por el panel.
"Quisiera categóricamente responder que ninguna de las alegaciones que recibieron como información sobre supuestos maltratos o torturas ocurrió en nuestro país, en ningún momento, ni en este caso ni en casos pasados, no lo permitirían nuestras leyes", afirmó.
Asimismo, ante las preguntas sobre las garantías que tienen los menores en Cuba para denunciar los malos tratos de las autoridades, la funcionaria se justificó: "En Cuba la edad para ser sujeto penalmente responsable es a los 16 años según el Código penal vigente. Entonces no hay ningún menor de 16 años juzgado penalmente", explicó.
En otra parte de la presentación, la ONU afirmó que una encuesta de 2019 reveló que más del 42 por ciento de los niños cubanos reciben violencia psicológica y castigo corporal, una cifra muy superior al muestreo previo, según el cual solo el 30 por ciento de los menores refirió estos maltratos.
La semana pasada el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J, que supervisa las detenciones y procesos judiciales a manifestantes desde la fecha en que estallaron las protestas masivas en la isla, envió una comunicación a la entidad con sede en Ginebra, Suiza, en la que refirieron la urgencia de interceder por la vida y la integridad de los menores, así como de obtener para ellos la libertad inmediata, bajo cualquiera de las formas previstas en la Ley.
"Pedimos a este comité que valore la realización de una visita a Cuba con carácter urgente, en función de interceder por la vida y la integridad de los catorce menores que hoy permanecen en detención, así como por los menores que bajo medidas cautelares o sanciones no privativas en este momento corren el riesgo de ingresar a prisiones o centros de reeducación", subrayó Justicia11.
Recientemente trascendió que las condenas a los menores de edad se aplicaron de forma arbitraria, y algunos jóvenes nunca han pisado la cárcel por ser familiares de militares de alto rango.
Es el caso de Giuseppe Belaunzarán Guada, de 16 años, quien vio reducida la sanción pedida por Fiscalía de 13 años de privación de libertad a 8 años, y obtuvo una sentencia firme de 10 años tras las rejas, que constituye la pena más baja entre los 32 sancionados por manifestarse en la esquina de Toyo, en La Habana.
A pesar de ello, el adolescente asegura que nunca ha estado en prisión por ser nieto del coronel y agente de la Seguridad del Estado, Carlos Javier Guada.
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