Autoridades penales de Cuba amenazaron a la Dama de Blanco Sayli Navarro con enviarla a una cárcel en Guantánamo, a más de 900 kilómetros de su natal provincial de Matanzas, por denunciar violaciones al debido proceso contra ella, su padre y otros involucrados en las causas judiciales a los manifestantes del 11J.
Sonia Álvarez Campillo, madre de Sayli, declaró este domingo a Radio Televisión Martí que a su hija le habían suspendido 15 días el teléfono por haber hecho su denuncia a través del influencer Alex Otaola.
También dijo que la jefa del penal de mujeres de Matanzas, conocido como Bellotex, la amenazó con trasladarla para otra prisión de mujeres en Guantánamo como castigo por sus denuncias en un programa “contrarrevolucionario”.
De ser enviada a esa cárcel, sería otra sanción más para la joven opositora, ya que toda su familia reside en la provincia de Matanzas, a más de 900 kilómetros de ese centro penitenciario, y otro derecho que le violan al impedir el apoyo de su familia durante los años de privación de libertad a los que fue sentenciada.
La también coordinadora de la plataforma Cuba Decide y su padre, el reconocido opositor cubano Félix Navarro Rodríguez, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, fueron condenados en marzo último a ocho y nueve años de cárcel, respectivamente, por los presuntos delitos de desorden público, desacato y atentado.
En abril último, Félix y Sayli Navarro fueron conducidos hasta sus respectivas prisiones directamente del tribunal, donde se realizó la vista de la apelación que ambos presentaron contra la sentencia.
En llamada telefónica realizada a su madre, la Dama de Blanco dijo que al llegar a la cárcel de mujeres Bellotex, las autoridades penitenciarias la castigaron con 14 días en celda de aislamiento.
Asimismo, denunció que fue trasladada hasta la prisión en un automóvil que se desplazó a exceso de velocidad, y que su padre fue encadenado hasta la espalda.
Padre e hija fueron detenidos violentamente al día siguiente de las manifestaciones del 11J en el poblado de Perico, Matanzas, cuando se dirigieron a una estación policial a indagar sobre el paradero de los miembros de su organización.
Félix Navarro, de 68 años, fue acusado de los presuntos delitos de atentado y desorden público, por los que la fiscalía le solicitó 15 años de privación de libertad. A Sayli, por su parte, le pidieron 11 años de privación de libertad por los mismos supuestos delitos y, además, por desacato. Finalmente las sentencias rebajaron las peticiones fiscales a 9 y 8 años, respectivamente.
Estados Unidos rechazó la ratificación de las condenas a padre e hija. A través de su cuenta en Twitter, la embajada estadounidense en La Habana expuso que “el régimen de Cuba confirmó las injustas condenas de prisión para los manifestantes pacíficos del 11J Félix y Sayli Navarro y a otras 7 personas de Matanzas”.
El gobierno de EE.UU. advirtió que las autoridades cubanas “deben dejar de condenar injustamente a los manifestantes por delitos como el 'desacato'”.
La declaración de la sede diplomática volvió a llamar la atención sobre la necesidad de que el gobierno de Cuba comience a respetar el derecho a la protesta y el derecho a la libre expresión de sus ciudadanos.
Tanto Félix Navarro como su hija han sido incluidos en la campaña ¿Presos Por Qué? (Jailed For What?), que desde octubre de 2018 lanzó el gobierno de Estados Unidos para visibilizar casos de prisioneros políticos en Cuba y violaciones de derechos humanos.
Navarro, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, pasó entonces unos ocho años tras las rejas, hasta que una serie de negociaciones entre los gobiernos de Cuba y España y la Iglesia Católica logró su excarcelación. A diferencia de la mayoría, Navarro no se marchó al exilio con su familia en ese momento, sino que decidió permanecer en el país y continuar defendiendo sus ideas.
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