El gobierno cubano negó la entrada al país por tercera vez consecutiva a la activista Omara Ruiz Urquiola, quien intentó regresar a la isla este sábado desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida.
"Por tercera vez no me dejan regresar a Cuba", dijo la también profesora universitaria en un video filmado desde el aeropuerto, donde denunció la complicidad de las autoridades estadounidenses con el régimen de La Habana.
Afirmó que el supervisor de la aerolínea Southwest –con la cual había adquirido el boleto– la trató con violencia, agresividad y hasta con amenazas.
"Esto no solo evidencia la violación de mis derechos por parte del gobierno cubano, sino también la complicidad de las autoridades de este país (Estados Unidos)", señaló Ruiz Urquiola.
Explicó que ahora mismo las autoridades estadounidenses están enfocadas en ampliar las relaciones comerciales con el régimen, así como los vuelos comerciales de aerolíneas como la propia Southwest, "y personas como yo quedamos en el medio de esta trama de un círculo poderoso que pasa por encima de los cubanos que no tenemos dinero, que no tenemos derechos, que solamente tenemos a Cuba", argumentó.
Ruiz Urquiola recordó que la situación de su familia es muy difícil, especialmente tras el paso del huracán Ian por Viñales, Pinar del Río.
"Ustedes saben que pasó el huracán Ian y destrozó la finca de la familia, los vecinos están ayudando a mi mamá, pero yo tengo todo el derecho a estar con mi madre", dijo la activista, quien viajó a Estados Unidos para recibir un tratamiento contra el cáncer y no ha podido regresar por las constantes negativas del gobierno.
"Es triste ver cómo la gran democracia del mundo se burla de nosotros, yo voy a seguir insistiendo a pesar del atropello. Yo tengo mi casa, mi vida en Cuba, yo no tengo nada fuera de Cuba", aseguró.
La activista Carolina Barrero dijo en su página de Instagram que actualmente varios cubanos están exigiendo a la aerolínea mostrar el acuerdo que la habilita a ir en contra de un derecho humano dentro del territorio de Estados Unidos.
Anamely Ramos, también privada de regresar a su país por parte de la Seguridad del Estado, denunció la arbitrariedad del régimen contra las personas que disienten de su política.
Por su parte, Ariel Ruiz Urquiola, hermano de Omara y quien también ha sido impedido de regresar a La Habana, evidenció la hipocresía del gobierno cubano, que ha pedido ayuda para los damnificados del huracán Ian ante organismos internacionales pero niega que los familiares de los damnificados lleguen a la isla a apoyarlos.
El gobierno cubano también impidió el regreso a Cuba de la activista y profesora universitaria el pasado 25 de junio, con la complicidad de la misma compañía Southwest Airlines, que se plegó a las exigencias de la dictadura para impedir su retorno a la isla.
La situación de casos como el de Ruiz Urquiola viola las propias leyes cubana que reconocen la libertad de entrada y salida del territorio nacional.
Al respecto, el gobierno utiliza el Artículo 24.1 de la Ley de Migración vigente, modificada en 2012, para impedir la entrada a cubanos que se oponen al régimen comunista, y utiliza cualquiera de sus incisos para adoptar la decisión:
a) Tener antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras perseguibles internacionalmente.
b) Estar vinculado con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o perseguibles en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es parte.
c) Organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano.
d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen.
e) Tener prohibida su entrada al país, por estar declarado indeseable o expulsado.
f) Incumplir las regulaciones de la Ley de Migración, su Reglamento y las disposiciones complementarias para la entrada al país.
Sin embargo, Ruiz Urquiola ni ningún otro activista u opositor cubano cuenta con una notificación oficial que se ajuste a esas disposiciones legales, de ahí que denuncien el carácter arbitrario de la medida.
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