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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz llamó a disminuir el robo y el acaparamiento en el país con medidas gubernamentales y advirtió que esta determinación no debe interpretarse como un ataque exclusivo al sector privado.
La intervención del premier cubano se produjo este jueves frente a ministros y funcionarios del país, quienes conocieron más detalles del plan estatal para reducir las ilegalidades, según la prensa oficialista.
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"No podemos ser contemplativos, ni tener pasividad en la actuación ante estas realidades", dijo Marrero Cruz.
La Habana y Santiago de Cuba fueron los territorios donde se apreciaron más resultados tras la aplicación de inspecciones y decomisos, situación que demuestra el descontrol sobre bienes y productos existente en el país.
Desde hace semanas las autoridades cubanas ejecutan un plan de más de 40 medidas para impedir la existencia de revendedores, acaparadores y personas que alteran los precios a productos de diversas categorías.
Como resultado de estos operativos se han decomisado alimentos que se vendían ilegalmente o identificado tiendas en las que los precios eran cambiados, con la complicidad de administradores y directivos.
También se intenta impedir la actuación de coleros y personas que se aprovechan de la escasez para obtener beneficios económicos.
Sin embargo, las autoridades cubanas, empeñadas en culpar a factores externos y subjetivos, no mencionan que la crisis que atraviesa el país se debe en gran medida a la adopción de políticas económicas como la Tarea Ordenamiento, que empobreció aún más a los cubanos en un corto período de tiempo.
Una de las principales críticas que recibe gobierno es que estas acciones contra la corrupción pocas veces tienen un impacto en la cúpula política del país, y se castiga al que vende alimentos y productos de primera necesidad pero no se reconoce que también son impagables en las tiendas estatales.
El descontrol económico existente en Cuba permite que aflore un mercado informal, que abastece a la población de todo aquello que se necesita y no se comercializa en la red de tiendas; sin embargo las autoridades prefieren resolver el problema con persecuciones y decomisos, en vez de potenciar la producción interna o permitir a personas naturales la importación con fines comerciales.
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