El gobierno de EE. UU. manifestó su “indignación” tras la muerte del preso político del 11J Luis Barrios Díaz tras una negligencia médica en La Habana.
“Estamos indignados al conocer la noticia de la muerte del preso político del 11J, Luis Barrios Díaz, mientras estaba encarcelado en Cuba. Hacemos un llamado al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de todos y todas, incluidos los derechos de los presos políticos y de las personas injustamente detenidas. Nadie debe ser encarcelado en Cuba ni en ningún lugar por expresar públicamente sus opiniones políticas”, se lee en un tuit de la Embajada de EE. UU. en Cuba.
Barrios, de 37 años, murió en la tarde del pasado domingo en el Hospital La Covadonga, en La Habana, como consecuencia de complicaciones respiratorias.
El preso había presentado síntomas preocupantes desde agosto. Fue internado en la enfermería de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón y más tarde trasladado al citado hospital para recibir atención especializada.
No obstante, a pesar de las advertencias médicas, las autoridades decidieron retornarlo a la prisión aludiendo a la falta de recursos para el traslado y vigilancia hospitalaria.
Esa decisión conllevó a un deterioro crítico de su salud y al final, a su muerte.
El recluso fue operado de urgencia el sábado y lamentablemente no superó las complicaciones posquirúrgicas, falleciendo en la unidad de terapia intensiva.
En un aparente intento de eludir responsabilidades, las autoridades otorgaron con extraordinaria rapidez una licencia extrapenal al ya fallecido recluso, según preciso el OCDH citando el testimonio de Endris Arias Meralla, compañero de la causa 184/2021 y amigo del fallecido.
Barrios era vecino de Pasaje Raúl número 38, entre Hatuey y Lindero, en el reparto Párraga, en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.
En enero de 2022 fue condenado por el Tribunal Municipal a 6 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11J, acusado de supuestos delitos de desorden público y atentado.
Familiares de Barrios Díaz denunciaron que su muerte pudo evitarse y la consideraron un asesinato de las autoridades carcelarias cubanas.
Carlos Hernández, cuñado del manifestante, publicó un video donde explicó que al prisionero le negaron atención médica a pesar de que los doctores recomendaron su ingreso inmediato, porque no había petróleo para relevar a los policías que debían cuidarlo ni antibióticos en el hospital Miguel Enríquez de La Habana.
“Era un hombre sano, que solo salió a protestar el 11 de julio. Dejó un niño de seis años, una hermana, una madre, y una familia devastada. Yo no pertenezco a nada, a ninguna organización política, nadie me está pagando, solo quiero justicia. Especialmente le envío este mensaje al periodista Albertico, quien dijo que en las prisiones de Cuba los presos estaban bien atendidos. Los presos están sin derechos humanos en las cárceles de Cuba”, denunció.
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