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GAESA, el consorcio militar que controla la economía cubana, está impulsando el desalojo de los residentes de Cayo Saetía, en Holguín, para dedicar la zona exclusivamente al desarrollo del turismo en Cuba.
Cayo Saetía está destinado a convertirse en el segundo Varadero en Cuba, con numerosos hoteles, visitantes foráneos y la menor cantidad de pobladores posible.
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El desalojo paulatino de los residentes en la zona lo están llevando a cabo con la promesa de reubicación en nuevos inmuebles, para que tengan mejor calidad de vida, pero luego GAESA no cumple sus promesas, así lo ha denunciado un ciudadano recientemente.
El complejo escenario fue revelado por Héctor Luis Pupo Quiala, un joven aquejado por artritis reumatoide, quien compartió su experiencia con Cubanet, señalando las dificultades impuestas por el gobierno local a los pobladores, hasta inducir la partida "voluntaria".
Pupo Quiala relató que las autoridades buscan vaciar el área para evitar la presencia de la comunidad local. A él y a su familia se les asignó una vivienda en Antilla.
Describió una continua lucha contra su enfermedad en medio de una asistencia médica deficiente y la falta de medicamentos adecuados en el cayo. Durante visitas de funcionarios a la región, aprovechó para exponer sus necesidades médicas y la falta de atención, y sus esfuerzos por conseguir un tratamiento fueron infructuosos.
Denunció la promesa incumplida de recibir dos viviendas en Antilla, una para él y su madre y otra para su hermana y sus hijos. GAESA solo les entregó una casa.
Desesperado por una mejora en su calidad de vida, decidió venderlo todo y mudarse a La Habana, pero encontró carencias similares en la atención médica.
CiberCuba desde 2021 reportó la situación en Cayo Saetía, conocido destino turístico y área de descanso para figuras importantes como Raúl Castro, que refleja un esquema amplio de desplazamientos forzados.
Este patrón también se observa en el poblado El Ramón de Antilla, donde las familias son desalojadas para dar paso a proyectos turísticos de gran envergadura liderados por GAESA.
El descontento es palpable entre los residentes, quienes enfrentan la pérdida de sus hogares y medios de vida, en un contexto donde la inversión en turismo parece priorizarse sobre el bienestar de la comunidad local.
A pesar de que algunas familias aceptan trasladarse a nuevos apartamentos a cambio de mejoras aparentes en su calidad de vida, muchos se arrepienten, por las pocas opciones de empleo y los cambios en su entorno vital.
Los testimonios de los habitantes de El Ramón de Antilla y las denuncias en redes sociales sobre la coerción y la intimidación durante los desalojos ilustran la creciente tensión entre los intereses del Estado y los derechos de los ciudadanos a permanecer en sus tierras.
Este conflicto subraya la disonancia entre el desarrollo turístico impulsado por el régimen y la preservación de las comunidades locales, cuyas vidas y sustentos son trastocados sin una compensación adecuada ni oportunidades reales de integrarse al crecimiento económico prometido por tales proyectos.
Este escenario en Holguín es un microcosmos de una problemática más amplia en Cuba, donde las políticas de desarrollo económico a menudo se implementan a expensas de los más vulnerables, dejando preguntas pendientes sobre la equidad y la justicia social en las estrategias de progreso nacional.
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