El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, acusó a dueños de Mipymes del país de extender la corrupción y facturar al Estado cantidades millonarias por trabajos con precios inflados.
Durante una visita gubernamental a Cienfuegos “para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) se refirió a las violaciones presuntamente cometidas por los pequeños y medianos empresarios de la provincia, tanto en la gestión de sus Mipymes, como en el abuso de precios y la facturación a empresas y organismos del Estado.
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“Veintiún millones… ¡Contratos que hemos pagado a esos millonarios! Ya está dictaminado por el MICONS [ministerio de la Construcción], que los trabajitos que hicieron no cuestan eso. ¡Cuestan mucho menos!”, señaló Marrero Cruz en su intervención, según reporte del Noticiero Nacional de Televisión (NTV).
Sin mencionar casos concretos, el primer ministro del gobierno de Miguel Díaz-Canel extendió una sombra de sospecha sobre la incipiente actividad empresarial privada, fomentada por el propio régimen cubano ante el evidente fracaso de la economía planificada y estatalizada del modelo socialista.
“En todos los trabajos de las Mipymes, les pagamos 600 pesos por cada trabajador para que ellos compren su almuerzo. ¿Y el almuerzo del hospital, y los médicos que estamos pagando?”, se preguntó Marrero Cruz, cuestionando sus propias decisiones y trasladando la responsabilidad del colapso de los servicios públicos a los “nuevos actores económicos”.
El discurso del régimen cubano expone las contradicciones a las que se enfrenta la clase dirigente y la cúpula que controla la economía dolarizada y la riqueza nacional a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), bajo control de los militares.
Necesitados de un tejido empresarial privado que dinamice la economía y los servicios, cree empleo, produzca bienes, mejore su imagen y establezca sinergias entre el sector estatal y el privado ("encadenamiento productivo"), los “cuadros” de la llamada “revolución” (y dueños de facto del país) temen a la pujanza y la ganancia de poder del sector privado, al que condicionan por todos los medios para que se mantengan “leales” a la “obra social” y los “principios” de una entelequia fracasada.
Lejos de tener el valor y el decoro de impulsar una verdadera apertura que conduzca a un proceso de transición económico y político en el país, el Palacio de la Revolución, conduce a la nación cubana por los derroteros más nefastos y contrarios a los intereses de una población desarmada de derechos y libertades, y sometida al poder inamovible de un régimen represor y violento.
Los llamados “nuevos actores económicos” son peones en la estrategia de un régimen que busca sobrevivir y perpetuarse en el poder, y que para ello promovió la aparición de la empresa privada en Cuba, con la finalidad de crear un tejido clientelar y una cierta clase social empoderada que sirva a sus intereses, y a la que pueda tener bajo su control.
Tal y como se ha demostrado, muchos de los dueños de Mipymes tienen fuertes vínculos familiares o laborales con el régimen cubano, y son movidos para suplir al Estado en sus funciones de atención social, o bajar el precio de las divisas en el mercado informal, entre otras “misiones”.
Sin embargo, la historia y los hechos demuestran que el régimen cubano no es un socio fiable, y que mañana puede perseguir a los “actores” que hoy creó y promovió. Todo está en función de su supervivencia.
La llegada de petróleo ruso, mexicano o venezolano, o cualquier otro tipo de escenario de “vacas gordas” para las arcas de GAESA, podría poner en peligro la existencia del naciente sector privado cubano, más cuando el propio régimen asegura que este tiene entre sus funciones la de impulsar la economía estatal, pues el Estado (entiéndase sus dueños) nunca va a renunciar a la “centralidad” de la empresa estatal y la economía socialista, ese subterfugio para mantener la riqueza nacional bajo su dominio.
Sobre los empresarios cubanos también pende la espada de la “opinión pública”, y pueden ser utilizados en cualquier momento como chivo expiatorio que cargue con la culpa de los altos precios, la desigualdad o el “saqueo” del Estado que impide que este pueda ofrecer servicios públicos de calidad.
Las palabras de Marrero Cruz en Cienfuegos constituyen, como tantas otras veces, un aviso para esos empresarios a los que el régimen empieza a señalar como “millonarios” y corruptos, y responsables del desastre socioeconómico que se vive en la Isla.
De momento se les permite continuar con sus actividades, pero en el discurso se les empieza a señalar cada vez más como evasores de impuestos, importadores, especuladores y corruptos. El emprendimiento en Cuba descansa sobre una gran inseguridad jurídica, propio de un régimen totalitario comunista.
Quien se crea a salvo de esta situación por exceso de confianza en su pujanza empresarial, contactos con el poder, o riqueza personal, estará pecando de ingenuidad y podrá verse el día de mañana en la situación de Alejandro Gil Fernández, pagando por todos los platos rotos.
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