En los últimos días, la prensa oficialista del régimen cubano ha publicado artículos que muestran una contradicción en sus enfoques hacia las manifestaciones en el mundo y la protesta social en la Isla.
Un claro ejemplo de ello se puede encontrar en el medio oficialista Cubadebate, que mostró su comprensión hacia los manifestantes que -en Valencia, España- exigieron la dimisión del presidente autonómico por la gestión de las devastadoras inundaciones causadas por la DANA, y en otro artículo justificó la represión contra quienes protestan por los apagones en Cuba.
La solidaridad de Cubadebate con los afectados valencianos por el fenómeno atmosférico contrasta con el alineamiento del medio que dirige el vocero de régimen cubano, Randy Alonso Falcón, con los argumentos de la Fiscalía General para detener y procesar a los manifestantes cubanos que protestan por la gestión gubernamental de la crisis energética.
Un artículo de Cubadebate sobre las protestas en Valencia describió cómo 130,000 personas tomaron las calles para expresar su "rabia" contra el gobierno valenciano por su respuesta insuficiente tras la DANA, que dejó 222 víctimas mortales y miles de damnificados.
La manifestación, convocada por 65 organizaciones y respaldada por otras 83, se desarrolló pacíficamente, con excepción de algunos incidentes menores, como el lanzamiento de barro y pintura contra edificios gubernamentales.
En su cobertura, Cubadebate parece apoyar las demandas de los manifestantes, destacando los gritos de "Mazón dimite" y "el pueblo unido jamás será vencido", y dando voz a las críticas contra la Generalitat por la falta de respuesta oportuna y efectiva durante la emergencia.
En contraste, un segundo artículo publicado por dicho medio oficialista asumió una postura opuesta hacia los manifestantes en Cuba, donde las autoridades han iniciado procesos penales contra personas en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila por participar en actos de protesta.
Según la Fiscalía General de la República, cuyo texto reprodujo el citado medio, se han impuesto medidas cautelares de prisión provisional a los acusados por "atentado, desórdenes públicos y daños".
La nota de Cubadebate argumentó que estos actos de desobediencia afectan la “tranquilidad ciudadana” y justificó las acciones de las autoridades cubanas aludiendo a la necesidad de “orden, disciplina y respeto hacia las autoridades”.
Asimismo, el comunicado de la Fiscalía elogió la actitud de quienes “se consagran a las tareas de la recuperación del país”, contraponiéndola con la supuesta irresponsabilidad de los manifestantes.
La disparidad entre ambas posturas resalta la doble moral del régimen cubano. Mientras apoya las demandas de justicia de los manifestantes españoles, que exigen rendición de cuentas y responsabilidad por parte de sus autoridades, condena enérgicamente las protestas de sus propios ciudadanos, a quienes les niega el derecho a expresarse y criticar la gestión gubernamental.
La Fiscalía del régimen cubano, cuyas palabras asumió Cubadebate como suyas, no mencionó los problemas que impulsaron las protestas en el país —principalmente, los apagones prolongados y la escasez de recursos—, sino que describió a los manifestantes como una amenaza al orden y la seguridad.
Además, el lenguaje utilizado, aludiendo al "respeto a la legalidad socialista", reforzó la narrativa de que cualquier disidencia o crítica en Cuba es inaceptable y debe ser sancionada.
Este contraste se hace aún más evidente cuando se examinan las similitudes entre ambas protestas. Tanto en Valencia como en Cuba, las manifestaciones surgen en un contexto de crisis, aunque en distintos escenarios.
En España, las protestas respondieron a la gestión inadecuada de una tragedia natural; en Cuba, la ciudadanía ha salido a las calles en medio de una crisis energética y una situación económica que afecta cada aspecto de la vida diaria.
Sin embargo, mientras el régimen cubano ve la protesta en Valencia como una expresión legítima de frustración ciudadana, se niega a reconocer las mismas motivaciones en sus propios ciudadanos y recurre a la represión y a procesos penales para acallar el descontento.
La posición oficialista cubana refleja un claro doble estándar y revela una hipocresía institucional. El régimen cubano, que se jacta de defender los derechos de los pueblos a nivel internacional, reprime a sus ciudadanos cuando ejercen ese mismo derecho a protestar y exigir mejoras.
Mientras que las autoridades valencianas permitieron la protesta sin mayores represalias, el régimen cubano respondió a sus manifestantes con detenciones y juicios, en un intento por controlar la disidencia e impedir que se exprese el malestar popular.
Esta contradicción en el discurso de la prensa oficialista deja en evidencia el desafío que enfrentan los cubanos: un régimen que apoya las protestas en otros países mientras reprime las manifestaciones en su propio territorio, mostrando una política de censura y castigo hacia cualquiera que cuestione la realidad en la Isla.
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