“Lo que cierta prensa quiere presentar como un vulgar ejercicio de la censura -el Decreto 349 del 2018- es, en realidad, una vieja demanda de lo mejor de nuestra intelectualidad”, así da comienzo el periódico oficialista Escambray al alegato del Gobierno cubano contra los artistas independientes que desde hace semanas luchan por hacer cumplir sus derechos.
El Decreto No. 349/2018 establece nuevas contravenciones en la contratación de artistas, la venta de obras de arte y la exhibición de contenidos audiovisuales. En estos casos, se compromete el libre albedrío del artista, supeditándolo obligatoriamente a permisos y autorizaciones por parte del Ministerio de Cultura o instituciones culturales del Estado.
Bajo la firma del intelectual espirituano Antonio Rodríguez Salvador, el enramado mediático de la Isla -que responde directamente al Partido Comunista- señala que la polémica legislación “responde a insistentes reclamos de intelectuales y artistas cubanos” e “intenta poner orden en el siempre complejo campo de la comercialización del arte”.
De forma previsible, el artículo, divulgado también por Cubadebate, no solo ataca a los artistas que se han manifestado en contra de la normativa, sino que acusa a los medios independientes cubanos que se han hecho eco de las protestas de ser financiados “por los Estados Unidos”.
“Un reducido grupo de artistas, vía redes sociales, hacen el coro. Son los mismos que una y otra vez llaman a cambiar el orden constitucional cubano, y a pesar de que consiguen muy pocos ‘likes’ en sus textos, y casi nadie se los comparte, se presentan como la opción suprema de la nación”, escribe Rodríguez Salvador.
El autor también se refirió desde la burla a la protesta protagonizada a finales del julio por la historiadora del arte Yanelys Núñez, quien se embadurnó el cuerpo de excrementos en alusión al (mal)trato hacia los creadores cubanos por parte del Gobierno.
Rodríguez Salvador, que casualmente omite el arresto arbitrario al artista Luis Manuel Otero Alcántara (quien había concebido dicho performance originalmente), catalogó el hecho como “una manifestación de las artes fétidas”.
“¿Acaso, en el fondo, están a favor de la vulgaridad y la grosería? ¿Era eso, realmente, lo que quiso expresar el artista al embadurnarse de excrementos? ¿Necesitarán de un público vulgar, con bajo espesor perceptivo para recibir aplausos?”, se pregunta.
El reclamo por la derogación de la normativa, tildado de “claro llamamiento al caos” por Rodríguez Salvador, fue respaldado la semana pasada por el movimiento mundial por la salvaguarda de los derechos humanos Amnistía Internacional.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esa organización, manifestó en un comunicado oficial su temor de que las recientes detenciones arbitrarias constituyan “una ominosa señal de lo que está por venir”.
“En vez de afianzar su control de los artistas y las artistas que parecen excederse en sus críticas más allá de lo consentido por el Estado, las autoridades cubanas deben hacer cambios progresivos para proteger los derechos humanos”, dijo.
Hace cerca de una semana también, la campaña contra del Decreto 349 aterrizó formalmente en las sedes de la máxima autoridad de Cuba, con la entrega de una carta protesta a la Fiscalía, al Consejo de Estado y al Ministerio de Cultura.
La "Carta Abierta en nombre de artistas cubanos e internacionales en relación con el Decreto 349/2018" fue divulgada desde el pasado martes y va dirigida al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al titular de Cultura, Alpidio Alonso.
La misiva se entregó días después de que se llevara a cabo otra detención arbitraria de artistas en La Habana, donde decenas de vecinos se lanzaron a protestar por lo que consideraron un abuso policial hacia manifestaciones pacíficas.
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