El desbordamiento de fosas en Las Tunas es una constante amenaza a la salud de sus vecinos, pues la Empresa de Acueducto y Alcantarillado no cuenta con los carros suficientes para responder a los más de 25.000 casos que existen en ciudades y pueblos de esa provincia, informó el Periódico 26.
Según las autoridades del territorio, muchas de las ilegalidades en materia urbanística y sanitaria de la población y el sector empresarial influyen luego en vulnerabilidades del país frente al cambio climático, cuyas consecuencias, como las fuertes y prolongadas sequías y el aumento del nivel del mar en las costas, ya se están sintiendo en la Isla.
Llama la atención que la prensa oficialista denuncie construcciones ilícitas o mal autorizadas, en un país con un déficit habitacional de 929.695 casas, y donde el gobierno ha instado a las familias a edificar sus viviendas.
Se calcula que en esta provincia más de 1.000 inmuebles en barrios ilegales deberían ser demolidos.
Además del tema habitacional, persisten ilegalidades como sustracciones de arena, obstáculos en la duna, falta de siembras de mangle así como vertimientos en ríos y arroyos de fábricas y cochiqueras.
Por ello, el gobierno aprobó la Tarea Vida, un conjunto de acciones para minimizar los efectos del cambio climático sobre la Isla.
Entre otras medidas, los especialistas abogan por la construcción de pozos y reservorios de agua en las más de 400 comunidades que reciben el líquido en pipas, cifra que tiende a subir en los períodos de sequía.
De las 334 irregularidades detectadas que debían solucionarse este año, solo se ha dado respuesta al 54%. El precedente de 2017 es negativo, pues faltaron más de 300 casos para cumplir lo previsto.
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