El gobierno de Cuba continúa defendiendo a capa y espada el Decreto 349, el cual ha sido reconocido incluso por organizaciones como Amnistía Internacional como un mecanismo que contraviene el derecho a la libertad de expresión de los artistas y facilita la aplicación arbitraria de posturas censoras.
Sin embargo, para las autoridades de la Isla, la nueva normativa obedece a reclamos de lo más “sensible y valedero” de los artistas e intelectuales cubanos, quienes en los últimos años han criticado la chabacanería y la vulgaridad de diversos productos culturales, así como los símbolos y mensajes que contradicen sus valores éticos y estéticos.
Alina Estévez, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, comentó al periódico oficialista Granma que el Decreto 349 es un paso de avance para frenar el retroceso en la calidad del consumo cultural del pueblo, y que “los enemigos de la Revolución lo han manipulado y han orquestado una campaña para presentarlo como un ataque a la libertad de creación".
“No es difícil colegir que el texto recibirá oposición de los que defienden la filosofía del ‘vale todo’ y de que no hacen falta reglas, porque el mercado puede tranquilamente ocuparse de eso. Por ese derrotero, los mediocres que necesitan la vulgaridad para ganar notoriedad, la discriminación, el desorden, las ofensas, las molestias al público y el mal gusto tendrían –como ya tienen según la percepción de muchos ciudadanos– el camino libre para esas expresiones irrespetuosas”, dijo.
Según la funcionaria, el 349 no se aplicará exclusivamente en el sector privado, pues las infracciones pueden cometerse tanto por instituciones estatales como por personas naturales. Por ello, en su opinión relacionar dicha ley solamente con los cuentapropistas es “una manipulación interesada”.
Los destinatarios de esta norma son todas las personas, naturales o jurídicas, que “realicen acciones promocionales y comerciales desconociendo el ordenamiento jurídico vigente, divulguen materiales que bajo un supuesto ropaje artístico sean lesivos a la moral, la ética, las buenas costumbres, irrespeten los símbolos patrios, efectúen actos discriminatorios por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad”, señaló Estévez.
Interrogada acerca de si es cierto que el precepto atenta contra la libertad de creación artística y literaria, explicó que solo operará sobre la circulación, nunca sobre la producción de la obra.
“El texto no se refiere a la creación ni a sus contenidos, sino a la difusión, exhibición o promoción, sin amparo legal ni institucional, de producciones que en la mayoría de los casos carecen de valor estético”, añadió.
No obstante, la especialista reconoció que la terminología usada en el texto puede confundir; específicamente las palabras “utilización” y “servicios artísticos”. La primera de ellas se refiere a la exhibición o comercialización de soportes de obras: visuales, sonoras…, mientras que la segunda habla de los espectáculos.
“Se trata de la exhibición, no de la creación. El artículo más descriptivo trata de los medios audiovisuales, o sea, de productos ya terminados, y tiene en cuenta el hecho de que no es lo mismo la proyección de un material en la televisión o en una instalación gastronómica, sobre todo de videoclips con mensajes ofensivos hacia la mujer y la dignidad humana, que la de una obra audiovisual en el cine, o en circuitos especializados y espacios experimentales”, acotó.
“En este caso, más que en otros, la participación de la institución cultural en el análisis y su relación con los creadores será decisiva para tomar cualquier decisión. Téngase en cuenta que las manifestaciones discriminatorias, sexistas, ofensivas de la dignidad, groseras y chabacanas, son especialmente notables en determinado tipo de producción audiovisual”, apuntó.
Acerca de la labor de los inspectores, la dirigente expresó que estos nunca actuarán contra las instituciones culturales o los espacios de los artistas amparados por la ley, pues la implementación del Decreto se concentra en contravenciones muy específicas, claramente definidas. Por ello, no habrá cabida a la interpretación por parte de ningún agente.
“Aunque la contravención sea una manifestación relativamente leve de la violación de la legalidad, todavía no constitutiva de delito, no vamos a tomar este asunto a la ligera”, dijo Estévez, quien recalcó que “ha habido mucha manipulación, sobre todo en las redes sociales, por parte de gente a quienes el arte y el bienestar de la población cubana no les interesa en lo más mínimo”.
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