El embajador español en Cuba, Juan Fernández Trigo, considera “casi obligado” que la Unión Europea lleve a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por la reciente activación del título III de la Ley Helms-Burton.
“La demanda ante la OMC diría que es casi obligada, porque tenemos unas conclusiones del Consejo de Ministros europeo de 1997 que no lo plantean como posibilidad, sino como una exigencia que tiene que tomar la Unión Europea en caso de que se incumpla el memorándum que se firmó”, dijo el diplomático en una entrevista con Efe.
Este miércoles el secretario de Estado de norteamericano, Mike Pompeo, anunció la activación, por primera vez en la historia, del título III de la Helms-Burton, una medida que permitirá demandar en cortes de ese país a empresas que operan en la Isla con propiedades expropiadas por la Revolución cubana.
Con anterioridad, el Gobierno español había dicho que “respaldará absolutamente” a las empresas españolas legalmente establecidas en Cuba frente a las consecuencias derivadas de la decisión de la administración de Donald Trump.
La ministra portavoz del ejecutivo, Isabel Celaá, manifestó además su confianza en que las firmas que resulten perjudicadas también serán apoyadas por la Unión.
Tras el anuncio de Pompeo, el grupo señaló que considerará “todas las opciones a su alcance” para proteger a las empresas europeas en Cuba, entre ellas, la de prohibir la aplicación de sentencias de tribunales estadounidenses contra compañías comunitarias implantadas en la Isla.
“La UE considerará todas las opciones a su alcance para proteger sus intereses legítimos, entre ellas aquellas relacionadas con sus derechos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a través del uso del 'estatuto de bloqueo' de la UE”, dijeron en una nota la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.
Hace más de un mes la Cámara de Comercio de España comenzó a coordinar con sus homólogas europeas –integradas en la Eurochamber–, establecer una postura común contra la aplicación de la Ley Helms-Burton y “llamar a la Unión Europea a la acción”.
Otro tanto hicieron el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Secretaría de Estado de Comercio españoles.
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