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La madre de la ciudadana estadounidense Alina López Miyares, quien cumple prisión por acusaciones de espionaje en una cárcel de La Habana, hizo un urgente llamado al gobierno cubano pidiendo la inmediata liberación de su hija por razones humanitarias.
"Ruego al gobierno cubano que permita el regreso de mi hija, porque soy una persona anciana y enferma que no quiere morirse sin verla de nuevo... Sería demasiado cruel", declaró Alina Miyares a CiberCuba desde su apartamento en Miami Beach.
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Miyares, de 92 años, vive sola desde que enviudó recientemente y confiesa que pasa noches sin dormir pensando en que va morir en el sueño, terminando su paso por este mundo sin poder despedirse de su hija. Su esposo, Juan Francisco López Vasconcelos, murió de 97 años a comienzos de 2019, profundamente afectado por la situación familiar.
"Mi hija perdió a su padre estando en prisión y ellos se adoraban", relató la mujer, que estuvo viajando a Cuba todos los meses entre 2017 y comienzos de este año para llevarle alimentos y dinero a la prisión.
También las medicinas que la prisionera tiene prescritas para la hipertensión y otros problemas de salud le son enviadas regularmente desde Estados Unidos.
Pero Miyares dice que sus años le pesan demasiado y no tiene energías ni suficientes recursos para continuar viajando a Cuba, además de la barrera impuesta desde fines de marzo por los aeropuertos cubanos para frenar la propagación del coronavirus. Para cubrir los gastos, utiliza el dinero de su propia pensión de jubilada.
"He estado luchando con el problema de mi hija desde que fue arrestada, pero ya cargo con demasiados años y no tengo fuerzas para seguir", manifestó durante la entrevista con CiberCuba.
El abogado cubanoamericano Jason Poblete, quien representa a López, envió en días recientes una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) para la liberación humanitaria de su cliente, basada en el tiempo cumplido de la sentencia y la pandemia del COVID-19.
También Poblete, presidente de la organización Alianza por la Libertad Global (GLA), con sede en Washington DC, ha intensificado gestiones recientes ante el Congreso de Estados Unidos, incluyendo los comités de seguridad del Senado y la Cámara de Representantes.
"Esperamos que los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, que a pesar de los desacuerdos mantienen contactos a nivel consular en otras áreas, encuentren una manera constructiva de abordar este caso", dijo el abogado a CiberCuba. "La señora López debería estar en casa con su familia, que es donde desea estar, no en Cuba".
Desde el comienzo del caso, el gobierno cubano ha rechazado todas las solicitudes de ayuda consular a López, que nació en Cuba y emigró a Estados Unidos siendo una niña, en 1967.
De acuerdo con las leyes cubanas, las personas nacidas en la isla son consideradas como ciudadanos nacionales, sin reconocerles la nacionalidad adquirida en otro país. Históricamente las autoridades cubanas han negado a los funcionarios consulares de Estados Unidos el acceso a los cubanoamericanos con doble nacionalidad.
El Departamento de Estado declinó comentar el caso específico de López alegando motivos de privacidad, enfatizó que la protección de los ciudadanos en el extranjero es prioridad del gobierno de Estados Unidos.
"Nuestras embajadas y consulados no tienen mayor responsabilidad que la protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Cuando un ciudadano estadounidense es detenido en el extranjero, los funcionarios consulares tratan de ayudarlo con toda la asistencia consular apropiada", dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.
El funcionario eludió responder sobre posibles negociaciones con La Habana sobre el caso.
Alina López Miyares, maestra de profesión, fue arrestada en La Habana en enero de 2017, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos. Fue condenada por un tribunal militar a 13 años de cárcel, en octubre de ese mismo año.
El proceso correspondió a la Causa No. 1 de 2017 e incluyó además a su esposo, Félix Martín Milanés Fajardo, alias El Chino, un ex diplomático de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas y veterano oficial de la Dirección de Inteligencia, quien fue sentenciado a 17 años. Ambos fueron investigados por la contrainteligencia cubana y acusados por supuestamente proporcionar información de carácter secreto con perjuicio para la seguridad nacional.
La pareja se conoció en Nueva York y contrajo matrimonio hace diez años en Cuba. Ella mantuvo su trabajo como profesora en Estados Unidos y viajaba con frecuencia a La Habana para visitar a su esposo. En fecha reciente había realizado el proceso de repatriación.
Tras el juicio, López inició su condena en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como Manto Negro, pero actualmente se encuentra en un centro correccional de trabajo cerca de La Habana.
Poblete considera también que son abusivas las limitaciones que el régimen cubano ha impuesto a la detenida para comunicarse con su madre en Miami. López tiene además un hijo de 31 años, Michael Peralta, que reside en Los Angeles.
"Tengo que mandarte el dinero para que ella compre las tarjetas telefónicas y me llame a mí, yo no puedo llamarla", contó Miyares. "Esto está hecho con toda maldad".
Miyares insiste en que su hija es inocente y asegura que el caso es una fabricación,
"Desde el principio traté de pedir ayuda a todos los políticos de aquí, a los miembros de la Cámara y el Senado, pero nadie me ha escuchado", manifestó la anciana.
El caso de López emergió en un momento de creciente hostilidad en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. El proceso judicial, aplazado en dos ocasiones, transcurrió apenas tres días después de que Washington decidiera retirar la mayoría del personal diplomático de su embajada en La Habana, en medio de una escalada de tensiones por el caso de los ataques acústicos contra 26 miembros de su legación.
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