La reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular es uno de los capítulos más bochornosos del no parlamentarismo cubano; solamente en un órgano que se conforma a partir de uno de los sistemas electorales más antidemocráticos de Occidente hay espacio para que su presidente llame “gusanera” y la ministra de Finanzas “parásitos” a otros ciudadanos.
Esteban Lazo se refería a los jóvenes miembros del Movimiento San Isidro, nacidos todos en el seno de la revolución y en uno de los barrios más pobres de La Habana. El grave pecado juvenil es reclamar derechos, como la libertad de expresión, el cese de la represión contra el que piensa distinto y que se acaben las desigualdades sociales generadas por las tiendas en dólares, y el jefe de los diputados amenaza conque se “aplicarán las leyes de la revolución”.
Por su parte, por muy obvio que sea, la ministra del déficit, Meisi Bolaños, no se refería como “parásitos” a los señores de GAESA, sino a los trabajadores por cuenta propia, es decir, aquellos que en medio de un ambiente burocrático y fiscal hostil se esfuerzan todas las mañanas en su pequeño negocio para poder llevar algo de bienestar a su familia y servir a los cubanos lo que el ineficaz estado no da.
Ni un solo diputado de los 605 hizo uso de la palabra para exigir que se respete a estos jóvenes y a los millones de emprendedores cubanos. Seguramente muchos de los cubanos que vieron y escucharon a Bolaños estarían más tranquilos si hubiera anunciado soluciones para la pobreza y a Lazo y sus colegas hubieran fiscalizado la actuación del gobierno, como correspondería a un parlamento.
Tan clamoroso como los insultos y amenazas fue el hecho de que ninguno de los diputados haya cuestionado ni una sola medida del paquete presentado recientemente por el gobierno que incluye un aumento importante de las tarifas de servicios públicos, alimentos y medicinas, que disminuye los ingresos para determinados sectores laborales y que, según la mayoría de los economistas, generará una fuerte inflación. Ese era el momento y el espacio para hacerlo.
Pero detrás de todo este ruido incívico de unos y el silencio de otros, se estaba metiendo el gol de una subida importante en la carga tributaria de los ciudadanos, algo que tampoco los diputados decidieron fiscalizar. Diversas normas de la llamada Tarea ordenamiento incluyen el cobro de nuevos impuestos directos para determinados sectores sociales. Los nuevos tributos originalmente no aparecen en una sola norma, sino que vienen dispersos en varias, cosa que cualquier malpensado podría creer que es para que pasen desapercibidos.
Según dijo la titular de Finanzas el Presupuesto de 2021 “se sustenta en su carácter eminentemente social, al financiar los programas sociales y los servicios básicos que constituyen conquistas de la Revolución, subsidiar productos y servicios altamente sensibles para la población…”
Según el último Informe sobre los Derechos Sociales en Cuba publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para el 26% de los consultados los alimentos adquiridos a través de la libreta de racionamiento estaría cubriendo las necesidades de su familia por unos 20 días al mes, al 46% le cubre 10 días y al 12% le cubre tan solo 5 días.
Al menos el 84% de los hogares al final tendrán que recurrir a las tiendas de GAESA, únicas parcialmente abastecidas, que venden productos en dólares americanos y con márgenes de ganancias de hasta un 200% y a los trabajadores por cuenta propia, que además, de comprarle también a GAESA, soportan un régimen fiscal abusivo. Pero de nada de esto preguntaron los diputados.
Aplausos, silencios y unanimidades en una Asamblea Nacional del Poder Popular que siempre ha estado alejada de las necesidades del pueblo y que no representa a la pluralidad de la sociedad cubana. Nada nuevo bajo el sol cubano, solo reflejo de un partido que se desentiende tanto de San Isidro como de Montesquieu, el abanderado de la necesaria y saludable separación de poderes.
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