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El Ejército de Myanmar (antigua Birmania) ha asumido el poder tras dar un golpe de Estado esta madrugada y detener a líderes y miembros del partido gobernante Liga Nacional para la Democracia (NLD), así como a la líder de facto del Gobierno, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, y al presidente del país, Win Myint.
Tras el golpe, los militares han declarado el estado de emergencia durante un año.
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El NLD, partido de Suu Kyi, ha emitido un comunicado distribuido en las redes sociales en el que insta al pueblo de Myanmar a no aceptar el golpe de estado y a protestar públicamente y ha añadido que esta acción militar supone que el país vuelva a una “dictadura”.
En las últimas semanas habían circulado rumores de un golpe de estado tras las elecciones celebradas el pasado mes de noviembre, unos comicios ganados ampliamente por el NLD, pero en los que la oposición y el Ejército denunciaron irregularidades, aunque sin presentar pruebas.
El presidente interino, el exgeneral Myint Swe, hasta ahora vicepresidente del país, ha transferido todo el poder al comandante en jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, mientras dure el estado de emergencia de un año.
La oficina del jefe del Ejército ha indicado que los militares han tomado esta medida en respuesta a las teorías de fraude electoral que circulan desde la celebración de las elecciones y han asegurado que su intención es celebrar “unas elecciones generales libres y justas” cuando acabe el estado de emergencia.
El golpe de Estado y las detenciones se han producido horas antes de que el Parlamento de Birmania comenzara su sesión de apertura tras las elecciones de noviembre, en las que el NLD obtuvo 396 de los 476 escaños, mientras que el Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, obtuvo 33 diputados.
Actualmente se encuentran cortadas las líneas telefónicas del país, aunque internet de momento funciona.
La televisión estatal también está suspendida y solo emite el canal de la emisora militar ‘Myawaddy’. Vehículos militares patrullan las calles de las principales ciudades.
Con este golpe, Myanmar vuelve al control militar al que estuvo sometido entre 1962 y 2011, cuando se inició la transición hacia la democracia que tendría su mayor hito en las elecciones de 2015, en las que el NLD de Suu Kyi se impuso por aplastante mayoría.
Pese a que desde entonces el partido de la Premio Nobel de la Paz ha ganado los sucesivos comicios, el Ejército ha retenido un importante control del país amparado en la Constitución. La ley birmana establece que el 25% de los escaños en el Parlamento se reserva a los militares, que cuentan con poder de veto sobre las enmiendas legislativas y además se reservan los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras.
La famosa "transición" birmana fue incluso elevada al nivel de ejemplo internacional por la administración de Barack Obama. Activistas y disidentes cubanos llegaron a viajar a ese país en el 2016, invitados por el Departamento de Estado y patrocinados por el Instituto Internacional Republicano, para observar de primera mano la experiencia de una sociedad en transición a la democracia.
Tras las detenciones, las reacciones de condena de la comunidad internacional no se han hecho esperar. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado “enérgicamente” las detenciones y ha mostrado su “grave preocupación” por esta “transferencia de todos los poderes a los militares”.
El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, también criticó el golpe. "Condeno enérgicamente el golpe de Estado perpetrado por los militares de Myanmar y pido la liberación inmediata de los detenidos. Se deben respetar los resultados electorales y la constitución, dijo en Twitter.
China, potencia regional que mantiene importantes intereses económicos en Myanmar -desde oleoductos y gasoductos a proyectos de redes de transporte-, se ha limitado a pedir que las partes implicadas resuelvan sus diferencias “bajo el manto de la Constitución” y mantengan la estabilidad del país.
Por su parte, Estados Unidos también ha expresado su condena y a través de la secretaría de Prensa y el secretario de Estado, Antony Blinken, han pedido que se libere “a todos los funcionarios gubernamentales y líderes de la sociedad civil y respeten la voluntad del pueblo de Birmania expresada en las elecciones del 8 de noviembre”.
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