CiberCuba ha entrado en la cárcel para extranjeros La Condesa, en la occidental provincia de Mayabeque, a través de los testimonios de seis canadienses que cuentan su vida tras las rejas en Cuba y temen ante el deterioro de su ya delicado estado de salud.
El grupo reclama además una mayor atención de sus casos por el gobierno de Canadá, y ser repatriados para cumplir el resto de las condenas en su país de origen.
Lo más leído hoy:
“Ayuda, por favor”. Así encabezó su mensaje un lector de CiberCuba, quien no reveló su verdadero nombre. Seguir el rastro a esta urgencia impregnada de miedo y desconfianza, por razones que jamás se deberían juzgar, llevaría a historias que van de la fascinación al desencanto con una isla en revolución donde, en realidad, nada o casi nada evoluciona; historias de turistas que pasaron de tomar baños de sol en algún balneario de la bella isla de Cuba a contar las horas para una llamada telefónica de tres minutos, desde una galera donde unas 70 personas comparten el día y la noche en La Condesa.
En esta ocasión, CiberCuba da voz a sus protagonistas y responde a la petición de ayuda, a sabiendas de que sus testimonios constituyen, apenas, una entre todas las posibles versiones de esta historia.
Apenas un número, una no persona
“Yo tenía una vida maravillosa con mi bella esposa y mi bella hija, hasta que llegaron y me arrestaron y me pusieron en este campo de concentración,” cuenta Vimalanathan Nadesu, ciudadano canadiense de 47 años, arrestado en el otoño de 2018 e instruido, ocho meses más tarde, con cargos de “tráfico de divisas” en Cuba, según sus propias palabras. Su nombre y su inglés* tienen el sello del Himalaya, de su sangre hindú.
En el momento de su arresto, Nadesu vivía en Las Tunas y se encontraba en su casa. Su hija, de cuatro años en aquel momento, no entendió por qué una veintena de policías irrumpían en su casa y se llevaban a su papá. "Estaba devastada," recuerda Nadesu. Junto a él, fueron apresados también dos de sus amigos canadienses por el mismo motivo, Thabotharan Phavabalasingam y Sangeeth Sundaralingam.
Lo que Nadesu llama “tráfico de divisas” es –según su expediente judicial– falsificación de documentos y robo con fuerza. Es decir, extraer efectivo de cajeros automáticos usando una tarjeta ajena. CiberCuba contactó a quien fuera su abogado, Wilfredo González Silva, para preguntar por qué al delito de falsificación de documentos se le agrega el robo con fuerza, lo cual aumenta el tiempo de condena.
El abogado explicó que esto se debe a que el tribunal considera la tarjeta como un instrumento de fuerza, como una llave, y agregó: “No creo que las tarjetas magnéticas deban ser consideradas un instrumento para los efectos del robo con fuerza. Ese es mi criterio y lo defiendo dondequiera”. El letrado también advirtió que el Código Penal de Cuba está desactualizado en materia de delitos electrónicos, pero que ya este es un tema que escapa a su competencia.
En los delitos de falsificación de documentos y robo con fuerza –es válido aclarar– puede incurrir cualquier persona en Cuba, sea o no extranjero, que extraiga efectivo de un cajero automático usando una tarjeta que no sea de su propiedad, aunque tenga vínculos filiales con el titular de la tarjeta.
A sus cortos 31 años, Sangeeth ya sabía que “extraer dinero en Cuba era muy difícil y requería de muchas transacciones”, dijo. Su experiencia de ocho años viajando a la isla le hizo pensar que llevar 10 mil dólares en efectivo le haría la vida más fácil en estas nuevas vacaciones, durante las cuales abriría un club en sociedad con sus compatriotas Nadesu y Thabotharan, según manifestó.
Nada más lejos de la realidad que viviría después. A pesar de que se había rentado cerca de Nadesu, una noche decidió dormir en la casa de su amigo, pues habían estado bebiendo durante los carnavales que, por aquellos días, animaban las aburridas noches tuneras. A la mañana siguiente, despertó con el ajetreo de "militares" y sus cuestionamientos de “quién era yo y si me estaba quedando en la casa”, recuerda. Desde entonces, ha sido apenas un número, una no persona.
Nadesu y Thabotharan enfrentan una condena de ocho años de privación de libertad; Sangeeth, de siete. No entienden por qué deben, además, pagar multas cuando todo el dinero que poseían fue incautado, y tampoco comprenden por qué debían firmar una declaración que incluía un monto mucho menor de la cantidad incautada durante el registro policial. Sostienen no haber cometido ningún delito y no encuentran lógica a su situación.
Súplica de ayuda
Nabeel Stephan , de 52 años, tuvo un accidente de tránsito en octubre de 2019. Iba camino al Aeropuerto Frank País, de Holguín, conduciendo un auto rentado, cuando un camión que venía por la senda contraria con las luces largas encendidas lo cegó. Nabeel disminuyó la velocidad y, al pasar el camión, vio a un señor caminando por la carretera. Trató de esquivarlo, pero no lo logró. Como resultado del impacto, el hombre, ciudadano cubano, perdió la vida.
Según la versión de Nicole, hija de Nabeel, la familia del occiso les aseguró “que había sido un accidente y no quisieron acusarlo”. Pero la Fiscalía lo hizo. Más de dos horas esperó Nabeel por la llegada de la policía al lugar del accidente, después de insistentes llamadas, dice Nabeel, quien, desde esa noche, padece de depresión y ha contemplado el suicidio, según el diagnóstico médico acuñado en el Hospital Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas. “Necesito ayuda, y necesito que los medios de prensa conozcan nuestro sufrimiento”, manifiesta.
Simarjeet Buttar, de 47 años, también dice ser víctima de una farsa judicial “para arrebatarme la vida” que tenía antes, junto a su esposa e hijo de siete años en Cuba. Niega ser culpable de corrupción de menores, estuvo en huelga de hambre en prisión por dos semanas y sostiene que “lo que nos hicieron a mí y a mi familia es una injusticia”. Se queja de “los bichos y moscas en el comedor,” de no poder dormir y de irritación y picazón en la piel para lo cual -refiere- no hay medicinas en La Condesa.
Una humillación constante
De acuerdo con el sitio Prision Insider, que documenta las condiciones de centros penitenciarios en todo el mundo, en La Condesa, “en general, la humillación es constante”. El menú es invariable y se compone de un trozo de pan “seco y duro” con té de plantas locales y, para la comida, una porción de arroz “siempre sucio y mal cocido, con gusanos y otros insectos; de vez en cuando una cucharada de frijoles rojos o garbanzos; dos veces al mes, un pedazo de pollo de 30 gramos con los huesos; una vez al mes, un trozo de cerdo de 30 gramos; el resto del tiempo, una papilla de soja (dos cucharadas soperas) y una sopa que parece agua caliente y salada con algunos granos de arroz y muchas moscas negras muertas”.
El medio digital también acota que la atención médica allí es a base de agua y descanso y, para describir la situación sanitaria en su interior, ejemplifica con brotes epidémicos que han obligado a imponer cuarentenas reiteradas en la prisión, a la par que reporta la presencia de “ratones, ratas, cientos de cucarachas, escorpiones, tarántulas y millones de mosquitos y moscas negros”. Prision Insider también advierte sobre problemas con el suministro de agua, de electricidad y de avituallamiento en la prisión.
Videos tomados de La Condesa a los que CiberCuba ha tenido acceso, translucen la prisión para extranjeros en un lugar aborrecible e insalubre. Literas apiñadas unas con otras de las que cuelgan prendas de vestir, lavabos colectivos corroídos por lo que parece ser el óxido y la humedad, así como un pequeño espacio al aire libre cuya cerca perimetral ya no existe, aseguran familiares. En su lugar, hay ahora un muro de concreto para impedir la visibilidad desde y hacia el interior de la prisión. Estas filmaciones de baja calidad tienen varios años, por tanto, sólo sirven como referencia de las condiciones de vida de que quienes en su momento habitaban La Condesa. Ahora, según Prision Insider en una publicación de hace nueve meses, los reos son obligados a pintar dos veces al año la prisión, para lo cual deben pagar la pintura y las brochas de sus propios bolsillos, con la intención de “mostrar a las embajadas el bienestar de los prisioneros.”
Por un motivo similar al de Buttar, Benjamin Tomlin (48 años), fue arrestado en 2017 y, más tarde, sentenciado a 10 años de privación de libertad a cumplirlos en La Condesa. Su caso, el único conocido hasta ahora, hizo titulares en la prensa hace cuestión de un año. En aquella ocasión, su hermana Caroline Simpson declaró que la presunta víctima, una cubana de 15 años, durante el juicio negó haber tenido relaciones con Tomlin: “Se volvió hacia mi hermano y yo estaba sentada justo detrás de él y pude ver su rostro. Ella claramente dijo que nunca había visto a este hombre.”
CiberCuba reportó entonces que Tomlin “mantiene que es inocente y su abogado Ricardo Alcolado Pérez defiende que a su cliente le tendieron una trampa”.
Por su parte, Caroline denunció en aquel momento que “las condiciones de la prisión en la que se encuentra Tomlin son terribles y se mostró preocupada por su seguridad”. Después de dos años y medio prisionero en Cuba, Tomlin ha desarrollado varios problemas de salud y, en estos momentos, necesita un trasplante de riñón, un medicamento opioso para sobrellevar fuertes dolores de viejas fracturas que en Cuba no se comercializa, y una cirugía en un testículo que empeora cada día.
Tomlin, que viajaba a Cuba a menudo, pues también tiene a su pareja allí, ha contado con el apoyo de su familia y sus amigos, quienes presionan para que Canadá lo transfiera a él y a sus compatriotas a un centro penitenciario de aquel país. De hecho, los familiares con los que CiberCuba ha tenido la oportunidad de conversar se muestran todos preocupados porque el tiempo sigue pasando y aún no hay indicios del traslado, a pesar de que todos lo han solicitado desde hace meses.
¿Víctimas de una farsa?
Entre las iniciativas de apoyo se encuentra la del grupo Human Rights for Canadians and Foreign Captives in Cuba, donde publican actualizaciones sobre el estado de los prisioneros en La Condesa, entre los que también se encuentran Anton Avrov, de 41 años, y Radu Martin, de 47, quien insiste en que no contaba con antecedentes penales.
Radu se encuentra cumpliendo una condena de diez años de privación de libertad por fraude en un “juicio que fue un show”, asegura. “La policía fue a mi casa y robaron todo, dinero, teléfono, todo. Todo lo que pudieron tomar, lo tomaron”, cuenta, y añade que su familia en Cuba –esposa y dos hijos pequeños– están en una situación vulnerable. Lleva esperando dos años y nueve meses por que la embajada canadiense lo traslade a su país. Tanto Anton como Radu sostienen su inocencia.
La confiscación de capitales es una práctica que puede aplicársele no solo a un cubano o extranjero de bajo perfil, sino también a personas influyentes o con un elevado estatus social. Dos casos conocidos son el británico Stephen Purvis y el canadiense Cy Tokmakjian, ambos hombres de negocios que quisieron invertir en Cuba y terminaron conociéndose en La Condesa, luego de ser acusados por tribunales de la isla.
Sus posesiones y abultadas cuentas bancarias se convirtieron en activos incautados por el gobierno cubano. Para Purvis, su caso demuestra “la farsa de la justicia cubana”, que le hizo perder además un campo de golf y un hotel en la isla. Para la familia de Tokmakjian, su “enjuiciamiento fue una excusa para confiscar en Cuba los 100 millones de dólares en activos de su Grupo Tokmakjian, con sede en Ontario,” reportó The Guardian. Ambos fueron liberados hace unos años.
En general, los familiares de los reclusos canadienses en La Condesa dicen desconocer de casos en que ciudadanos canadienses hayan sido trasladados a su país de origen, comparan la gestión que han hecho otros gobiernos que no tienen tratados con Cuba para transferir a sus ciudadanos, y se muestran decepcionados por que Canadá no haya hecho lo mismo, a pesar de la cercanía geográfica y los acuerdos que en este sentido ha firmado con Cuba. Uno de estos acuerdos es el Tratado entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Cuba sobre el cumplimiento de sentencias penales, según el cual, el prisionero puede ser trasladado a su país de origen para terminar de cumplir su condena en un centro penitenciario allí, siempre y cuando el delito por el que se le ha acusado en Cuba sea punible también en Canadá, entre otras condiciones.
"Esto es Cuba"
Lamentan que el gobierno de Canadá no haya invertido esfuerzos ni recursos suficientes en velar por los intereses de sus propios ciudadanos y no entienden por qué la embajada canadiense ha designado a una ciudadana cubana de nombre Susana Martínez –refieren–, para lidiar con los reos en La Condesa y con sus familiares. Es Susana quien recepciona las quejas de Tomlin por estar meses sin recibir atención médica especializada. Es Susana la que recibe denuncias del agua sucia y la comida insufrible, la falta de medicinas por dos meses que preocupa a Nadesu, la irritación de la piel que aqueja a Buttar, y la falta de higiene en el comedor.
Tanto los huéspedes forzados de La Condesa como sus familiares encuentran inadmisibles las justificaciones que reciben cada vez que le platean un problema, siempre acompañadas de un “esto es Cuba”, como si dejara en manos de la providencia una cuestión que atañe, en primer lugar, a los funcionarios públicos canadienses, como si “protegiera al gobierno cubano en vez de proteger a los canadienses”, según las palabras de uno de los prisioneros.
También preocupa a todos, familiares y reos, que no se les esté reconociendo el derecho que el Código Penal cubano establece a la libertad condicional a mitad de condena. “A los canadienses no se les otorga traslado ni libertad condicional, tienen que servir todo el tiempo de la condena”, dice la hija de uno de los prisioneros de La Condesa.
Además de las moscas en el comedor, los problemas digestivos por la mala calidad del agua y de la dieta en La Condesa, la falta de medicamentos para la diabetes de Nadesu, la dolencia dermatológica de Buttar y los problemas de salud agravados de Stephan y Tomlin, lo que realmente preocupa a estos ciudadanos canadienses es la deficiente gestión de su propia embajada, a pesar de que la titular de Relaciones Exteriores canadiense ha negado que su gobierno se haya desentendido de estos ciudadanos.
Reportes de medios canadienses aseguraban en 2019 que la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, había discutido con su homólogo cubano el caso de Tomlin, y ha negado “que Canadá no haya hecho lo suficiente para proteger a sus ciudadanos fuera del país”.
Aparte de la presión de familiares y amigos, el blog La Gran Prisión muestra documentos e historias que –asegura su autor– pertenecen a casos reales de exprisioneros extranjeros en Cuba quienes denuncian irregularidades en el procesamiento penal, la adición de cargos legales y la imposición de multas y condenas que –a juicio de los implicados– son excesivas.
Para mayor complicación, se suman otros factores que conspiran contra los ciudadanos y la gestión diplomática por igual. Primero, las misteriosas dolencias de nueve diplomáticos canadienses y sus familiares en Cuba cuando los llamados “ataques sónicos”, que Canadá se ha resistido a denominarlos como tal, y ha menguado el funcionamiento de su embajada y creado un clima tenso en las relaciones entre Cuba y el país norteño, así como en las relaciones de la isla con Estados Unidos.
Un drama agravado por la pandemia
Luego llegó el COVID-19, que ha impedido el trasiego habitual de funcionarios canadienses desde y hacia Cuba y que ha sumido a la economía cubana en una crisis catastrófica. Si es harto conocido la carencia de medicinas y de productos de primera necesidad a todo lo largo de la isla, no es de extrañar que en los centros penitenciarios carezcan también de medicamentos y productos de aseo necesarios. Además de todo lo anterior, está el riesgo de contraer el nuevo coronavirus.
A pesar que las autoridades canadienses han asegurado a los familiares de los inquilinos de La Condesa que no hay casos de COVID-19 en esa prisión, los más de 40 guardias que los vigilan y que entran y salen constantemente de la prisión, constituyen un factor de riesgo o, al menos, es lo que manifiestan quienes viven y tienen acceso a este lugar, especialmente desde que los casos en la localidad de Mayabeque, donde está enclavado este centro penitenciario, solo han ido en aumento.
Mayabeque fue una de las provincias que experimentó recientemente un retroceso de la fase de recuperación a la etapa epidémica en la fase de trasmisión autóctona limitada, “mantiene la tendencia ascendente en el reporte de casos y tiene una tasa de 64.9 por 100 mil habitantes”, según reportes oficiales del Ministerio de Salud Pública de Cuba.
En el centro de tan compleja situación, están los derechos humanos a los que también los ciudadanos canadienses y todos los que hoy habitan La Condesa deberían poder aspirar, con independencia de las condenas, injustas o no, que pesan sobre ellos. Una salida humana para atender el deterioro de las condiciones de salud que manifiestan sus prisioneros consiste en el traslado de estos ciudadanos hacia su país de origen. Es este el móvil de los protagonistas de esta historia y que se resume en el último mensaje recibido desde allí: “No vamos a parar… seguiremos haciendo correr la voz de una forma u otra”.
En respuesta a un correo electrónico sobre esta situación, un portavoz de la Embajada de Canadá en La Habana dijo a CiberCuba que “los funcionarios consulares están brindando asistencia a los canadienses detenidos en Cuba. Debido a las disposiciones de la Ley de Privacidad, no se puede divulgar más información”.
El diplomático también brindó un enlace al sitio oficial del gobierno canadiense donde se detallan los servicios y asistencia consulares en casos de emergencias y asuntos relativos a la situación de los ciudadanos canadienses detenidos en Cuba.
CiberCuba contactó, además, a un tercer abogado que representó a otro de los prisioneros, pero declinó ofrecer declaraciones.
El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) no ha respondido a un mensaje de CiberCuba sobre las condiciones de vida en La Condesa.
* Todas las traducciones del inglés al español hechas para este artículo son responsabilidad de la periodista.
Archivado en: