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El Senado de la Florida aprobó una polémica legislación “antiprotestas” que extiende las facultades de la policía para detener manifestantes y pone más trabas a cualquier iniciativa para recortar el presupuesto de las fuerzas del orden.
Este jueves, la Cámara alta estatal, con mayoría republicana, dio luz verde al estatuto por 23 a 17 votos, luego de que lo representantes lo aprobaran en marzo último.
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La ley deberá ser firmada tan pronto como la semana próxima por el gobernador republicano Ron de Santis, y se ha conceptuado como una apuesta por la “lucha contra la violencia, el desorden y el saqueo y ley de protección de las fuerzas del orden".
Sin embargo, el texto —a la luz de las protestas por la equidad racial ocurridas el año pasado- apunta en buena medida contra el derecho a la protesta y, por ende, resulta altamente controvertido.
La directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés), María Rodríguez, ha dicho que la legislación, impulsada por DeSantis, se propone “reprimir la libertad de expresión”.
"Este proyecto de ley de censura es un asalto a uno de los valores más estadounidenses: nuestro derecho a protestar pacíficamente", afirmó.
Una vez firmado por DeSantis, esta ley elevaría las sanciones penales por agredir a funcionarios y agentes del orden durante lo que sea considerado un “motín”, y asimismo por desfigurar monumentos y otras propiedades públicas durante los disturbios.
Igualmente, el proyecto apunta contra los gobiernos locales que de alguna manera obstruyan los esfuerzos para la aplicación de la ley en caso de disturbios, y en particular contra las autoridades en ciudades y condados que intenten desfinanciar a la policía.
Según Moné Holder, la legislación “está dirigida a criminalizar a las comunidades negras y de color, cuya única herramienta a menudo para hablar es a través de protestas pacíficas”.
Evidentemente, DeSantis anunció una medida de este tipo tras la enorme ola de protestas que a mediados de 2020 se extendieron —lideradas por Black Lives Matters (BLM) y otros grupos proderechos de las comunidades negras en Estados Unidos— por todo el país a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd durante un arresto policial en Minneapolis, Minnesota.
Aun cuando uno de sus patrocinadores en el Senado floridano, el republicano Danny Burgess, sostuvo en declaraciones para una televisora local que la ley busca atacar la violencia mientras conserva los derechos de los manifestantes consagrados en la Primera Enmienda, los críticos insisten en que dispara contra las libertades de expresión y de reunión.
Entre estos se encuentra el fiscal estatal del condado de Hillsborough (oeste de Florida), Andrew Warren, quien opina que el estatuto próximo a entrar en vigor no solo es una herramienta útil para fiscales y departamentos de policía a la hora de manejar disturbios y puntuales expresiones violentas, sino que, de hecho, vulnera los derechos de los manifestantes pacíficos.
Desde otros ángulos de la opinión pública se va incluso más allá: se considera que el nuevo margen de discrecionalidad concedido a las autoridades promovería todavía más a discriminación de las minorías en Florida.
“Veremos a nuestros electores vacilar antes de protestar”, afirmó, por su parte, la senadora demócrata Janet Cruz, una de las opositoras de esta ley en el Legislativo estatal.
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