Aislamiento en celdas de castigo, golpizas, interrogatorios y amenazas colman el relato de Michael Valladares sobre la situación de su esposa María Cristina Garrido Rodríguez y la hermana de esta, Angélica, ambas presas tras las protestas el 11J en Cuba.
Ambas fueron detenidas el 12 de julio en Quivicán, provincia de Mayabeque, por su participación en el estallido social que estremeció la isla hace poco menos de dos meses. Al día siguiente, María Cristina y Angélica fueron trasladas a la cárcel de mujeres El Guatao, donde también está recluida Lisandra Góngora.
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A su llegada fueron puestas en aislamiento por más de 15 días, debido a un brote de COVID-19 en la prisión y ahora vuelven a aislarlas, cuenta Valladares.
“Ella me llamó ayer y me explicó la situación”, dijo su esposo a CiberCuba y agregó que “las tienen aisladas, por el momento, ellas no están contagiadas”. Las hermanas esperan, bajo un régimen de prisión provisional, en una celda sin luz eléctrica y con pésimas condiciones de higiene, a que las autoridades decidan qué hacer con ellas.
Para Valladares, el encarcelamiento de estas mujeres no tiene fundamento jurídico alguno y está convencido de que “todo esto es una cosa organizada por la Seguridad del Estado”, algo que sustenta a partir de varios argumentos.
“El abogado ha solicitado tres veces el cambio de medida y se lo han denegado -asegura Valladares. Según la fiscal ‘eso viene de arriba’, o sea, ahí está la mano de la Seguridad [del Estado] metida”, sentenció.
“La semana pasada, María Cristina me llamó y me dijo que fue entrevistada por un agente de la SE [que] le dijo que a ella no le dan un cambio de medida porque tenía un delito de atentado; delito que ella nunca cometió”, agregó el esposo de Garrido.
De acuerdo al también activista por los derechos humanos, a María Cristina le han dicho los oficiales que “no te podemos dar la libertad porque llevas muy poco tiempo presa” -como si 59 días tras las rejas no fueran suficientes para una madre que el 11J, como tantos otros cubanos, solo ejerció su derecho a la protesta pacífica.
Sin embargo, Valladares considera que “todo es manipulado, fabricado, porque a ella la tienen aquí en Quivicán como líder de la manifestación”, lo cual, asegura, no es cierto: “Fue el pueblo quien nos convocó porque fue el pueblo quien primero salió a la calle”, sentenció.
La violencia, irregularidades en el proceso penal y las inconsistencias en el caso de las hermanas comenzaron desde el primer día, según cuenta Valladares. “El día que las detuvieron la policía no se identificó. Ellas fueron atacadas por la espalda… y las metieron de cabeza para el portal. Y Angélica, la hermana, antes de meterla al carro patrullero, fue golpeada tantas veces a tal punto que se desmayó”.
Durante el arresto, que se produjo el 12 el julio mientras las hermanas caminaban hacia una tienda cercana, María Cristina sufrió lesiones en un pie, cuenta su esposo. Sin embargo, “los oficiales dijeron que no le daban el cambio de medida por el delito de atentado”.
Seguidamente, fueron conducidas a la Unidad de Policía de Quivicán, donde hay testigos que “vieron cuando estaban bajando a Angélica del carro, un guardia le estaba dando piñazos por la cabeza”. El mismo día del arresto fueron trasladadas al centro penitenciario conocido como “la prisión del SIDA”, llamado así por haber sido antiguamente, desde el año 2000, un reclusorio para pacientes con VIH.
“Ese mismo día 12, como a las 5 de la tarde, la sacaron de una celda de tortura donde no se podía ni sentar, ni agachar ni nada, toda embarrada de mierda, sin agua y sin nada”; fue en este centro penitenciario donde la obligaron a decir Viva Fidel, recuerda Valladares. “Al ella no decirlo, le daban golpes, a tal punto que – y las otras presas que estaban allí lo vieron- se orinó”.
Valladares no precisa si existe un certificado de lesiones, pero asegura que su esposa recibió atención médica tras la golpiza. “La llevan a un médico, y llega una guardia militar y dice ‘ya, termina con ella’”, instruyendo al doctor que terminara de examinarla.
“Y la coge por el brazo y la va a levantar y entonces Maria Cristina pellizca al médico para que se diera cuenta que le iban a dar golpes. Y efectivamente, ….la guardia saca y le comienza a dar”, dijo.
En todos esos días, 18 para ser exactos, ni Valladares ni el abogado de María Cristina pudieron verla. “En realidad lo que no querían era que el abogado viera los golpes que tenían María Cristina y Angélica”, agregó.
El activista también se queja de la alimentación que reciben las reclusas y de la manera en que los guardias de la prisión administran las bolsas de comida que él les lleva a las hermanas: “Les están dando sopa de calabaza. La otra vez le dieron pescado, que nadie lo quiso porque estaba podrido”, lamentó.
“Las cosas que yo le llevo de comer no se las dan directamente a ella. Hay una oficial que se queda con una lista de lo que ellas tienen en el saco donde yo le llevo las cosas, y a ella le dan otra lista más, o sea, ella, cuando necesita algo, va pidiendo por la lista”, dijo Valladares sin encontrar sentido a esta medida “porque las cosas que se le están llevando es muy difícil que se echen a perder. Eso es tortura. Desde que cayeron presaslas están torturando”, concluyó.
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