A vueltas con la centralidad de la empresa estatal socialista

Los comunistas cubanos quieren imponer, como sea, su tesis de que la empresa estatal socialista es la principal fuente de riqueza, bienestar y prosperidad. Pese a que durante 62 años este objetivo ha sido imposible de lograr, ahora, en tiempos difíciles y convulsos como los que corren, Díaz-Canel y su equipo han vuelto sobre la vieja y trasnochada idea de que la prioridad del sistema empresarial cubano tiene que ser el mercado interno. Ideas que chocan con la realidad y que acaban alejando a los dirigentes cubanos de lo que piensan los ciudadanos. Ahora es la Tarea Ordenamiento, pero siempre ha existido alguna justificación para tratar de defender lo que no admite discusión: la apuesta por la empresa estatal es de alto riesgo.

Cuando se intenta explicar por qué el sistema empresarial estatal cubano no funciona, lo primero que se tiene que hacer es ir al origen del proceso. Las fatídicas Leyes 890 y 891, que en estos días de octubre andan de cumpleaños, trasladaron a manos del estado las principales empresas y sucursales de todos los sectores de la economía cubana, de un día para otro, mediante una decisión del régimen revolucionario que no tuvo los correspondientes pagos o indemnizaciones.

El golpe que supuso para aquellas empresas enfrentarse de sopetón a las directrices de funcionamiento de unos propietarios burócratas y funcionarios, que nada tenían que ver con los propietarios, expropiados y expulsados del país, fue un hecho traumático que afectó los procesos de producción y comercialización, desde las refinerías obligadas a tratar un petróleo soviético de enorme dureza y mala calidad, a los hoteles, las galerías comerciales o los ingenios azucareros. El giro de la estructura de propiedad fue un duro golpe para el sistema empresarial cubano, del que no pudo recuperarse.

De ese modo, se puede afirmar que el nacimiento de la empresa estatal en Cuba fue beligerante, conflictivo, ajeno a las recomendaciones que la ciencia económica establece para estos procesos. En la mayoría de los países del mundo donde existen empresas estatales, estas son creadas por el gobierno para atender necesidades que el mercado no puede asumir de forma directa. Se impone un principio de subsidiariedad, que se complementa con una posterior cooperación público y privada. La empresa estatal no surge de situaciones conflictivas, sino a partir de decisiones orientadas a servir las necesidades sociales.

Ese distinto origen tiene mucho que ver con el fracaso estructural de las empresas estatales socialistas en Cuba, tan solo reivindicadas por los comunistas, que, en sus distintos congresos, las califican como actor primordial de la economía cubana que debe ser la mayoritaria fuente de riqueza, bienestar y prosperidad de la sociedad. En la realidad, nada de eso se cumple y los numerosos experimentos, cambios, políticas, medidas económicas y organizativas que se han ido adoptando, no han servido para mejorar el funcionamiento de estas empresas, de las que los comunistas dicen, que el dueño es el pueblo. Si ellos se lo creen.

Después de más de 40 años sin empresas o negocios privados, los cubanos comprobaron que los primeros proyectos de trabajo por cuenta propia que vieron la luz en las actividades autorizadas por el régimen para prestar servicios, como las gastronómicas, de alojamiento, corte de pelo, paseo de perros, peladores de frutas, etc, se desempeñaban de forma más eficiente y competente que los viejos despachos estatales que habían sustituido. La demanda privada empezó a aumentar, porque la estatal iba en declive, y solo la obsesión comunista por mantener la economía bajo control político frenó la expansión del sector privado que iba camino de conquistar posiciones de liderazgo en la economía (pero se quedó en un 13% del empleo).

El fracaso de la empresa estatal socialista se ha intentado justificar de mil modos. Que si el embargo o bloqueo, que si las transformaciones de políticas y medidas no se acaban de asumir por directivos y trabajadores, que si falta formación y capacitación, etc. Frente a numerosos cambios, introducidos como siempre desde la gaceta oficial, los efectos no se han dejado sentir en positivo. Todo lo contrario. Cuando a finales de 2020 Murillo presentaba en Mesa redonda la Tarea ordenamiento como una política necesaria para que la economía cubana funcionara mejor, sin trabas ni obstáculos, las empresas estatales respiraban. Nueve meses después y tras más de 250 decisiones y 145 normas jurídicas modificadas, un total de 488 empresas reportaron pérdidas.

Es decir, pasaron de situaciones de solvencia, a números rojos por culpa de la Tarea Ordenamiento. Lo curioso es que el 82% de esas empresas en pérdidas pertenecen a la producción de alimentos que tanto necesita el país, del grupo Azucarero (AZCUBA), del grupo empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA), en comercios provinciales, en empresas subordinas a gobiernos territoriales, y otras tantas del grupo empresarial Sideromecánico (GESIME).

Y claro, como siempre, a la hora de buscar el responsable de esta situación, a los dirigentes comunistas no se les ocurre citar otra cosa que la inflación provocada por la Tarea ordenamiento, muy por encima de la diseñada, lo que significa que la política ha sido muy mal diseñada y peor ejecutada.

Este escenario complicado, porque la inflación no es nada bueno para el funcionamiento de una economía y en Cuba una tasa del 62,8% anual hasta agosto, es desconocida, está en el origen de las preocupaciones de los dirigentes por las empresas estatales socialistas. La cosa puede acabar muy mal.

Por ejemplo, a algunos les llama la atención que unas empresas tengan beneficios y otras no. Y ponen el ejemplo del mueble. Al parecer la Industria Cubana del Mueble capaz de fabricar buena parte del mobiliario que demandan las instalaciones del Turismo ha logrado ingresos en moneda libremente convertible (MLC) para reaprovisionarse, lo que le ha permitido obtener esas utilidades (beneficios). Este modelo, inconcebible en cualquier otra economía del mundo, es el que Díaz-Canel quiere extender a otras actividades. Es decir, en Cuba la supervivencia y rentabilidad de las empresas estatales socialistas depende de que consigan más divisas, incluyendo lo que vende en MLC en el mercado nacional. Increíble.

Díaz-Canel quiere que satisfagan a la población en sus necesidades pero que obtengan divisas, o citando sus palabras, “exportar es una necesidad, pero hay que verlo como una vía para adquirir divisas con el criterio de que es una fuente para incrementar la producción nacional para el mercado interno”. En la medida que las empresas obtengan divisas podrán generar encadenamientos productivos al interior de la economía para sustituir importaciones. Este análisis simple y carente de cualquier referencia teórica, es el que permite a los dirigentes comunistas cubanos afirmar la centralidad de la empresa estatal socialista en el modelo cubano.

Díaz-Canel apuesta por la empresa estatal socialista porque, según dice, es innovadora, porque genera más empleo, mayores inversiones, más innovación organizacional y, además, “porque la empresa estatal socialista es parte de nuestro sistema político”. Esta declaración de amor se vincula con esa otra aspiración de Díaz-Canel de “estremecer el sector empresarial estatal”, sin explicar muy bien en qué consiste eso. Porque en realidad, las medidas adoptadas para dar más autonomía y flexibilidad en la toma de las decisiones no han servido para hacerlas más competitivas y eficientes.

Por ello, Díaz-Canel quiere dar más protagonismo a las trabajadoras y trabajadores en los cambios, escucharlos más, algo que con la burocracia y los viejos métodos no se puede conseguir. El artículo 20 de la constitución así lo dispone, pero ello no significa como dice Díaz-Canel “que hay que generar espacios de debate suficientes donde las trabajadoras y trabajadores puedan emitir criterios, propuestas, insatisfacciones”. Se equivoca Díaz-Canel. Los trabajadores quieren dedicarse a tareas rentables y productivas por las que perciban salarios justos. De nada sirve que participen en esos espacios en los que luego nadie hace caso a sus propuestas, si no son capaces de lograr los principales objetivos.

Lograr que el sistema empresarial estatal sea el principal agente en la economía socialista es una batalla perdida, aunque así lo disponga la constitución comunista de 2019. Y dar vueltas a estos enunciados tiene poco o ningún sentido. Por desgracia, esa “propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal” del artículo 18 es una falsedad como otra cualquiera, ya que ningún cubano puede ejercer un derecho de propiedad sobre estos activos que, encima, son gestionados por unos “presuntos representantes del pueblo en la administración de estos medios” desde las empresas. ¿Quién los designó? ¿Quién les otorgó ese papel? ¿Cómo se les evalúa en su gestión?