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María Cristina Garrido, presa del 11J y sobre la que pesa una petición fiscal de 15 años de privación de libertad, ha sido confinada a una celda de castigo por reclamar su derecho a una visita familiar, denunció Michel Valladares, esposo de la prisionera política.
“Tenían visita para el miércoles 20 de octubre”, dijo Valladares a CiberCuba, en referencia a María Cristina y su hermana Angélica, también en prisión por manifestarse el 11J, y agregó que la última vez que vio a su mujer fue el 13 de agosto.
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Sin embargo -relata- “cuando llegamos allí, nos esteramos que se había suspendido la visita”. La única explicación al respecto vino de parte de una Mayor del Ministerio de Interior.
“La Mayor nos dijo ‘las visitas de ellas dependen de mí’. Le negaron la visita, le negaron las llamadas por teléfono”, denunció Valladares. El esposo y los hijos de Angélica tampoco pudieron verla.
“María Cristina protestó, con respeto, porque le habían quitado las visitas cuando ya la habían puesto en la lista de visitas a ella y a la hermana. Las autoridades tomaron su reclamo como una falta de respeto y la trasladaron a para una celda de castigo”, relató Valladares.
Allí deberá permanecer por diez días aislada, “sin colchón ni sabanas. No tiene acceso a nada”, denunció su esposo.
Recientemente el también activista por los derechos humanos, recibió notificación de la petición fiscal a las hermanas Garrido. En el caso de María Cristina, Fiscalía pide 15 años de privación de libertad y a su hermana Angelica 10 años por su participación en las protestas antigubernamentales que estremecieron Cuba el 11 de julio y días posteriores.
Desacato a la autoridad, desorden público resistencia e incitación a delinquir figuran entre los delitos que se les imputan a las activistas. Para Valladares son “delitos fabricados y organizados por la seguridad del estado”.
Las hermanas Garrido fueron detenidas el 12 de julio en Quivicán, provincia de Mayabeque, y golpeadas durante su arresto a la vista de todos los vecinos que, asegura Valladares, están dispuestos a prestar declaración en el juicio. “A ellas las secuestraron porque la policía no se identificó”, insistió, en referencia a la forma en que fueron violentadas hacia los carros patrulleros.
“Eran seis policías contra dos mujeres...Por quitarse los golpes de arriba la acusan de desacato”, agregó, y precisó que las autoridades buscan hacerle pagar “por el activismo de María Cristina”.
Valladares rememoró el día de la manifestación y la manera en que la gente apoyaba a la joven cuando hablaba en medio de la muchedumbre. “La gente de la seguridad y del Partido [Comunista] que estaba allí vio como la gente la aplaudía”.
Esa noche, continuó el disidente, hubo una reyerta en la cual las autoridades pretenden involucrar a María Cristina. No obstante, aclara, “eso es mentira porque esa noche nosotros no salimos de la casa”. También de ello asegura tener testigos.
Tras el arresto, las hermanas fueron trasladas a “la prisión del SIDA”, centro penitenciario, que debe su nombre al reclusorio para pacientes con VIH que funcionara allí desde el año 2000. Más tarde fueron llevadas a la prisión para mujeres conocida como El Guatao.
Durante 18 días ni Valladares ni el abogado de María Cristina pudieron verla, relató el activista a CiberCuba en septiembree. “En realidad lo que no querían era que el abogado viera los golpes que tenían María Cristina y Angélica”, dijo y aseguró que las jóvenes madres han estado sometidas a tratos crueles y degradantes: “Desde que cayeron presas las están torturando”, sentenció entonces.
Esta semana, el diario estadounidense The Washington Post relató lo sucedido a Garrido en los primeros días de reclusión a través del testimonio de Valladares quien recordó como también en aquel momento su esposa fue confinada a una “celda de castigo con heces en el piso, tras negarse a gritar Viva Fidel!”
Según el listado independiente conformado por activistas y la ONG Cubalex, más de 1130 cubanos fueron detenidos por manifestarse el 11J. De ellos, alrededor de 500 permanecen en prisión.
Las peticiones fiscales más altas oscilan entre 15 y 25 años de privación de libertad y entre los delitos imputados con mayor frecuencia figuran desorden público, incitación a delinquir y desacato a la autoridad.
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