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Una brigada médica cubana integrada por 50 licenciados en enfermería, miembros del Contingente Internacional "Henry Reeve" salió rumbo a Bahamas para combatir el COVID-19 en ese archipiélago del Caribe.
Según un reporte publicado por el oficialista Canal Caribe, los profesionales de la salud viajan como parte de un convenio firmado por el ministro cubano del sector, Dr. José Ángel Portal Miranda y el titular del ramo en ese país, Dr. Michael Darville.
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Es esta la primera brigada que sale de Cuba en 2022, justo cuando en la nación aumentan de forma alarmante los casos de COVID-19, a partir de la entrada de la variante ómicron en el territorio nacional y con la posibilidad de un pico de contagios durante febrero y marzo.
Hasta el momento, las autoridades cubanas han enviado 58 colectivos médicos a 42 países del mundo desde el inicio de la pandemia. La viceministra del MINSAP Dra. Regla Angulo Pardo dijo que la Mancomunidad de Bahamas presenta una complicada situación como consecuencia del coronavirus, a partir de los elevados niveles de transmisión en sus principales ciudades.
En la publicación, varios internautas manifestaron su desacuerdo con la salida de estos profesionales, pues consideran que es una estrategia del régimen cubano para seguir explotando a los médicos, enfermeros y técnicos, mientras se embolsan grandes sumas de dinero. Asimismo señalaron que en la mayoría de los policlínicos cubanos no hay personal suficiente para atender la alta afluencia de pacientes, pero que al régimen solo le importa recaudar divisas, aunque el pueblo se esté muriendo.
El pasado 24 de diciembre, exiliados de la isla en Francia criticaron duramente al político socialista Jérôme Royer, exalcalde de la localidad de Jarnac, y a Jacques Marsac, alcalde de Genouillac, en el departamento de La Charente, por su proyecto de llevar 15 médicos cubanos a esa región rural en el occidente del país europeo.
Señalaron que desde 1970 el gobierno cubano ha hecho de las brigadas sanitarias un mecanismo para explotar a los profesionales de la salud y para hacer propaganda política, a la par que recogen ganancias financieras sustanciales, que además nunca se transforman en beneficios para el pueblo.
Los exiliados explicaron que las autoridades se apropian de los sueldos de estos profesionales –entre 5,000 y 6,000 euros mensuales–, y que además sufren múltiples restricciones y violaciones de sus libertades fundamentales. Para cumplir con su supuesta 'misión humanitaria', trabajan hasta 64 horas semanales, vigilados por agentes de la Seguridad del Estado, que también confiscan sus pasaportes y no permiten que viajen con sus familiares.
Estas “misiones” también entrañan peligros para la vida de los médicos, enfermeros y otros especialistas. En diciembre del año anterior se reportó la muerte del doctor Anibaldo Matos Hernández, de 45 años, a causa de un tromboembolismo pulmonar mientras trabajaba en el municipio Poptún, en el departamento del Petén, Guatemala.
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