En la Gaceta extraordinaria 1 de 2022 del pasado 4 de enero, se publicó el presupuesto del Estado para este año, Ley 144/2022, que previamente había sido aprobada en la Asamblea Nacional.
No sorprende que este acontecimiento haya pasado sin pena ni gloria, como si el régimen quisiera esconder las cuentas públicas, o la escasa atención que ha tenido en la prensa oficial.
En años anteriores, el anuncio de los presupuestos se hacía con bombo y platillo, incluyendo alguna Mesa redonda. Este año ha sido tan sigiloso, que no nos hemos enterado de la noticia hasta mucho después.
¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Hay algún motivo que explique este silencio oficial con las cuentas públicas? En suma, ¿qué podemos decir de las cuentas del Estado comunista cubano para 2022?
Pues que una vez más son poco transparentes, presentan no pocas contradicciones, adolecen de una serie de defectos conceptuales y aportan muy poca información sobre las distintas cuentas y partidas.
Si los dirigentes creen que con la información que han publicado nos quedamos tranquilos, hay que decir que están muy equivocados, ya que es imposible determinar en qué sentido y dirección se va a orientar la política presupuestaria del año en curso.
A riesgo de que ello sea así, este informe pasa revista al presupuesto de la Ley 144/2022 del presupuesto del Estado.
Para empezar, se pretende situar las cuentas en el proceso de recuperación gradual de la economía, destacando que el escenario es complejo y que se ve afectado, cómo no, por “el recrudecido bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de los Estados Unidos y los efectos de la crisis económica mundial agravada por la Covid-19”.
No obstante, se reconoce lo inevitable, y es que el entorno económico del país está caracterizado por una elevada inflación, un fenómeno a solucionar de forma gradual y objetiva, que requiere “potenciar las reservas en la producción de bienes nacionales, un riguroso ahorro de los recursos financieros y una política de precios coherente con los objetivos propuestos”.
Y es aquí donde se produce la primera contradicción del presupuesto de 2022 y su diseño, porque, ¿cómo resulta posible que las cuentas apoyen un proceso de recuperación gradual de la economía, si se quiere que apostar por un “riguroso ahorro de los recursos financieros”? Dónde y cómo se plantea ese ahorro es algo que no se puede evaluar con las cuentas presentadas, tan solo obtener algunas ideas aproximadas.
Además, se trata de un presupuesto que nace, una vez más, desequilibrado, con un déficit de notables proporciones, que cuenta, no obstante, con el respaldo de las “directrices y lineamientos aprobados en el VIII Congreso del Partido, el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 a través de los macroprogramas, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de las metas trazadas”. Más o menos, lo mismo que la Tarea Ordenamiento, y ya sabemos en qué acabó.
Novedad del presupuesto de 2022, es que “los territorios en su gestión pública, potencian la captación de ingresos a favor de los presupuestos locales, a partir de aplicar las estrategias de desarrollo local, estimulando la producción de alimentos y otros bienes y servicios, que les permita dar cobertura financiera, con racionalidad, al sostenimiento de los servicios y programas sociales, la atención a situaciones de vulnerabilidad, la transformación social y económica a barrios y comunidades, el cumplimiento de los planes de construcción de viviendas, la atención a las soluciones habitacionales de madres con más de tres hijos menores de edad, entre otros”. Insisto, quien mucho abarca, poco aprieta.
También se habla de las medidas aprobadas para el sector empresarial, tras la creación de nuevos actores económicos, y los avances en la implementación de la Tarea Ordenamiento, justificando la reducción de la financiación corriente al sistema empresarial y a unidades presupuestadas con tratamiento especial, es decir los subsidios. Justo lo contrario que se tiene que hacer.
Pero mucho más grave aún es la escasa, nula, atención a las inversiones, los gastos y transferencias de capital, que volverán a ser las víctimas de la elección presupuestaria, alejando las inversiones que son necesarias para el estímulo de la economía.
Lo que “ocultan” los presupuestos de 2022 se puede ver si se realiza la comparación con las cuentas públicas iniciales de 2021. Los datos se presentan en el Cuadro 1 del anexo. La primera columna recoge los datos del presupuesto de la Ley 144/2022, los de la segunda columna, el presupuesto de la Ley 137/2021.
Se observa que para 2022 el régimen ha planificado un ajuste de los presupuestos con reducciones de un -19,9% en los ingresos y un -18,3% en los gastos. Es lo que se denomina en terminología presupuestaria, un “ajuste duro” de las cuentas públicas, que se lleva por delante, nada más y nada menos, que la quinta parte del presupuesto en un solo año. ¿Podrá sobrevivir la economía cubana con este ajuste duro?
Una corrección presupuestaria de estas características se puede pintar como se quiera, pero va a suponer que los cubanos reciban en 2022, en términos generales, un 20% menos del valor de bienes y servicios suministrados por el Estado comunista, ya sea en forma de gasto corriente o inversiones, y no conviene olvidar que el peso del Estado en la economía cubana se mantiene por encima del 75% del PIB. No es extraño, con estos datos, que la prensa oficial castrista haya corrido un tupido velo sobre el presupuesto y que nadie haya hablado del mismo.
Este ajuste de las cuentas públicas se inscribe en el marco de una elección política de las mismas que, sin embargo, no viene explicada de forma suficiente.
Por ejemplo, sorprende que desaparezca de las cuentas de 2022 la reserva para atención a vulnerables de 716 millones de pesos en 2021, que posiblemente se incluya en alguna otra partida, pero que no aparece como tal. De igual modo, la reserva de apoyo financiero al sector empresarial, que en 2021 alcanzó 18.000 millones de pesos se ha reducido con especial intensidad hasta solo 3.000 millones en 2022, un 83,3% menos, una partida que no se podrá destinar a las empresas. Si este es el apoyo a los nuevos actores económicos que dice el régimen, que venga alguien y lo explique.
Por el contrario, la actividad presupuestada (sanidad, educación, cultura, deportes, administración, defensa, seguridad del Estado, etc.) con un importe de 224.580,3 millones de pesos resiste el ajuste duro de las cuentas, y alcanza el 73% de los gastos totales y hasta el 83% de los gastos corrientes en 2022, máximos históricos.
Es significativo que la asignación de gastos a la actividad presupuestada apenas se reduzca un -7,9%, mientras que los gastos totales del presupuesto total lo hacen en un porcentaje superior un -18,3%, lo que confirma que el régimen no quiere afectar a la provisión pública de bienes y servicios de los ajustes que ha realizado al presupuesto general.
Además, la transferencia a la actividad no presupuestada, los subsidios de la Tarea Ordenamiento, se establecen en 39.666,2 millones de pesos en 2022, y registran un descenso de 8.863 millones con respecto a 2021, el equivalente a un -18,3%. Sin un plan alternativo para el fomento de la actividad económica, la menor cobertura de la actividad de muchas empresas estatales se verá comprometida con este ajuste que no podrá frenar el auge de la inflación.
En cuanto a los ingresos del presupuesto, también se pueden observar criterios y decisiones políticas en el diseño. El régimen ha decidido en 2022 practicar una reducción muy significativa de los ingresos no tributarios sobre las empresas de su titularidad que alcanza un total de 55.074,2 millones de pesos, un -31.1%.
Esta es una decisión acertada, si con ello se consigue eliminar lastre de las empresas estatales y les facilita una retención/inyección de fondos que se puede destinar al crecimiento y capitalización de las empresas. Ya se verá si tiene lugar este proceso y si el régimen lo facilita. Los ingresos tributarios, que tienen su origen en la pléyade de impuestos y tasas del régimen, se reducen apenas un -2,6% de modo que la caída esperada de los ingresos brutos vendrá motivada por la menor recaudación de los no tributarios, porque el régimen apuesta por los ingresos tributarios. No obstante, en 2022 los ingresos no tributarios siguen superando en términos absolutos el importe de los tributarios en 2022, alrededor de 12.000 millones de pesos.
Una deficiente elección presupuestaria es que el ajuste más duro de las cuentas tiene lugar, como viene ocurriendo en años anteriores, en las inversiones, los gastos y transferencias de capital, que se sitúan en 2022 en 37.371,9 millones de pesos después de haber contado en el presupuesto de 2021, con 62.162,7 millones de pesos. La intensa reducción de la partida destinada a acción inversora, un -39,9% tiene su explicación en los ajustes realizados en la liquidación del presupuesto de 2020, que se practicó sobre las inversiones que quedaron sin ser ejecutadas. Dada la baja participación de la formación bruta de capital fijo en el PIB de la economía, esta reducción de las inversiones públicas es un gran error de diseño de la política económica.
El resultado de estas cuentas es que nuevamente los presupuestos del Estado cubano salen desequilibrados, con déficit, que en 2022 alcanzará la cifra inicialmente prevista de 75.827,4 millones de pesos, siendo la buena noticia que las autoridades han ajustado a la baja la cifra inicial de 2021 que era de 86.744,5 millones de pesos. Esto significa que el déficit se reduce un -12,6%, por encima de lo que lo hacen los ingresos y los gastos, pero del déficit lo más grave es su financiación.
En ese sentido, la deuda pública contraída al cierre del año 2022 alcanza un importe de 122.710,8 millones de pesos, una cifra ligeramente inferior a la de 2021, que ascendió a 132.542, 2 millones de pesos, y que se obtiene de la suma del déficit del presupuesto del Estado en 2022, de las amortizaciones de deudas con vencimiento en el año 2022, la activación de cartas de garantías presupuestarias y otros títulos emitidos como resultado del ordenamiento monetario y financiero que corresponde pagar ese año y las garantías soberanas y otras garantías activadas, de conformidad con lo que a tales efectos disponga el Ministro de Finanzas y Precios.
La financiación de la abultada deuda pública se efectúa por medio de bonos soberanos de la República de Cuba, colocados en el sistema bancario nacional conforme a lo establecido por el Ministro de Finanzas y Precios. Estos bonos soberanos se emiten por el Ministro de Finanzas y Precios con un plazo de amortización desde uno hasta veinte años y una tasa de interés promedio del 2,5% en cada emisión.
Cuadro 1.- Principales magnitudes presupuestarias en Cuba 2021-2022
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