El 80 por ciento de las mujeres sancionadas en Sancti Spíritus en los últimos cinco años fueron juzgadas por delitos económicos, cifra ante la que resulta prioritario el "trabajo preventivo", según un reporte del semanario oficialista Escambray.
El texto no aporta datos sobre los delitos económicos más frecuentes o las sanciones impuestas a estas mujeres, pero insiste en realzar el proceso de reinserción social de las exreclusas en la provincia espirituana.
Según Escambray “las mujeres sancionadas o aseguradas salen de los establecimientos penitenciarios con la garantía de que contarán con una oportunidad laboral que constituya el primer paso en su reintegración a la sociedad”.
Sin embargo, no siempre las “oportunidades” son sinónimo de un trabajo relativamente acorde con su calificación profesional o de ocupaciones en las que se percibe un salario que les permita salir adelante.
El texto refiere que estas mujeres “vuelven a una cotidianidad diferente”, lo cual “justifica”, a juicio del periodista, que “una licenciada en Contabilidad y Finanzas tenga que ocupar una plaza de costurera o la que labora como recepcionista no reciba el mismo ingreso económico que adquiría cuando su cuerpo tenía un precio".
El semanario provincial asegura que esta señal de discriminación ellas la aceptan “desde el primer día de la sanción”, pero “a veces es la sociedad la que se rehúsa a recibirlas de nuevo y tenderles la mano”, esquivando así la responsabilidad directa de las instituciones estatales.
En papel, corresponde a las Direcciones de Trabajo en cada municipio informar a las exreclusas sobre las propuestas laborales existentes, conocer si alguna de las mujeres gestionó o no su puesto laboral y controlar la permanencia en la ocupación y comunicar sobre posibles violaciones, señala Escambray, pero muchas veces este ideal no se concreta en la práctica.
Yaiselín Quesada López, subdirectora de Empleo de la Dirección Provincial de Trabajo en Sancti Spíritus, dijo “que dicha entidad realiza una labor especializada con las mujeres sancionadas o aseguradas. Con 90 días de antelación recibimos los reportes previos que contemplan las mujeres que saldrán de los centros penitenciarios. En ese período y guiados por los trabajadores sociales, conocemos las posibilidades para cada una”.
En el caso de las jóvenes que interrumpieron sus estudios para cumplir sanción, Quesada López aseguró que se les gestiona "con el Ministerio de Educación Superior la posibilidad de que la culmine, del mismo modo sucede con aquellas que optan por superarse para aumentar su nivel escolar”.
Otra fuente consultada por el periódico, Anna Rodríguez Martínez, especialista territorial de Política en la Dirección Provincial de Trabajo, afirmó que “si el trabajador social advierte que alguna de las mujeres liberadas presenta aptitudes para realizar labores como las de peluquería o manicura y no cuentan con los medios necesarios para ejercerlas, entonces se pueden poner en práctica los activos fijos del presupuesto destinado para la asistencia social, en aras de ayudarlas”, sin embargo, estas declaraciones quedan solo en palabras de los directivos estatales y no se ofrece ningún ejemplo al respecto.
También el texto alude al supuesto papel de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en estos procesos, a la atención diferenciada de la organización, el trabajo de las promotoras en la reeducación de la reclusas, las visitas a las familias, el acompañamiento a las mujeres en el proceso de reinserción a la sociedad.
El artículo no abarca las opiniones de ese 80 por ciento de mujeres sancionadas por delitos económicos en los últimos cinco años. Solo aparece entrevistada por Escambray una mujer que hace 10 años salió de prisión tras la concesión de indulto concedida por el Decreto No. 1 del Consejo de Estado, con fecha del 23 de diciembre del 2011.
La realidad descrita por Escambray se asemeja más a un ideal que a las crudas vivencias que enfrentas muchos cubanos luego de cumplir una sanción.
En 2018, un hombre exrecluso, sin piernas y sin techo donde vivir, reclamaba al Gobierno de Sancti Spíritus un poco de atención y una silla de ruedas. Había perdido su casa luego de ir a prisión por un delito de Peligrosidad y al salir el Estado se había adueñado de la vivienda, y ante sus denuncias la respuesta de la Policía en ese entonces fue que no tenía “derecho a reclamar por ser recluso”.
Otra residente en el municipio del Mariel, Artemisa, cumplió una condena de cuatro años de cárcel y aunque aseguró que durante varios años en libertad su conducta social ha sido impecable, no había podido acceder a un trabajo que se ajuste al perfil de lo que estudió, y dijo que era doblemente discriminada por su condición de exreclusa y por su orientación sexual.
Algo similar le ocurrió a Yohandry Llamos Navarro, un cubano que sufrió una condena de cuatro años de cárcel y luego fue discriminado en los centros laborales en los que lo ubicaron por haber tenido problemas con la ley y por ser homosexual.
El pasado año una pareja de exreclusos residentes en Baracoa, en Guantánamo, aseguró que no lograban encontrar trabajo tras cumplir sus respectivas sentencias en la cárcel.
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