Tres congresistas y un senador cubanoamericanos de Florida pidieron investigar las misiones médicas de Cuba en México por el delito de trata de personas, tras la firma de convenios de cooperación en materia de salud entre los gobiernos mexicano y cubano.
Los congresistas María Elvira Salazar (representante del Distrito 27), Mario Díaz-Balart (Distrito 25) y Carlos Giménez (26), así como del senador Marco Rubio enviaron una carta a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales del Departamento de Trabajo pidiendo una investigación sobre las violaciones por parte de México del Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), debido a su uso de personal médico de Cuba.
“Sabemos los horrores que comete el régimen cubano, y sus llamadas ‘misiones de intercambio de profesionales médicos’ no son una excepción", declaró Salazar.
“La esclavitud todavía existe y está sucediendo al otro lado de nuestras fronteras con la aprobación del gobierno de México. La aceptación por parte de México de la mano de obra explotada y la trata de personas es censurable y menoscaba la integridad del T-MEC. Pido una investigación formal para determinar si esto viola las disposiciones de Derechos Humanos de este histórico acuerdo comercial”, agregó la congresista.
El T-MEC destaca entre los acuerdos comerciales y tiene disposiciones sólidas para defender los estándares laborales y los derechos humanos. En su capítulo 23, pide a los signatarios que se responsabilicen mutuamente de cumplir con altos estándares laborales y trabajen para combatir el “trabajo forzoso y la trata de personas”.
La petición de investigación se sustenta, además, en el más reciente Informe sobre la Trata de Personas de 2021 en el que Estados Unidos señaló a La Habana como responsable de tráfico de personas por violaciones de derechos de los trabajadores cubanos en misiones internacionales, las cuales son consideradas en el informe como una forma de esclavitud moderna.
De acuerdo con la misiva, México se convierte en promotor del tráfico internacional de personas al servirse de profesionales de la salud cubanos que son explotados por las autoridades de la isla en contratos esclavistas para beneficio del poder.
“El régimen les roba el salario a los médicos cubanos, quienes se ven obligados a firmar contratos en contra de su voluntad y sus familias corren peligro si no los cumplen. Las ganancias de estas misiones médicas regresan al régimen cubano y se utilizan para oprimir aún más al pueblo”, asegura una nota de prensa de la oficina de Salazar.
El reconocimiento oficial por parte del gobierno de Estados Unidos de graves abusos contra los derechos humanos de profesionales en misiones internacionales no se limita al informe del Departamento de Estado.
En enero, durante una reunión virtual del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Presidente Joe Biden (PITF) para monitorear y enfrentar el tráfico de personas, el secretario de Estado Antony Blinken se pronunció a favor de “encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas: China, Cuba, Corea del Norte y Rusia”.
Asimismo, el subsecretario para el hemisferio occidental, Brian A. Nichols, ha cuestionado las diferentes misiones en el extranjero promovidas por el gobierno de la isla y condenado la explotación laboral del régimen contra los trabajadores que participan en ellas.
"El régimen cubano retiene los pasaportes, confisca los salarios y restringe la circulación de sus trabajadores en el extranjero", dijo el funcionario en febrero desde su cuenta de Twitter.
Según denuncias de los galenos cubanos, se estima que el Estado cubano se apropia de un 70-75% de los ingresos de sus profesionales de la salud por concepto de salarios.
Además, la propia legislación cubana constituye una evidencia de la violación de los derechos de los trabajadores en tanto legitima la prohibición de entrada y salida del país como castigo a quienes abandonan los contratos estatales en el exterior y como herramienta para detener el éxodo masivo, respectivamente.
En cuanto a la presencia de personal de salud cubano en México, tampoco esta exenta de controversia. En 2020, una investigación presentada por el senador mexicano Julen Rementería del Puerto, titulada Cubagate, reveló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó más de 250 millones de pesos para traer a su país a 585 cubanos durante tres meses de pandemia.
La investigación, sustentada en documentos oficiales emitidos por dependencias e instituciones gubernamentales y órganos autónomos de arbitraje médico, cataloga de "fraude al erario" al acuerdo, para el cual ni siquiera se presentaron credenciales de titulación de los galenos cubanos.
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