Separación familiar forzosa, prohibición de entrada a Cuba por ocho años y el impacto en los niños de ambas medidas del régimen cubano fueron algunos de los cuestionamientos a la delegación oficial de la isla por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC).
Como parte de la 90 Sesión del CRC, que se celebró los días 11 y 12 de mayo en la sede del organismo internacional en Ginebra, los miembros de la ONU trataron cuestiones relacionadas con el normal desarrollo de la niñez y la juventud en Cuba, con especial atención en temas relacionados con los sucesos del 11J.
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Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del CRC, se refirió al llamado ‘castigo de los ocho años’: “Una prohibición que parece no tiene sustento legal, pero operaría de facto, y es la prohibición de los padres que han rescindido un contrato civil en el extranjero de reingreso al país”, dijo.
Pedernera indicó que la medida “impide que muchos papás y mamás puedan reunirse y compartir momentos de sus vidas con sus pequeños”, y se mostró preocupado por el impacto que esta separación pueda causar en la estabilidad psíquica de los menores.
Asimismo, aseguró tener “información de ciertas prácticas discriminatorias dentro de Cuba para los hijos de aquellos padres que han decidido desertar de las actividades en el extranjero” y expresó su interés por conocer cómo las autoridades cubanas tratarán esta problemática dentro de la legislación cubana.
“Ustedes saben que la separación de un niño es un quiebre tremendo en su bienestar psicológico, emocional. Entonces, por eso, me gustaría consultarle a la delegación sobre estas situaciones, pero sobre todo qué medidas en estos cambios normativos que están realizando piensan implementar para garantizar la reunificación familiar y que estos niños no pierdan la posibilidad de crecer junto a sus papás y sus mamás”, preguntó.
Similar preocupación mostró Clarence Nelson, miembro del Comité, con respecto a las misiones internacionales que, a su juicio, pudiera privar a los niños cubanos del acceso a personal de salud necesario para su atención sanitaria.
“Su sistema es conocido por proveer ayuda mundial especialmente a países subdesarrollados a través del envío de médicos, pero ¿acaso esto no conlleva a una escasez de pediatras y doctores en su propio país?”, cuestionó.
De igual forma se interesó por las denuncias sobre “doctores que son enviados al extranjero y deciden no regresar a Cuba, que son impedidos de retornar por un tiempo” y por las quejas de que “el gobierno gana mucho dinero por ellos y lo usa para su propio beneficio”, agregó el experto apuntando a que se trata de “denuncias bastante serias”.
A los cuestionamientos de ambos expertos, la delegación cubana respondió con evasivas y generalidades, cuidándose de no admitir que es una política de Estado separar a los padres de sus hijos por motivos políticos, y amparándose en el derecho que tiene cada país a formular sus propias leyes.
Históricamente, el régimen cubano ha proscrito el derecho de sus ciudadanos a entrar y salir libremente del país y, con ello, ha privado a los menores de edad de disfrutar de su familia cercana. En años recientes, son cada vez más los que denuncian graves violaciones de derechos humanos relacionadas con las misiones médicas.
Además de la mencionada prohibición de regresar a Cuba por al menos ocho años, y la apropiación del salario de los médicos por parte del Estado, está el embargo a sus titulaciones, y la resolución 168 que viene a ser el código de conducta de los colaboradores.
Mientras estén bajo contratos estatales en otros países, los galenos no pueden relacionarse íntimamente con los ciudadanos del país donde laboran, son vigilados y limitados en sus movimientos, así como despojados de sus documentos de identidad e impedidos de viajar con sus hijos pequeños.
Recientemente, colaboradores de la Brigada Médica Cubana en Guinea Ecuatorial denunciaron que se encontraban trabajando más de 30 meses sin derecho a vacaciones y bajo amenazas de expulsión de la misión si denunciaban públicamente.
También trascendió que cuatro de ellos habían fallecido, entre 2020 y 2021, y sus cuerpos tampoco habían sido repatriados. Todo supuestamente por falta de vuelos.
El diálogo entre el Estado cubano y la ONU se realiza tras la denuncia del grupo de trabajo Justicia 11J ante el CRC “sobre la urgencia de interceder por la vida y la integridad de los menores, así como de obtener para ellos la libertad inmediata, bajo cualquiera de las formas previstas en la Ley”, declaró la agrupación independiente cubana.
El Comité de los Derechos del Niño es un organismo de la ONU conformado por 18 expertos independientes que supervisan la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados parte. La Convención es un documento legal vinculante orientado a proteger a los niños de la violencia y la explotación, y a reconocer su derecho a ser escuchados.
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