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El gobierno cubano impidió al periodista independiente Henry Constantín participar en la IX Cumbre de las Américas y le prohibió viajar a Estados Unidos, como mismo ocurrió con otros reporteros y activistas.
"(La dictadura) tiene mucho miedo de que nuestras voces se escuchen en esos salones, allá en Los Ángeles", escribió el reportero cubano, director del periódico digital La Hora de Cuba.
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Constantín advirtió que continuará levantando la voz por Cuba, aunque le impidan salir de la isla.
"El único viaje que realmente me apasiona con la vida, es el de la libertad de Cuba. Y ese viaje estoy haciéndolo", finalizó.
Las declaraciones de Constantín tienen lugar el mismo día en que Estados Unidos confirmó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del encuentro de Los Ángeles, por constituir sistemas de gobierno no democráticos. El régimen cubano rechazó la decisión, a través de una declaración de su Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que calificó a la Cumbre de las Américas de "dominación imperialista".
A pesar del ruido que pretende generar La Habana para que los países de la región rechacen la posición de la Casa Blanca, las autoridades cubanas no se han pronunciado por el veto a los activistas y periodistas independientes que fueron invitados al encuentro internacional.
Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados a la Cumbre de las Américas porque no tienen claros compromisos con la democracia, argumento que fue criticado por los mandatarios de México, Bolivia y Honduras, que amenazaron con boicotear la reunión.
Hasta hace poco se manejó la posibilidad de que participara un representante del gobierno que no fuera el presidente ni un alto funcionario, pero se rechazó esa posibilidad, aunque el propio régimen advirtió en días pasados que no pretendía asistir, según declaraciones del mandatario Miguel Díaz-Canel.
El gobierno cubano utiliza el término regulados para referirse a aquellas personas que son impedidas de viajar fuera de la isla, de acuerdo con lo que establece la ley migratoria vigente.
Activistas y defensores de los derechos humanos califican esta medida anticonstitucional y arbitraria, ya que muchas veces las autoridades no comunican las razones por las que se adopta la decisión e impide la salida del país a un ciudadano, aun cuando este no tenga causas pendientes con la justicia.
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