El gobierno cubano impuso multas por más de 42 millones de pesos en Villa Clara hasta el 15 de noviembre en inspecciones a negocios estatales y no estatales, reportaron medios oficialistas.
A lo largo del año, en 22,545 inspecciones a mercados agropecuarios, puntos de venta, tiendas, bodegas, farmacias, unidades de la gastronomía, transportistas y trabajadores por cuenta propia, entre otros, fueron aplicadas en esa provincia 22,408 multas que ascendieron a más de 42,700,000 pesos en total, la mayoría de ellas por precios abusivos o especulativos, según trascendió en una nota del medio oficialista Granma.
De acuerdo con lo expresado por Irail Trujillo Álvarez, al frente de la Dirección de Supervisión en Villa Clara, un gran número de multas se ejecutaron por engañar al consumidor, desinformar al cliente, provocar afectaciones económicas a las entidades, no establecer listados oficiales de precios, retener de mercancías "para luego favorecer a sus compinches" y "actos de favoritismo".
"Detrás de cada manifestación de hurto, desvío de recursos que luego van a parar al mercado negro, alteración de precios u otras anomalías, siempre hay alguien que no cumple con lo establecido o que no controla los recursos del Estado", explicó el funcionario, culpando a los vendedores de la inflación actual en Cuba.
Para Trujillo, las decenas de miles de multas se producen por la falta de exigencia que prima en muchísimos lugares en los cuales no se ejerce la función de control que corresponde.
En su propósito de buscar culpables distintos del gobierno -que ha mostrado una gran incapacidad para manejar la crisis económica y financiera cubana-, el hombre añadió que en la situación del alza desmedida de los precios ha influido "la facultad que se ha dado a todos los organismos para formarlos, algo que con anterioridad estaba muy centralizado por el Ministerio de Finanzas y Precios".
En su parecer, aunque es "noble" el fin de esa medida, no se tiene en cuenta un estudio serio de los costos, ni de mercado, a la hora de fijar un precio, tampoco existe resolución alguna que norme lo que se vende; "es decir, no hay una ficha de costo bien establecida", dijo.
Según refirió Isis Pantoja González, jefa del Departamento de Precios en la provincia, señala que existen muchos criterios diferentes a la hora de formar un precio, según ha comprobado en su acercamiento a las diferentes unidades y empresas y, aunque no son inspectores, en han comprobado que en algunos lugares hay desconocimiento de cómo se hace una buena ficha de costo.
En su explicación y corroborando con lo aludido por Trujillo, ese factor casi siempre está vinculado con la carencia de personal especializado y "con el desmedido afán por obtener ganancias y utilidades".
Desde que a finales de octubre el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamara a los dirigentes políticos a intensificar el "enfrentamiento contra las ilegales", los gobiernos provinciales han impuesto multas de miles de pesos a vendedores y productores.
El gobernante considera que los problemas de robos e ilegalidades en Cuba se deben a que las autoridades provinciales y las instituciones no han actuado ante los delitos y les pidió que hagan valer el poder que tiene el sistema político cubano.
En Holguín, las multas han ascendido a más de 22 millones de pesos y se han reportado decomisos de mercancías y retiros de licencia a vendedores.
A mediados de noviembre un grupo de vendedores particulares cubanos decidieron cerrar sus puestos de venta de productos agrícolas ante la ola de operativos policiales desatados para imponer los precios topados por el Estado.
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