Este lunes 23 de enero comienza en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, con sede en Londres, el juicio contra el Banco Nacional (BNC) y la República de Cuba por la demanda de casi $74.5 millones que la compañía CFR I Limited, domiciliada en Islas Caimán, interpuso el 18 de febrero de 2018 y el gobierno cubano intentó infructuosamente descarrillar con que la parte demandante había sobornado a funcionarios del BNC.
El juicio mantendrá engolfada a Cuba por el resto de enero en examen de documentos, dictámenes de peritos y declaraciones de testigos, incluso por videoconferencia, con vistas a determinar si CRF I Limited tiene capacidad procesal para demandar al BNC y la República de Cuba como cesionario de los acreedores originales: Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) e lstituto Bancario Italiano (IBI).
Con toda seguridad, la parte afectada apelará el fallo del tribunal de primera instancia, presidido por la jueza Sara Cockerill.
Aunque Cuba pierda el juicio y la subsecuente apelación, CFR I afrontará serias dificultades para cobrar y no deben crearse expectativas en exceso sobre una inmediata resolución del litigio o, literalmente, el ajuste de cuentas a la parte cubana.
A tal efecto tendría que embargar activos tangibles del Estado cubano en el Reino Unido y el resto de la Mancomunidad Británica o instar, al amparo de convenios preestablecidos, la ejecución de la sentencia en otros países donde pudieran estar ubicados tales activos, por ejemplo: fondos y/o créditos de ETECSA y HABANOS en Europa.
Sin embargo, el gobierno de Cuba debe estar ya tomando medidas para salvaguardarlos.
Demanda en curso
La principal razón por la que este caso se litigue en Londres estriba justamente en que el tribunal rechazó la alegación clave de la parte demandada: que CFR había sobornado al director de Operaciones del BNC, Raúl Eugenio Olivera Lozano, para que actuara en contra de los intereses del BNC y de Cuba.
Según la parte cubana, la compañía CFR pudo actuar a su vez como fondo buitre, esto es: comprar a bajo precio las deudas que Cuba acumulaba desde 1984 con las entidades financieras Crédit Lyonnais e Instituto Banco Italiano, para enseguida litigarlas agresivamente con ánimo de cobrar el monto completo.
Los testigos de La Habana incluyen a varios exfuncionarios del BNC que el régimen acusó y sentenció en un proceso secreto en 2021, y a los que culpó por presuntamente recibir sobornos para entregar los documentos que permitieron a CRF I hacerse con los bonos de deuda que ahora reclama.
Esa imputación fue rechazada por CRF I, que alegó que el caso de soborno fue fabricado por La Habana para tratar de eludir su responsabilidad en el asunto. La defensa decidió abandonar ese argumento en diciembre último.
La parte cubana presentará como testigos a Olivera Lozano, condenado a 13 años de cárcel por cohecho y otros supuestos delitos cometidos como director de Operaciones del BNC; René Lazo Fernández, expresidente del BNC y condenado a un año; y María Teresa Compte, exsecretaria del BNC y condenada a cinco años. El procesamiento y condenas a estos funcionarios nunca se divulgó en los medios oficiales cubanos y solo se conoció como parte de la documentación presentada como parte del litigio en Londres.
También aparece como testigo de la defensa el doctor Juan Mendoza Díaz, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de La Habana y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Por los demandantes comparecerán, entre otros, Jeetkumar Gordhandas, quien actuó en nombre de CFR para visitar dos veces a Olivera Lozano en la sede del BNC en 2019; y Hosanna Rodríguez Calvo, exrepresentante de Habanos SA y CUBATABACO, y exprofesora de Derecho de Propiedad Industrial de la Universidad de la Habana.
Varias de las intervenciones serán de manera virtual, incluyendo la del reo Olivera Lozano, quien debe comparecer desde el Ministerio de Justicia de Cuba.
Otra demanda en cierne
Cabe advertir que desde el 28 de mayo de 2021 viene corriendo contra el BNC y la República de Cuba, ante el mismo Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, una demanda mucho más sustanciosa por unos $224.8 millones de cuantía principal y $1,120 millones de intereses acumulados.
La parte demandante, representada por el bufete londinense Herbert Smith Freehills LLP, es la entidad financiera ICBC Standard Bank PLC, con domicilio social en Londres, la cual tiene al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) como accionista mayoritario (60%) y es custodio de las cuentas de acreedores de Cuba.
Esta demanda fue registrada con el código judicial CL2021-000343 y su más reciente actualización data del 22 de noviembre de 2021, pero aún no se ha notificado a la parte demandada, que ni siquiera ha fijado representación legal.
Presentar la demanda y aguantarla es simple estrategia de ICBC Standard Bank PLC para ganar tiempo y tratar de resolver los problemas con Cuba en medio de las presiones de los acreedores, que pudieran hasta demandar a ICBC Standard Bank PLC por no cumplir con debida diligencia la obligación de protegerlos como custodio de sus cuentas por cobrar de deudas comerciales vinculadas a Cuba.
El Consejo Económico y Comercial EE.UU-Cuba (USCTEC) considera que esta situación resulta tan incómoda para Pekín como vergonzosa para La Habana, ya que una entidad de capital mayoritario chino demanda a Cuba por deudas comerciales en nombre de sus acreedores privados.
El Partido Comunista Chino tiene oficialmente a Cuba en alta estima como "buen hermano, buen camarada, buen amigo", al extremo de pasarle la mano con la deuda soberana, esto es: de gobierno a gobierno, que en septiembre de 2021 sumaba unos $4,643 millones, según el centro de investigación AidData de la universidad pública College of William & Mary (Virginia).
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