Veinte estados republicanos de Estados Unidos presentaron este martes una demanda contra la administración de Joe Biden para anular el programa de parole humanitario, implementado para frenar el flujo descontrolado por la frontera y permitir la entrada de 30,000 inmigrantes mensuales de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
La demanda, de 39 páginas, fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, en Victoria, y argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "bajo el falso pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera", ha creado un nuevo programa de visados, sin respaldo de una legislación del Congreso, para permitir que hasta 360,000 inmigrantes anuales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela puedan acceder mediante parole a EE.UU. por dos años y con derecho a permiso de trabajo.
La acción legal pudiera afectar el curso normal del programa de parole humanitario, que ha despertado una avalancha de solicitudes entre los cubanos desde su entrada en vigor el pasado 6 de enero. Decenas de beneficiados han podido entrar ya a territorio estadounidense tras cumplir un proceso expedito de reclamación.
Y de hecho, a pocas horas de difundirse la noticia, desató una ola de preocupación entre potenciales beneficiarios del programa que están en pleno proceso de tramitación desde Cuba.
El documento presentado en el tribunal de Texas tiene como firmantes a los fiscales generales de Florida, Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
Entre los demandados aparecen Alejandro Mayorkas, secretario del DHS; Ur Jaddou, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y Tae Johnson, director de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
"El poder del parole del DHS es excepcionalmente limitado, ya que ha sido restringido por el Congreso en múltiples ocasiones, y solo puede utilizarse solo en caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo", señala el texto.
A pesar de las restricciones, los estados republicanos firmantes aducen que "el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que ello".
Los reclamos fundamentales de la demanda como solicitud de reparación son:
- Suspender, posponer o prohibir preliminarmente la implementación del programa de parole.
- Tras un juicio sobre el asunto, se decrete que el programa de parole fue emitido en violación del debido proceso administrativo y, por lo tanto, debe anularse o, como alternativa, prohibir permanentemente que los demandados puedan implementarlo.
- Declarar que el programa de parole excede la autoridad estatutaria de los demandados para emitirlo.
- Conceder a los Estados Demandantes los honorarios de sus abogados y las costos judiciales.
- Otorgar a los Estados demandantes todas las demás reparaciones a las que puedan tener derecho.
De inmediato, un juez asignado por el tribunal de Texas -considerado uno de los órganos judiciales más conservadores del país- deberá fijar una fecha de audiencia tan pronto como esta semana para escuchar argumentos preliminares y decidir si se congela temporalmente el programa mientras se ventila el caso y se adopta una decisión firme.
Según indica el documento, el programa de parole establecido por el DHS incumple la ley, no responde realmente a razones humanitarias y "no promueve ningún beneficio público significativo".
Por el contrario, los demandantes dicen que equivale a la creación de un nuevo programa de visados para permitir la entrada en Estados Unidos de cientos de miles de extranjeros que, de otro modo, no tendrían motivos para hacerlo, pues consideran que "desobedece, en lugar de seguir, los claros límites impuestos por el Congreso".
El abogado de inmigración Willy Allen consideró que la demanda constituye "una aberración política".
"Es absurdo que un programa concebido justamente para frenar la inmigración ilegal sea cuestionado y pidan eliminarlo quienes reclamaban controlar el flujo migratorio por la frontera", afirmó Allen a CiberCuba. "Es un absurdo colosal".
Allen comentó que lo que los demandantes están pidiendo es cero entradas por puntos fronterizos, lo cual "no es realista".
"Ni siquiera en la era de Trump, bajo las restricciones de la pandemia, pudo llegar a ese punto de cierre total de la frontera", agregó el abogado. "Lo más lamentable es que esta acción legal se produce cuando el programa estaba demostrando que funcionaba, luego de su aplicación de manera piloto con los venezolanos".
La iniciativa del parole humanitario con patrocinio económico comenzó a aplicarse para inmigrantes de Venezuela en octubre, en momentos de pico de entradas por puntos de la frontera sur. Un total de 187,716 venezolanos ingresaron por esa vía a Estados Unidos el pasado año fiscal 2022, que concluyó el 30 de septiembre último, y en octubre lo hicieron más de 22,000. Sin embargo, los arribos irregulares han disminuido considerablemente desde entonces, y entre noviembre y diciembre las llegadas ilegales de venezolanos suman apenas 16,087.
Daños irreparables
En la demanda, los fiscales generales argumentan que sus estados enfrentan "daños sustanciales e irreparables" por los abusos del DHS, que permiten la entrada de cientos de miles de extranjeros a cada uno de sus territorios, ya abrumados por las oleadas de inmigrantes en años recientes.
Cada estado relaciona en la demanda millones de gastos en atención social para los inmigrantes, abarrotamiento de los sistemas escolares y el impacto en los servicios de salud.
"Florida gasta más de $8,000 dólares anuales por estudiante en educación pública, que imparte con independencia de la situación migratoria", menciona el documento. "El Departamento de Niños y Familias de Florida proporciona una variedad de servicios públicos a extranjeros ilegales a expensas del Estado, incluyendo la prestación de refugio a las víctimas de violencia doméstica, proporcionando atención a los niños desatendidos, y tratamiento por abuso de sustancias y salud mental".
El estado de Florida recibió el pasado año fiscal (FY2022), más del 60% de los más de 224,000 cubanos que ingresaron por puntos fronterizos a Estados Unidos.
De hecho, en el sur de Florida comienza a manifestarse un serio panorama de atención social, con dificultades para proveer servicios básicos y alojamiento a través del Departamento de Niños y Familias, así como una sobrepoblación en el sistema escolar de Miami-Dade.
Los cubanos procesados reciben una ayuda en efectivo de $180 dólares mensuales por un semestre, $250 dólares en sellos de alimentos (hasta un año) y atención médica (Medicaid), también por un año.
Pero a diferencia de las personas que ingresaron al país de manera irregular, el programa de parole humanitario establece como premisa un patrocinio económico para autorizar el procesamiento y entrada del inmigrante al país.
“La nueva solución de Biden a la crisis creada por él mismo en la frontera es permitir que los inmigrantes ilegales viajen directamente al interior del país sin cruzar la frontera sur, en violación de la ley federal”, dijo la fiscal general de Florida, Ashley Moody, en un comunicado al anunciar la demanda.
También el estado de Texas relacionó altos costos causados por los inmigrantes "debido a las violaciones del gobierno federal y la negativa a aplicar las leyes federales vigentes".
"Estos servicios incluyen educación y atención sanitaria, así como muchos otros beneficios sociales. La legislación federal exige a Texas que incluya a los extranjeros ilegales en algunos de estos programas. A medida que el número de extranjeros ilegales en Texas aumenta, el número de extranjeros ilegales que reciben estos servicios también aumenta", expresa la demanda.
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