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Un juez federal de Texas rechazó la petición del gobierno de Estados Unidos para trasladar de tribunal el litigio entablado por una demanda de estados republicanos que pide anular el programa de parole humanitario.
En un dictamen de 17 páginas, el juez Drew B. Tipton negó el intento de los abogados del Departamento de Justicia para cambiar a Austin, Texas, o Washington DC la sede del juicio pendiente para decidir sobre la permanencia del programa de la administración Biden que beneficia a inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
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Tras la demanda interpuesta por fiscales estatales a fines de enero para anular el parole humanitario, el gobierno presentó una moción para cambiar la jurisdicción del caso, considerando que la elección del tribunal de Victoria, Texas, pudiera crear una “percepción pública de injusticia”.
Pero Tipton, que es el único juez de la división de Victoria, lo rebatió de manera contundente.
“El Tribunal considera que no es apropiado transferir un caso que se encuentra en la sede adecuada debido a una supuesta percepción pública de parcialidad que entra en conflicto con la percepción de las partes litigantes. Tras una cuidadosa consideración, el Tribunal considera que el interés de la justicia no justifica la transferencia de este caso”, indica el dictamen judicial, emitido el pasado viernes.
Tipton consideró que los demandados no han articulado argumentos convincentes para demostrar cómo la administración de justicia se verá comprometida si este caso continúa bajo la jurisdicción de su tribunal, y calificó como “especulativas” las afirmaciones del gobierno sobre el concepto de percepción pública”.
"A la luz de las repetidas y genuinas expresiones de confianza de los demandados Federales en la imparcialidad y equidad de este Tribunal, es difícil aceptar su argumento de que la 'percepción pública' -si tal concepto pudiera ser contemplado singularmente- es significativamente diferente a la de los Demandados", dijo Tipton, nombrado en el puesto por el presidente Donald Trump en 2020.
La moción del gobierno usó entre los argumentos para transferir el caso el hecho de que al menos siete demandas de Texas contra la administración Biden se han presentado en la División de Victoria.
Tipton cuestionó que los demandantes estuvieran buscando “seleccionar un juez” a su favor para avanzar la demanda, pero admitió que "para nadie es un secreto que los litigios implican estrategia".
El fallo de Tipton resuelve uno de los dos temas pendientes en la demanda, que debe ser llevada a juicio a partir del 12 de junio. El juez tiene aún pendiente aprobar el calendario acordado por ambas partes para la preparación y realización del juicio, que se realizaría sin testigos y por dos días.
Por el momento, todo sigue sin cambios en las solicitudes de parole humanitario por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), cuyo procesamiento entró en vigor el pasado 6 de enero.
Una audiencia inicial para ventilar el caso está fijada para el próximo 25 de abril, a las 2 p.m.
En la demanda, los fiscales de 20 estados, incluidos Texas y Florida, argumentan que sus territorios enfrentan "daños sustanciales e irreparables" por los abusos de la administración Biden y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al permitir entradas masivas de inmigrantes, y sostienen que el parole humanitario se ha establecido en contravención de las leyes vigentes.
Tras cumplirse dos meses de la puesta en marcha del programa de parole humanitario, unos 14 mil ciudadanos de los cuatro países favorecidos por la iniciativa, de ellos unos 10 mil cubanos, han conseguido llegar a Estados Unidos bajo patrocinio económico.
La iniciativa de Washington busca una inmigración ordenada y poner control en el flujo irregular por la frontera sur, con la promesa de conceder hasta 30 mil visados mensuales a solicitantes cubanos, nicaragüenses, venezolanos y hatianos.
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