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Cientos de inmigrantes cubanos con orden final de deportación podrían cambiar su suerte tras un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que restituyó la política de la administración de Joe Biden sobre la expulsión de indocumentados.
La Corte Suprema avaló este viernes la estrategia implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2021 sobre las prioridades de aplicar la ley de inmigración y deportar a personas que constituyan amenazas a la seguridad pública.
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La votación de los magistrados en respaldo a la política migratoria del gobierno fue de 8-1. Solo el juez conservador Samuel Alito se opuso al dictamen.
La decisión judicial -de 71 páginas- constituye un espaldarazo a la política de Biden y un segundo aire para miles de inmigrantes que se encuentran con orden final de deportación y no han cometido delitos graves durante su permanencia en el país, entre ellos un numeroso grupo de cubanos.
“Es una excelente noticia para las personas con orden de deportación que no han cometido un delito que los descalifique para un beneficio migratorio, que hayan permanecido por un tiempo en Estados Unidos y que tengan lazos familiares establecidos aquí”, dijo la abogada de inmigración Laura Jiménez.
Jiménez explicó que el fallo beneficiaría a muchas personas que se vieron afectadas por irregularidades en su proceso migratorio y no tuvieron oportunidad de presentar debidamente sus casos ante una audiencia de inmigración.
“Mucha gente que perdió incluso su solicitud de asilo en corte o no se le entregó una notificación procesal a tiempo va a poder reabrir sus casos”, agregó la abogada.
De hecho, el fallo podría proteger a cientos de cubanos registrados con el documento I-220B, y que permanecen aún bajo arresto o supervisión con visitas regulares a una oficina del Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Es importante precisar que la política de expulsiones expeditas que entró en vigor tras la suspensión del Título 42 el pasado mayo continuará aplicándose para las personas que intenten ingresar al país de manera ilegal, sea por la frontera sur o a través de las costas de Florida.
“La política de la administración Biden de fronteras cerradas no cambia con este fallo de la Corte Suprema”, insistió Jiménez.
Pero es un respiro para muchas personas en limbo migratorio que ahora ven una luz al final del túnel.
En otras palabras, con este fallo podrían detenerse deportaciones no relacionadas con entradas recientes por puntos fronterizos, generalmente asociadas a personas sin base legal para permanecer en territorio estadounidense.
Alejandro Mayorkas, secretario del DHS, saludó con satisfacción la decisión judicial.
"El DHS espera reinstaurar estas normativas [de deportación], que se han aplicado eficazmente por los funcionarios funcionarios de inmigración de ICE para centrar los limitados recursos y las medidas coercitivas en quienes suponen una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza", afirmó Mayorkas.
En la argumentación afirmativa de fallo, el juez Brett Kavanaugh consideró que la demanda presentada por Texas y Louisiana era “extraordinariamente inusual” y buscaba “ordenar al poder ejecutivo que modifique sus políticas de arresto para realizar más arrestos”.
"Los tribunales federales normalmente no escuchan tales casos (...) Hay otros foros que permanecen abiertos para que los estados expresen sus preocupaciones y las dirijan al Congreso. No opinamos sobre si tales acciones son apropiadas en este caso”, señaló Kavanaugh, que fue nombrado por Donald Trump.
Alito, el único disidente en la votación, escribió: "El único límite al poder de un Presidente para desobedecer una ley como la importante disposición en cuestión es el poder del Congreso para emplear las armas de la guerra entre poderes (...) [la decisión] deja aún más indefensos a los Estados que ya sufren los efectos de la inmigración ilegal masiva".
La batalla por el plan de Biden llega a su punto final, al menos en el escenario jurídico, después de dos años de porfías entre el gobierno y los estados republicanos.
En septiembre de 2021, las regulaciones de DHS/ICE establecieron que las autoridades de inmigración se concentrarían en detener y expulsar del país a personas con antecedentes criminales o con un comportamiento que constituya un peligro para la comunidad.
El plan gubernamental argumentó en sus normativas que con 11 millones de inmigrantes indocumentados las autoridades de DHS/ICE debían priorizar ciertos casos, porque se carecía de recursos para emprender detenciones y deportaciones masivas. La agencia federal solo cuenta con unos 6,000 agentes de deportación.
La administración Biden se distanciaba así de la política de “línea dura” puesta en marcha durante la era Trump.
Pero en junio del pasado año el juez federal Drew Tipton falló a favor de una demanda de los estados de Texas y Louisiana para suprimir el plan gubernamental y forzar a las autoridades de DHS a deportar indiscriminadamente a todos los indocumentados, sin sopesar las características de cada caso.
Tipton, quien fue nombrado por Trump, es el juez que tiene a su cargo el caso sobre el parole humanitario con patrocinio económico, que irá a juicio el próximo 24 de agosto.
En el caso de los cubanos, las estadísticas de DHS indican que unos 42 mil tienen orden final de deportación en Estados Unidos, pero su retorno a Cuba depende de una evaluación caso por caso, según el acuerdo bilateral establecido en enero de 2017. A diferencia de operaciones anteriores, la reanudación de los vuelos de ICE desde el pasado abril está centrada en inmigrantes detenidos durante entradas irregulares al país en fechas recientes.
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