Las licencias de conducir otorgadas a inmigrantes indocumentados en cinco estados del país ya no son válidas en Florida, luego de que el 1 de julio entrara en vigor la nueva ley de inmigración impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
Entre las disposiciones contenidas en la legislación se encuentra "invalidar las licencias de conducción emitidas en otros estados y que estén en posesión de inmigrantes no autorizados", al tiempo que prohíbe la emisión de una licencia de conducir a cualquier persona que no proporcione prueba de estancia legal en Estados Unidos.
Tampoco servirán las licencias que no sean válidas en otros estados, ante lo cual el portador será citado.
Una lista de clases de licencias de otros estados que no son válidas en Florida publicada por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados aclara que las licencias emitidas a indocumentados en Connecticut, Delaware, Hawái, Rhode Island y Vermont no serán admitidas.
El listado, citado por Diario Las Américas, especifica:
Licencias de Connecticut que indican "No para identificación federal".
Licencias de Delaware que indiquen "Solo privilegio de conducir" o "No válido para identificación".
Licencias de Hawái que indiquen "Licencia de conducir de propósito limitado", "Permiso de instrucción de propósito limitado", "Licencia de conducir provisional de propósito limitado" o "No válida para uso con fines federales oficiales".
Licencias de Rhode Island que indiquen "No para identificación federal", "Tarjeta de privilegios de conducir" o "Permiso de privilegios de conducir".
Licencias de Vermont que indiquen "Tarjeta de privilegios de conductor no para propósitos de REAL ID", "Tarjeta de privilegios de conductor para jóvenes no para propósitos de REAL ID" o "Tarjeta de privilegios de aprendiz no para propósitos de REAL ID".
Esta prohibición es parte de una legislación aprobada por los congresistas estatales para ejercer control sobre la inmigración, que entró en vigor desde el pasado 1 de julio.
Esa ley también amplía los requisitos para que los negocios que cuenten con más de 25 empleados utilicen el sistema federal E-Verify, que determina los individuos que pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
Asimismo, prohíbe a las entidades gubernamentales estatales y locales hacer negocios con empresas que transporten a "extranjeros no autorizados" a Florida, a menos que sean trasladados para facilitar la "detención, expulsión o salida de la persona de este estado o de Estados Unidos".
En el caso de las aerolíneas, empresas de ómnibus y contratistas independientes, estos pueden continuar trasladando a inmigrantes indocumentados dentro del estado a nombre del gobierno federal, pero podrían arriesgarse a perder un contrato estatal o local, subraya la normativa.
Además, prohíbe que los gobiernos locales financien organizaciones para emitir documentos de identidad a personas que se encuentran de manera ilegal en el país.
La ley también aclara que sancionará con penas de entre cinco y 15 años de cárcel a residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses que protejan, encubran o viajen en su mismo vehículo con una persona indocumentada, lo que podría considerarse una felonía de tercer grado; y ordena a los hospitales con pacientes inscritos en el programa Medicaid que incluyan una pregunta sobre estatus migratorio en los formularios de ingreso, y realicen reportes trimestrales al Departamento de Salud de Florida.
Este paquetazo legislativo de DeSantis conmocionó a varios sectores de EE.UU. pues que impactará numerosas esferas del acontecer económico, social, educacional y familiar de la Florida, el tercer estado más poblado del país, y que ha quedado convertida en laboratorio de un conservadurismo a ultranza que pudiera generar consecuencias nefastas para el funcionamiento institucional, el ejercicio de las libertades cívicas y la convivencia pública en el territorio, consideraron algunos analistas.
Afirman que dentro de ese paquetazo, la llamada Ley de Inmigración de Florida (SB1718), es la propuesta más severa en restricciones y sanciones contra los indocumentados que se haya impuesto en la nación americana en más de dos décadas.
El listado de cláusulas restrictivas es tan amplio como peligroso para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado y –como era de esperar- apenas horas después de su activación, poderosas organizaciones han anunciado que la impugnarán con una demanda en los tribunales federales por su carácter inconstitucional.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (1)Archivado en: