Gustavo Martínez, sobreviviente del hundimiento del remolcador 13 de marzo donde perdió a su mujer y una hija de meses, recordó la tragedia de la que se cumplieron 29 años el pasado jueves.
“Perdí a mi esposa, Juliana Enríquez Carrasana, que era de Placetas, Villa Clara, vivía en Cuatro Caminos, La Habana, perdí a mi niña Helen, le faltaban 5 días para los 6 meses. A mí suegro Reinaldo, de 48 años, a muchas amistades…”, contó Martínez en un audio enviado al medio independiente Cubanet.
“Fue una historia bien triste, bien dura, bien drástica, bien brutal, donde no tuvieron compasión ni escrúpulos. ‘Húndanlo’ y lo hundieron, así fue”, agregó este cubano, quien calificó el suceso como “un crimen premeditado del gobierno cubano”
“Sufrí mucho, andaba mucho con depresión, y pensaba que la vida ya no valía nada. Me quedó vivo un varón, eso me dio fuerzas para seguir luchando, que tenía 9 años en ese momento. Ya yo probé el tope del sufrimiento de un ser humano”, concluye su testimonio.
En la madrugada del 13 de julio de 1994, 71 personas abordaron el remolcador, atracado en el muelle Salvamento a unos pasos de la antigua planta eléctrica de Tallapiedra. Al frente del grupo estaba Fidencio Ramel Prieto Hernández, jefe de operaciones del Puerto de La Habana, y el propósito de todos era emigrar a Estados Unidos.
Al pasar por la base de la Marina de Guerra, cerca del muelle de las lanchitas de Regla y Casablanca, el remolcador fue interceptado por embarcaciones de la Empresa Estatal de Servicios Marítimos (EESM), que con violentas maniobras, que se extendieron durante un rato, acabó por provocar el hundimiento de la embarcación. Un total de 41 personas murieron, entre ellas doce niños.
La treintena de sobrevivientes fueron llevados a la estación de Jaimanitas y luego al bastión de la Seguridad del Estado, en Villa Marista.
26 años después de esa tragedia, los culpables no han sido llevados a la justicia. El Gobierno cubano trató de presentar lo ocurrido como un accidente. Las autoridades cubanas nunca realizaron un proceso judicial, y acabaron por silenciar el caso a pesar de los reiterados intentos de familiares y activistas por llevar a los responsables ante los tribunales.
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