El Gobierno cubano le quitó la licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados que estaban autorizados a hacerlo.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que "se decidió cerrar esta facultad a 24 de las 73 empresas aprobadas para importar, por bajo nivel de actividad y mal trabajo".
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Marrero recalcó que el Estado es el que debe ejercer el monopolio del comercio exterior en el país, pero que para facilitar la actividad de las formas de gestión no estatal, se autorizó a 73 empresas para que importaran a las micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes).
"Pero en el análisis que hicimos había muchas barbaridades, errores...", dijo.
"El documento resultante del trabajo que hizo el MINCEX nos permitió llegar a la conclusión de que había que cerrar esta facultad a 24 empresas, por bajo nivel de actividad y mal trabajo", subrayó.
La semana pasada, trascendió la clausura de 15 mipymes que presentaban irregularidades en la contabilidad.
Judith Navarro Ricardo, jurídica de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), reveló que se detectaron malos manejos contables, como las compras de equipos como gastos directos en vez de inventarios, o problemas en los controles de los registros primarios, como los estados financieros, que en muchos casos no se tienen o se ocultan.
"Algunos de estos casos pueden derivar en delitos de evasión fiscal. La mipyme que no lleve bien su contabilidad y, además, no efectúe correctamente el pago de sus obligaciones tributarias, demuestra una intención de evasión, por lo que tenemos el derecho de proceder con la denuncia", expresó.
A pesar de esas sanciones, Marrero Cruz niega que exista una cruzada contra los negocios privados y solicitó a los actores no estatales pensar menos en sus ganancias y contribuir a la sociedad.
"No estamos para cerrarlos", señaló, antes de añadir que "lo que queremos pedirles a todas las personas que abran un negocio es que contribuyan a la sociedad, que es parte de este pueblo".
En esa misma cuerda está el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien esta semana anunció un plan de "ordenamiento" para los sectores privado y estatal, por la "manera irresponsable" con que actúan algunas de estas instituciones.
Díaz-Canel insistió en que no se trata de una cacería de brujas contra una forma de gestión o propiedad específica.
"Aquí lo que estamos planteando es un ordenamiento para que haya la mayor cantidad de ofertas de bienes y servicios a adecuados precios para la población, y que todo el mundo aporte todo lo que tiene que aportar", afirmó.
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