En el municipio de Camagüey, cuatro familias recibieron nuevas viviendas de madera, como parte de una política del Estado cubano destinada a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
Esta iniciativa, que prioriza comunidades en la periferia y barrios en transformación, ha sido aclamada por las autoridades políticas como un esfuerzo significativo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero su impacto social es mínimo.
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La realidad detrás de esta acción dista mucho de ser ideal. Las viviendas entregadas, fueron construidas con materiales de baja calidad y con terminaciones deficientes, requieren restauraciones a corto plazo, según ha reconocido el propio gobierno.
El Estado ha destinado en Camagüey solo cinco millones de pesos cubanos para este proyecto. La iniciativa es insuficiente frente a la gran demanda de casas que hay en la provincia y en el país.
Miles de familias en Cuba siguen sin acceso a una vivienda digna, una situación que se agrava con el paso del tiempo, el encarecimiento de los materiales de construcción, y los continuos derrumbes a lo largo y ancho de la isla.
El gobierno cubano incumple repetidamente el plan de construcción de viviendas, mientras que no ha fallado en la construcción de hoteles, a pesar de la baja ocupación que estos presentan.
Al cierre de 2023, solo se culminaron cerca de 13,300 inmuebles en Cuba, lo que representa apenas el 54% del plan anual, dejando a miles de familias sin hogar y reflejando la ineficacia de las políticas habitacionales del régimen.
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