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La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) publicó las cifras de los beneficiarios del parole humanitario que han entrado a Estados Unidos desde el inicio del programa en 2023 y hasta julio de 2024, en los que suma 110,000 cubanos que fueron examinados y autorizados para viajar.
Hasta finales de julio, fueron beneficiados más de 520,000 personas de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, los países incluidos en este programa de la administración Biden.
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Específicamente, desde el 5 de enero, fecha en que se puso en vigor este programa, un total de 109,000 cubanos, 205,000 haitianos, 90,000 nicaragüenses y 115,000 venezolanos llegaron legalmente y obtuvieron la libertad condicional, precisó el documento publicado en la página web de CBP.
Las cifras anunciadas la víspera evidencian, que 4,870 cubanos lograron ingresar a EE.UU. con parole humanitario durante julio, pues, hasta junio, habían entrado 104,130 ciudadanos de la isla beneficiados por este programa.
Sin embargo, los haitianos siguen siendo el grupo más favorecido en la concesión del parole humanitario y el de mayor crecimiento de entrada de sus nacionales a territorio estadounidense, entre las cuatro nacionalidades que reciben el beneficio migratorio.
Para las estadísticas del mes de agosto se avizora una baja drástica, debido a que desde inicios de este mes, el gobierno de EE.UU. suspendió de forma temporal los permisos de viaje tras un informe interno que revela niveles significativos de fraude, según dio a conocer el pasado día 2 de agosto Fox News citando a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La fuente gubernamental indicó que “por precaución” han suspendido la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para el programa desde mediados de julio, mientras proceden a revisar de forma pormenorizada las solicitudes de los patrocinadores, que es donde está puesto el foco de fraude.
El documento, que revela niveles significativos de fraude en la aplicación a este programa de la administración de Joe Biden, indica que para cubanos, haitianos y nicaragüenses había sido suspendido desde el 18 de julio de 2024, mientras que para los venezolanos la suspensión estaba determinada desde el 6 del propio mes.
Entre los fraudes más comunes, las autoridades detectaron el uso de números de seguro social de personas fallecidas; direcciones incorrectas (de almacenes y negocios) para evitar dar la de domicilio donde vivirían beneficiados del programa; uso datos de patrocinadores sin autorización de la persona.
El abogado de inmigración José Guerrero dijo en una entrevista que si el parole de un beneficiario está relacionado con un fraude perderá su proceso. Quienes han pedido ayuda para llenar un formulario o han pagado por ello, deben tener los datos de contacto de la persona que inició ese trámite, y documentar con imágenes cada paso, para demostrar que no estuvieron implicado en el fraude.
El abogado precisó que las penas pueden ser de hasta 10 años de cárcel en caso de que se demuestre que una persona cometió fraude con el programa.
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