El cierre inminente del parque de casas móviles Li’l Abner, programado para el 19 de mayo de 2025, ha generado incertidumbre y protestas entre las más de 900 familias que residen en este lugar, ubicado en Sweetwater, Florida.
Acorde a América TeVe, el alcalde José "Pepe" Díaz, junto a otros funcionarios locales, inició este lunes esfuerzos para mitigar el impacto en los residentes, muchos de ellos adultos mayores con ingresos limitados.
El aviso de desalojo sorprendió a los habitantes del parque la semana pasada, generando una creciente preocupación. “Todo lo que tenía lo gasté aquí. Ahora estoy recogiendo mis cosas para ver qué hago porque no puedo trabajar”, declaró al citado medio Madelis Zamora, una residente afectada.
Los inquilinos han solicitado más tiempo para abandonar sus viviendas y un aumento en el incentivo ofrecido por los propietarios, que actualmente asciende a $14,000 para quienes desocupen antes del 31 de enero.
El alcalde Díaz informó, a través de un comunicado, que se reunió con el propietario del terreno, sus representantes y el director de Vivienda del condado Miami-Dade. Durante la reunión, se acordó incluir a todos los residentes que puedan demostrar su residencia en el parque para recibir asistencia en la reubicación.
Además, Díaz instó a los afectados a programar citas con la Oficina del Parque de Casas Móviles para evaluar sus necesidades y explorar soluciones personalizadas.
Por otra parte, según Local 10, los comisionados de Sweetwater tienen previsto celebrar su primera reunión desde el anuncio del cierre, donde escucharán las inquietudes de los residentes.
En paralelo, se construye un nuevo edificio de apartamentos asequibles en el borde del parque, aunque aún no está claro si será una solución viable para quienes ahora enfrentan el desalojo.
El alcalde Díaz, junto con la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, y otros comisionados, trabajan para identificar fondos y recursos que alivien la situación de los afectados.
Sin embargo, registros muestran que en 2022, Díaz patrocinó una resolución que asignó más de medio millón de dólares al desarrollador del nuevo proyecto de viviendas asequibles, lo que ha generado cuestionamientos sobre su previo conocimiento de la venta del terreno.
Mientras tanto, los residentes siguen organizándose para presentar sus demandas ante las autoridades. La principal preocupación sigue siendo encontrar una alternativa viable para los adultos mayores y familias de bajos recursos, en un mercado inmobiliario donde los costos de alquiler son inaccesibles para muchos. “Hemos cotizado y no baja de $2,300”, lamentó Zaira Sandoval, una de las residentes.
El cierre del parque representa un desafío tanto para los habitantes como para las autoridades locales, que deberán buscar un equilibrar entre los derechos de los propietarios y la protección de personas vulnerables.
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