A pesar de la liberación de seis estadounidenses retenidos en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos reiteró que no cambiará su posición con respecto al régimen de Nicolás Maduro y que no reconocerá su mandato como legítimo tras las elecciones de 2024, calificadas como fraudulentas por Washington y varios países aliados.
El enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, Mauricio Claver-Carone, dejó claro que el encuentro entre Richard Grenell, representante para misiones especiales de Donald Trump, y el líder chavista no constituyó una negociación, sino una reunión para trasladarle exigencias concretas de la administración estadounidense.
Lo más leído hoy:
Entre estas peticiones destacan la deportación de criminales venezolanos en EE.UU., como los miembros detenidos de la violenta pandilla Tren de Aragua, y la liberación inmediata de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, indicó la agencia EFE.
"No es una negociación"
En declaraciones a la prensa, Claver-Carone enfatizó que "los criminales venezolanos de bandas como el Tren de Aragua y otros tienen que ser deportados y Venezuela los tiene que aceptar, es su responsabilidad". También subrayó que el régimen de Maduro debe proceder con la liberación de estadounidenses injustamente encarcelados.
"Si estas solicitudes no son cumplidas, habrá consecuencias", advirtió el funcionario, recordando que Trump ha sido categórico en su postura de presión máxima contra el chavismo.
Asimismo, descartó cualquier posibilidad de negociación sobre el petróleo venezolano, asegurando que EE.UU. no necesita de este recurso y que su política energética se basa en la autosuficiencia.
Reunión y reacciones
El encuentro entre Grenell y Maduro se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, donde el chavismo insistió en la necesidad de "dar un giro" a las relaciones bilaterales.
No obstante, la Casa Blanca fue rápida en rechazar cualquier interpretación que sugiera un reconocimiento del líder venezolano. Karoline Leavitt, secretaria de prensa del gobierno de Trump, reafirmó que la posición de EE.UU. sigue siendo la de desconocer la reelección de Maduro y mantener las sanciones económicas.
Mientras tanto, aliados de Washington en la región, como Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, continúan respaldando la posición estadounidense en rechazo al fraude electoral venezolano.
La comunidad internacional y los venezolanos en el exilio siguen de cerca los próximos pasos de la administración Trump en su estrategia hacia Venezuela, que se mantiene firme en su objetivo de presionar al régimen chavista, a pesar de gestos y declaraciones que han despertado inquietud opositores y sociedad civil, como la cancelación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los emigrantes venezolanos.
La nueva medida -que daba 18 meses adicionales (hasta octubre de 2026) de protección contra una deportación, además de permisos de trabajo- podría representar un duro mazazo para más de 600,000 venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos, y que podrían ser devueltos a su país en los próximos meses.
Archivado en:
