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Como parte del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, que inicia este lunes en Cuba, el régimen prometió aplicar juicios ejemplarizantes contra quienes cometan delitos considerados graves, especialmente aquellos ocurridos dentro de instituciones estatales.
Durante la apertura oficial del operativo, desde la sede del Comité Central del Partido Comunista, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que los casos de violencia, vandalismo y daño económico deberán enfrentarse “con total severidad” y pidió que las respuestas judiciales sean “contundentes”, reportó el oficialista periódico Granma.
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Entre los delitos citados por el gobernante están el robo de cables eléctricos en máquinas de riego, los apedreamientos a tiendas y ómnibus, y actos de corrupción, todos los cuales —dijo— deben ser objeto de procesos penales que sirvan como escarmiento.
Aunque no se ofrecieron cifras ni detalles sobre los casos a enjuiciar, las autoridades dejaron claro que buscan transmitir un mensaje de disciplina y control social, utilizando el aparato judicial como herramienta ejemplarizante.
El ejercicio se extenderá hasta el 29 de marzo y moviliza estructuras del Ministerio del Interior, el Gobierno, el Partido, las organizaciones de masas y medios oficiales.
Julio César García Rodríguez, funcionario del Comité Central, explicó que el objetivo principal es reforzar el papel del Estado y sus instituciones en el enfrentamiento a delitos, ilegalidades y conductas “nocivas” para el orden interior.
Además de los juicios, se desplegarán acciones como la revisión de contratos entre empresas estatales y formas de gestión no estatal, operativos contra las drogas, inspecciones urbanísticas y controles sobre precios abusivos.
Sin embargo, el énfasis en acciones punitivas y judicialización de conflictos sociales refuerza la línea de endurecimiento que las autoridades han adoptado en el contexto actual de crisis económica y creciente descontento popular.
En este contexto, el Gobierno de La Habana ha compartido en redes sociales varias publicaciones que presumen de estas acciones “contundentes”; sin embargo, al mismo tiempo que el régimen exhibe el fortalecimiento de su lucha contra la criminalidad, también proyecta un mensaje implícito: el aumento de los delitos y la creciente conflictividad social en Cuba.
En el municipio Playa, las autoridades desplegaron –según la fuente– un operativo sostenido para enfrentar el tráfico y consumo de estupefacientes, como parte de una estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno.
El objetivo, según informaron en redes sociales, es reforzar el control en zonas clave del territorio y garantizar mayor protección a la ciudadanía, que bajo el principio de “tolerancia cero”, se han intensificado los operativos policiales, los controles en puntos estratégicos y las labores de inteligencia, con el propósito de desarticular redes delictivas dedicadas a la venta ilegal de drogas.
En los primeros meses de 2025, la violencia y la inseguridad en Cuba han mostrado una preocupante escalada, reflejada en numerosos hechos delictivos que han generado alarma social.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Moa, Holguín, donde un joven fue arrestado tras arrebatarle un celular a una niña en plena calle, evidenciando la creciente vulnerabilidad de los menores ante los robos con violencia.
Días antes, en la provincia de Matanzas, fue detenido un ciudadano por portar una escopeta no registrada en su vehículo, en el contexto de un operativo de la policía local. El hecho, sumado a otros similares, reforzó las alertas sobre el aumento de armas ilegales en circulación y motivó que el régimen aprobara un nuevo decreto para endurecer el control sobre armamento y municiones.
En paralelo, el clima de inseguridad se vio reflejado en la capital. Una violenta pelea en La Cuevita, La Habana, estalló tras una presunta estafa en el conocido mercado informal. El incidente fue grabado y difundido en redes sociales, donde ciudadanos denunciaron el deterioro social y la falta de respuesta policial eficaz ante estos brotes de violencia cotidiana.
Este patrón no es nuevo. Ya en enero, un grupo de delincuentes irrumpió en un agromercado en Boyeros, donde siete individuos neutralizaron al custodio y robaron productos alimenticios. La Policía logró capturar a los implicados, pero el hecho generó gran preocupación entre los residentes por la frecuencia con la que se producen estos atracos, incluso en zonas urbanas con presencia estatal.
Preguntas frecuentes sobre los juicios ejemplarizantes y la situación actual en Cuba
¿Qué son los juicios ejemplarizantes en Cuba?
Los juicios ejemplarizantes en Cuba son procesos judiciales que buscan disuadir la comisión de delitos mediante la severidad en las sentencias. Estos juicios no solo castigan a los culpables, sino que también pretenden educar a la población sobre las consecuencias de cometer delitos, al ser ampliamente divulgados por los medios oficiales.
¿Qué delitos se están abordando en el Ejercicio Nacional de Prevención en Cuba?
El Ejercicio Nacional de Prevención en Cuba aborda delitos como el tráfico de drogas, la corrupción, el robo de cables eléctricos, y el vandalismo. El régimen ha enfatizado la necesidad de aplicar juicios ejemplarizantes para estos delitos, especialmente aquellos cometidos dentro de instituciones estatales, con el fin de reforzar la disciplina y el control social.
¿Cuáles son las consecuencias de los juicios ejemplarizantes para los acusados?
Las consecuencias de los juicios ejemplarizantes para los acusados en Cuba pueden ser muy severas, incluyendo largas penas de prisión, cadena perpetua, y en casos relacionados con el tráfico de drogas, incluso la pena de muerte. Además, pueden enfrentar la confiscación de bienes y la prohibición de ejercer ciertas profesiones.
¿Cómo está afectando la política de control estatal a la economía privada en Cuba?
La política de control estatal en Cuba está afectando negativamente a la economía privada, con medidas que incluyen inspecciones y restricciones a las empresas privadas. El régimen busca "ordenar" las relaciones entre el sector estatal y no estatal, pero este enfoque ha sido criticado por limitar el crecimiento económico y aumentar la desconfianza hacia el gobierno.
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