El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla declaró este viernes que Estados Unidos “aplica políticas discriminatorias, represivas e ilegales” contra los cubanos residentes en ese país, lo que, según él, agrede su dignidad y derechos humanos.
“Mientras acude al chantaje, la intimidación y la implementación de un número creciente de medidas coercitivas unilaterales contra nuestras naciones que violan el Derecho Internacional”, añadió el diplomático en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
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Las declaraciones del representante del régimen cubano, expresadas durante una reunión del ALBA-TCP, fueron recibidas con escepticismo y críticas, dado el historial de violaciones sistemáticas de derechos humanos en la isla.
El gobierno de La Habana mantiene cientos de presos políticos en sus cárceles, reprime con violencia las protestas ciudadanas, limita las libertades fundamentales y empobrece cada día más a la población, obligando a cientos de miles de cubanos a emigrar, especialmente hacia Estados Unidos.
Precisamente esos cubanos a los que ahora el canciller dice defender fueron empujados fuera del país por la falta de oportunidades, la persecución ideológica y el colapso económico generado por un sistema que les cerró el futuro.
Una vez en el extranjero, son vistos por el régimen como fuente de ingresos mediante el envío de remesas y paquetes a sus familiares, quienes muchas veces terminan convertidos en rehenes afectivos y económicos que pagan los elevados precios impuestos por el monopolio del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), que mantiene el control de la economía dolarizada del país en manos de los militares y jerarcas de la dictadura.
Mientras La Habana intenta posicionarse como defensora de sus nacionales en EE. UU., ignora las múltiples denuncias de organismos internacionales sobre la falta de garantías en materia de derechos civiles y políticos dentro de la isla.
La preocupación del régimen no parece estar centrada en la dignidad ni en los derechos humanos de los cubanos, sino en mantener los flujos financieros que sostienen su frágil economía.
Esa doble moral expone la profunda hipocresía de un sistema comunista totalitario que dice proteger a quienes expulsó y que continúa negando los derechos más elementales a quienes aún viven bajo su control.
El dilema de las deportaciones
Recientemente, el régimen cubano calificó de "acto de cruel cinismo" la amenaza de deportar a migrantes cubanos desde Estados Unidos, pese a que muchos de ellos argumentaron haber huido de la represión y la dictadura en la isla.
Sin embargo, aceptar su retorno supone un desafío directo a la narrativa oficial, que insiste en culpar a factores externos del éxodo masivo, ignorando las causas internas que lo provocan: censura, hostigamiento y falta de libertades básicas.
El 27 de marzo, un nuevo vuelo de deportación aterrizó en La Habana con 60 migrantes cubanos expulsados desde EE. UU. Al menos dos de ellos fueron detenidos a su llegada, uno por causas penales previas y otro por haber emigrado en libertad condicional.
Estos casos refuerzan la preocupación internacional sobre el trato que reciben los cubanos retornados, quienes pueden ser sometidos a interrogatorios, vigilancia y limitaciones sociales al reingresar al país.
La preocupación del régimen no parece estar centrada en la dignidad ni en los derechos humanos de los cubanos, sino en mantener los flujos financieros que sostienen su frágil economía.
Esa doble moral expone la profunda hipocresía de un sistema que dice proteger a quienes expulsó y que continúa negando los derechos más elementales a quienes aún viven bajo su control.
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