En medio de la crisis estructural que atraviesa Cuba, el régimen vuelve a intensificar su ofensiva contra el activismo digital y los medios independientes, con una narrativa que busca deslegitimar toda crítica en redes sociales presentándola como parte de una “guerra mediática” orquestada por enemigos externos.
En un reciente discurso, el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que existen “dos Cubas”: una “real”, que según él resiste con creatividad, y otra “virtual”, dominada por el odio, la manipulación y las noticias falsas.
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“Nosotros estamos enfrentando una campaña mediática de descrédito de la revolución, de odio, de calumnia, de mentira, de asesinato de reputaciones”, dijo Díaz-Canel en el IV Coloquio Patria, celebrado el 19 de marzo en la Universidad de La Habana.
“Hay una Cuba que es la que ustedes ven aquí... Y hay otra Cuba, que es la que está en las redes sociales”, agregó, en un intento por desacreditar las múltiples denuncias que circulan en el ecosistema digital sobre la grave situación que vive la isla.
El discurso no es nuevo, pero sí revela el creciente temor del aparato político cubano ante una fisura informativa que ya no puede controlar. Las redes sociales han transformado el paisaje comunicacional del país, permitiendo a miles de ciudadanos mostrar en tiempo real la escasez de alimentos, las interminables colas, los apagones, el colapso del sistema de salud y los abusos del poder.
Frente a ello, el régimen ha optado por construir una narrativa dicotómica que enfrenta la supuesta “Cuba heroica” y revolucionaria, con una “Cuba virtual” manipulada por intereses foráneos.
Este relato, sin embargo, oculta deliberadamente que detrás de cada publicación crítica en redes sociales hay cubanos reales: activistas, periodistas, madres, jubilados, trabajadores y jóvenes que documentan con sus teléfonos lo que la prensa oficial calla.
Lo que el régimen llama “campaña de odio” no es más que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en un país donde manifestarse pacíficamente o simplemente compartir una opinión incómoda puede costar la cárcel.
En los últimos años, el régimen cubano ha desplegado una batería de medidas legales, tecnológicas y mediáticas para frenar el flujo de información crítica en internet.
La aprobación del nuevo Código Penal en 2022 incorporó figuras delictivas ambiguas y peligrosamente amplias para criminalizar el activismo digital. Entre ellas, los delitos contra la “seguridad del Estado” o la “difusión de noticias falsas”, que permiten sancionar a usuarios por publicaciones en redes sin necesidad de pruebas contundentes.
Además, normativas como el Decreto-Ley 370, conocido como “Ley Azote”, han sido empleadas para multar y perseguir a periodistas independientes como Camila Acosta, castigada por expresar opiniones contrarias al gobierno en Facebook.
La recién aprobada Ley de Comunicación Social también refuerza el control estatal sobre los contenidos digitales, al establecer un marco jurídico que protege la narrativa oficial y excluye cualquier voz disidente.
El régimen no solo actúa desde la legalidad represiva, sino que también utiliza los medios estatales para desinformar, manipular y estigmatizar.
En programas de la televisión cubana se han pedido públicamente “castigos aleccionadores” para quienes “calumnian a la revolución” en redes. Periodistas oficialistas como Rosa Miriam Elizalde han llegado a llamar “timbiriches mediáticos” a los medios independientes, acusándolos de lucrar con el dolor ajeno y difundir “mentiras pagadas desde el exterior”.
La retórica del poder insiste en presentar a los medios digitales y a las plataformas sociales como espacios contaminados por la CIA, la “contrarrevolución” y la maquinaria de desestabilización del “imperio”.
Esta visión paranoica reduce el legítimo descontento popular a una simple herramienta de guerra ideológica, y busca negar o justificar que el colapso económico, el éxodo masivo y la desesperanza generalizada sean producto del propio sistema.
En paralelo, el régimen promueve una imagen idealizada de la “Cuba real”: una nación bloqueada pero digna, pobre pero solidaria, con un gobierno “trabajando duro” para resolver los problemas y un pueblo que “resiste con creatividad”.
Se trata de una operación simbólica que intenta reforzar la narrativa del heroísmo nacional, apelando a una supuesta emocionalidad “revolucionaria” que cada vez conecta menos con la realidad cotidiana.
El objetivo es claro: enfrentar el auge del pensamiento crítico, la organización ciudadana y la visibilidad internacional que han conseguido los cubanos gracias a internet.
Desde las protestas del 11J, el gobierno entendió que el relato se le estaba yendo de las manos. Por eso ha redoblado su discurso de victimización, ha criminalizado el activismo digital, y ha intentado controlar hasta el último meme que circule en la red.
Pero lo cierto es que esa “Cuba virtual” que tanto teme el régimen no es una construcción artificial ni una distorsión impuesta desde fuera. Es, más bien, el reflejo descarnado de un país sin libertades, donde miles de ciudadanos buscan romper el cerco informativo y ejercer su derecho a narrarse a sí mismos.
Las redes sociales no son enemigas de Cuba. Son herramientas de empoderamiento ciudadano en una nación donde el Estado lo controla casi todo. Son espacios donde los cubanos pueden denunciar, compartir, debatir, organizarse. Son, en definitiva, una ventana hacia una Cuba que también es real, aunque el poder totalitario intente negarla.
Negar esa realidad, perseguirla o intentar silenciarla solo evidencia el verdadero temor del régimen: perder el control sobre la narrativa y por tanto la forma de imponer su “verdad”.
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