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El régimen cubano avanza en la implementación de un nuevo instrumento jurídico presentado como garante del bienestar y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se trata del anteproyecto del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, actualmente en proceso de consulta escolar en todo el país.
Más allá de su su hipotético impacto en el bienestar de los destinatarios de la norma, una revisión detallada de su articulado por parte de esta redacción reveló un diseño cuidadosamente estructurado para reforzar la ideología oficial y consolidar el control estatal sobre la infancia, las familias y el pensamiento juvenil.
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La iniciativa, que se promueve con un lenguaje técnico, emocional y progresista, apela a nociones universales como el “interés superior del menor”, la “protección integral” y el “desarrollo armónico de la personalidad”.
Sin embargo, bajo esa retórica legal, se esconden artículos que institucionalizan el adoctrinamiento, criminalizan el disenso familiar y refuerzan mecanismos de vigilancia con potencial represivo, especialmente sobre padres críticos del sistema.
Adoctrinamiento por mandato legal
Desde su preámbulo, el anteproyecto deja clara su intención política. La norma declara que niñas, niños y adolescentes deben ser formados como “continuadores de la obra revolucionaria”.
“POR CUANTO: El desarrollo integral de la niñez, las adolescencias y juventudes constituye una preciada aspiración del Estado, las familias y la sociedad cubana, que actúan para formar en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes los valores y principios de la sociedad socialista, así como los atributos y cualidades que les permitan cumplir su papel como activos participantes y continuadores de la obra revolucionaria”.
No se trata, por tanto, de garantizar un desarrollo libre, autónomo o plural, sino de conducir la infancia hacia la adhesión ideológica al sistema socialista.
El artículo 57 refuerza esta intención al establecer que el sistema educativo tendrá como finalidad esencial la “formación de valores en correspondencia con los principios de la sociedad socialista”, anulando de hecho cualquier diversidad de pensamiento o derecho a una educación no estatal o no ideologizada.
“Artículo 57.3: El Sistema Nacional de Educación tiene como propósitos esenciales la formación y fortalecimiento de valores morales y éticos en correspondencia con los principios de la sociedad socialista, el respeto a los derechos humanos, a la identidad cultural de la nación, el idioma y el medio ambiente en favor del desarrollo sostenible; así como la formación integral de la ciudadanía, el aprendizaje desarrollador de los educandos y su participación activa en el proyecto educativo”.
Control sobre familias “problemáticas”
Uno de los puntos más preocupantes es el artículo 91, que impone a cualquier ciudadano la obligación de denunciar situaciones que afecten la “moral” o el “bienestar psíquico” del menor.
“Artículo 91.2: Cualquier persona que conozca de alguna situación que ponga en peligro la integridad física, sexual, psíquica y moral de una niña, niño o adolescente; así como de cualquier tipo de violencia u otra conducta que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, tiene la obligación de denunciarla a las autoridades competentes a fin de restablecer los derechos quebrantados”.
Esta cláusula, deliberadamente ambigua, podría utilizarse contra familias opositoras o padres activistas, especialmente si son acusados de “influir negativamente” en sus hijos por expresar ideas contrarias al régimen.
El deber de honrar, defender y obedecer: El Código que impone lealtad desde la infancia
El contenido del anteproyecto también introduce deberes explícitos para niños y jóvenes que, aunque presentados como formativos, refuerzan una lógica de sumisión ideológica y disciplina cívico-política.
El artículo 117, que define los deberes de niñas, niños y adolescentes, incluye mandatos como “honrar a la Patria y sus símbolos”, “proteger el patrimonio cultural e histórico de la nación” y “guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes”.
Aunque estas formulaciones pueden parecer neutras, en el contexto cubano —donde las autoridades estatales, la supuesta “legitimidad histórica” del régimen y los símbolos patrios están estrechamente vinculados con la ideología oficial—, estos deberes pueden ser utilizados para valorar o sancionar la conducta infantil o familiar desde parámetros ideológicos.
En una línea similar, el artículo 219 impone a los jóvenes la obligación de “acatar la Constitución de la República de Cuba y sus leyes”, “colaborar con el funcionamiento de las instituciones y respetar a las autoridades legítimamente constituidas” y “participar activamente en la defensa de la Patria socialista”.
Esta formulación convierte el alineamiento con el sistema político totalitario y el acatamiento de sus normas en una responsabilidad legal para los adolescentes, reforzando así la idea de que no solo deben someterse a las leyes de la llamada “justicia revolucionaria”, sino militar en favor de un modelo ideológico único, lo que constituye un claro componente de adoctrinamiento.
Por otro lado, el artículo 83, que regula el acceso de menores a la vida cultural, establece que esta debe desarrollarse “con un profundo sentido descolonizador, anticonsumista, inclusivo, participativo, democrático, educativo, desarrollador de la conciencia social”.
Si bien algunas de estas categorías podrían parecer progresistas, el uso de conceptos como “conciencia social” en el marco cubano suele remitir a una conciencia moldeada por la narrativa oficial, lo que refuerza una cultura institucional dirigida por el Estado, y deja poco o ningún margen para visiones alternativas o disidentes.
Un código que legaliza el adoctrinamiento y la vigilancia
Este cuerpo legal no se limita a proteger: moldea, orienta y fiscaliza. Desde la imposición de un marco ideológico en la educación hasta la creación de sistemas de vigilancia sobre los menores, el Código constituye una herramienta de control social.
Bajo la apariencia de “proteger a la infancia”, el Estado cubano intenta reforzar su hegemonía política desde los primeros años de vida. La niñez no es vista como sujeto de derechos en libertad, sino como material ideológico a moldear para la continuidad del régimen.
Además, la posibilidad de que estos artículos sean utilizados para justificar intervenciones en hogares opositores, o incluso la retirada de custodia, no es mera especulación: existen antecedentes documentados de amenazas similares en años recientes.
Conclusión
El Anteproyecto del Código de la Niñez se presenta como un avance jurídico, pero su estructura interna responde más a una estrategia de control estatal que a una garantía real de derechos.
Contiene trampas ideológicas y ambigüedades legales que podrían ser utilizadas con fines represivos, especialmente en un país donde el poder judicial no es independiente y el disenso político es criminalizado.
El riesgo no está solo en el texto, sino en quién lo aplica, en qué contexto y con qué fines. En el caso cubano, ese riesgo es más que latente: es estructural y sistemático.
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