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La Sociedad Panameña de Cardiología (SPC) envió a las autoridades de ese país una Carta Abierta en la que afirman que la contratación de médicos cubanos para combatir el coronavirus vulnera las leyes vigentes en lo relativo a la contratación de personal de Salud en el extranjero.
En un comunicado de cuatro páginas, fechado el 27 de diciembre y firmado por Alfaro Marchena Noriega y Temístocles Díaz Lezcano -presidente y presidente electo de ese gremio- la Sociedad Panameña de Cardiología sostiene que los médicos cubanos contratados no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 89 de 2013.
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Según el artículo 5 de esa ley, la contratación “no podrá hacerse en grupo o contingente ni a través de concesiones o tercerización”, ello cuando el acuerdo con el gobierno cubano indica que la contratación es grupal, no individual.
El documento añade que no se siguió la “secuencia de evaluación” contemplada en la ley en diversas instancias -Dirección General de Salud, Consejo Técnico de Salud- aprobación y evaluación que no han recibido los médicos cubanos en ninguna de las entidades previstas para ese fin.
El gremio de cardiólogos panameño exige, además, que se conozcan los detalles económicos del contrato, ya que solo se sabe que se pagará más de medio millón de dólares (exactamente $591.197), pero no se ha indicado cuánto se pagará por cada médico de forma individual.
La Ley 89 de 2013 señala en uno de sus artículos que el honorario de los profesionales y técnicos de la salud extranjeros “será equivalente al salario devengado por un profesional y/o técnico panameño en igual función”.
“Si asumimos que los 220 profesionales cubanos que acaban de llegar son médicos, significa que cada uno de ellos nos está costando un aproximado de $2.687.26 mensualmente, lo cual es mayor que lo que se le paga [a] un médico especialista panameño por igual función. Es inaceptable que no se cumpla con los pagos a tiempo, por los turnos a nuestros profesionales de la salud, pero se pague mejor a los extranjeros contratados”, señala el comunicado.
El documento recuerda, por último, que para ejercer la Cardiología en Panamá se necesitan tres años de entrenamiento de medicina interna y tres más de Cardiología, mientras que “los planes de formación de cardiólogos en Cuba solo contemplan tres años de Cardiología, sin el requisito de medicina interna”.
La Carta Abierta enviada al Ministerio de Salud de Panamá se suma a varias muestras de inconformidad que han trascendido en las últimas jornadas por la llegada de médicos cubanos a esa nación centroamericana.
Tras el anuncio oficial del Gobierno panameño de recibir a más de 200 médicos cubanos, Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, renunció al Consejo Consultivo de Salud (CCS), bajo el argumento de que "no se debe permitir el ejercicio de la medicina a ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes de la República".
Por otra parte, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), pidió al Gobierno de Panamá que tome medidas serias para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos de la isla en ese país centroamericano.
En una conferencia de prensa el domingo 27, el ministro de Salud de Panamá dijo que los médicos cubanos están actualmente en un proceso de “inducción” en ese país.
Los 231 médicos cubanos arribaron a Panamá el 24 de diciembre, encabezados por el doctor Carlos Pérez, quien estuvo al frente del grupo de especialistas cubanos que en abril viajó con idéntico propósito a la región italiana de Lombardía.
Los sanitarios están divididos en diez equipos que están integrados por “médicos, enfermeras y asistentes capacitados para hacer frente a desastres y graves epidemias, de modo que presten servicios en diferentes territorios y centros de atención de salud comunitaria y hospitalaria en Panamá”, según indica el documento que informó de su llegada.
Mientras el Gobierno de Cuba continúa enviando a sus profesionales de la salud a combatir el coronavirus en otros países, los médicos que ejercen en la isla reciben un salario que los ha llevado a elevar una petición a los Ministerios de Trabajo y de Salud Pública (MINSAP) para exigir un aumento salarial.
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