La Asesoría de Inteligencia y Consultoría en Seguridad AICS, afincada en Madrid, ha elaborado un informe que documenta supuestas relaciones entre el Gobierno de Venezuela y España a través de dos hermanos de origen libanés y nacionalidad venezolana, residentes en el estado de Miranda y con conexiones con el ala más radical del chavismo.
En el documento al que ha tenido acceso CiberCuba, AICS asegura que K.K. y M.K. son propietarios de al menos ocho empresas y corporaciones, algunas de ellas radicadas y fiscalizadas en España y Florida, que presuntamente han usado para lavar dinero procedente del entorno cercano a Nicolás Maduro.
La mayoría de las empresas ubicadas en España tienen sede en la misma dirección de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. Están dedicadas al asesoramiento y la construcción aunque ninguna muestra actividad comercial. El informe las llama "el nido empresarial de los libaneses".
El documento de la asesoría incluye información aportada por la oposición venezolana, que apunta a que estas empresas se estarían usando para lavar dinero procedente de actividades ilegales de "determinados miembros próximos a la Presidencia de Venezuela". Sospechan que se trata de la familia Cabello Rondón (Diosdado Cabello y José David Cabello), pero la asesoría española de Inteligencia no ha podido confirmarlo.
No obstante, el análisis de varias empresas de los libaneses lleva a AICS a concluir que en un listado de empresas radicadas en España e incluidas en el documento "aflora una situación cuanto menos sospechosa", teniendo en cuenta que M.K. tiene una orden de busca internacional emitida por Estados Unidos.
La Asesoría de Inteligencia destaca, además, que este empresario, nacido en abril de 1970, supuestamente se enriqueció a la sombra de Hugo Chávez, obteniendo contratos para la importación de productos libres de impuestos, préstamos bancarios a interés cero y adjudicaciones millonarias del Estado. Entre ellas, la autorización para la venta de productos destinados al subsidio social.
Estos contratos los habría conseguido a través de Antonio José Morales Rodríguez, nombrado en 2017 superintendente de Bancos en Venezuela y hombre de confianza del chavismo, según el informe de AICS.
Además, la agencia relaciona a M.K. con José David Cabello Rondón, hermano de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. José David fue ministro de Comercio; ex ministro para Industria y director nacional de Comercio Exterior. Actualmente es superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). En Twitter se identifica como "soldado de la revolución".
Buscado por la DEA
M.K. es un personaje amigo de la polémica, añade el informe de la asesoría española. En el perfil que le ha hecho al empresario consta una detención en el año 2010 por parte de la Dirección de Inteligencia Militar tras incumplir un contrato millonario para la compra de la plataforma informática de la Dirección General de Inteligencia Militar a través de una compañía establecida en Florida.
En 2004 las autoridades norteamericanas le denegaron el visado a M.K. y AICS afirma que tanto él como su hermano K.K. han sido investigados en este país tras la detección de supuestas irregularidades en exportaciones y movimientos sospechosos de esa compañía con sede en Florida.
Desde ese año las cuentas que ambos tienen en EE.UU. están bloqueadas a petición de la Administración para el Control de Drogas (DEA) por sospechas de vinculación con el narcotráfico, lavado de dinero y operaciones encubiertas.
M.K ha mantenido, según AICS, contactos con partidos europeos de extrema izquierda. Entre ellos con Nikos Pappas, colaborador del primer ministro griego Alexis Tsipras, líder de Coalición de la Izquierda Radical.
En una reunión sostenida entre ambos, Pappas estuvo acompañado por un abogado especializado en la creación de corporaciones off-shores. Ambos habrían hablado de un préstamo de Venezuela a Grecia, que en esos momentos estaba asfixiada por la crisis económica de 2008 y los recortes impuestos por la Unión Europea para concederle el 'rescate'.
"Aunque estas compañías (propiedad de M.K.) parecen moverse en el ámbito de lo privado, en sus actos y actividades se encuentran diligencias de naturaleza gubernamental", recoge el informe entre sus conclusiones.
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