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Un grupo de seis madres y 12 niños han recibido un ultimátum de desalojo por parte de las autoridades municipales de Vivienda de La Habana Vieja para abandonar un local que ocuparon hace ocho meses.
“Vino un funcionario de Vivienda con una carta que decía que teníamos que retornar a nuestros lugares de residencia, que a ellos les daba mucha pena con la situación de nosotras pero que el 60 por ciento de La Habana tenía problemas de vivienda, y que había casos iguales o peores que este”, dijo en declaraciones a Cubanet una de las ocupantes, que está embarazada.
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Las mujeres fueron advertidas de que si salían por voluntad propia sus casos serían tenidos en cuenta por la Dirección Municipal de Vivienda.
Las madres amenazadas de desalojo están muy preocupadas por ser lanzadas a la calle en medio de la pandemia de coronavirus, justamente cuando el gobierno insiste en que las personas deben permanecer en casa.
“Estamos expuestas a contagiarnos cuando salgamos a la calle con niños y mujeres embarazadas. No entiendo cómo es posible que ahora en medio de la pandemia de coronavirus estén haciéndonos esto. Nos están pidiendo que desalojemos el área”, se quejó una de las afectadas.
Una de las entrevistadas contempla como última opción plantarse en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución, ya que no contemplan como opción regresar a lugares donde sus vidas y las de sus hijos corren peligro por las pésimas condiciones habitacionales.
“Somos madres con niños pidiendo que nos ayuden”, concluyó una de las mujeres.
El local que hoy ocupan las seis mujeres en La Habana Vieja era un antiguo gimnasio que se encontraba en desuso.
En los últimos años, cada vez son más los cubanos que recurren a la ocupación ilegal de locales estatales que han sido abandonados por el Estado y que permanecen cerrados.
Sin tomar en cuenta los riesgos que implicaría echar a la calle a personas en plena pandemia de coronavirus, las autoridades intentaron desalojar a finales de abril a un grupo de personas residentes en un asentamiento ilegal construido en el municipio habanero del Cotorro.
En octubre de 2019, la policía desalojó a la fuerza a un grupo de familias que habían ocupado varios apartamentos vacíos de un edificio en Centro Habana.
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