Estados Unidos levantó este martes algunas sanciones al gobierno de Venezuela para operaciones portuarias y aeroportuarias que no involucren la exportación o reexportación de diluyentes para la industria del petróleo.
Una resolución publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro indicó también que quedarán autorizadas las transacciones con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) venezolano respecto a la operación o uso de puertos y aeropuertos.
La medida será efectiva a partir de este martes 2 de febrero.
Ninguna persona o entidad que está bloqueada en la lista de sanciones a Venezuela, excepto INEA, se beneficiará de esta flexibilización. Tampoco entidades bloqueadas en las cuales la participación de INEA, directa o indirectamente, sea del 50 por ciento o más.
Aunque aparentemente menor y de poca trascendencia, la medida constituye el primer movimiento de la administración Biden con respecto al régimen de Nicolás Maduro.
Las sanciones levantadas este martes pertenecían a una actualización del paquete de Regulaciones y Sanciones a Venezuela (VSR) realizada en agosto de 2019 durante la administración de Donald Trump.
Esto se suma a una serie creciente de acciones que el nuevo gobierno ha tomado para revertir las decisiones del expresidente, a pesar del poco tiempo transcurrido desde que Joe Biden asumió el poder el pasado 20 de enero. Aunque esta medida no incluye la revisión del núcleo duro de las sanciones de Trump hacia Venezuela en 2019, que decretaron el embargo de las producción de crudo del país sudámericano.
Sin embargo, el especialista en derecho internacional y relaciones internacionales, Mariano de Alba, dijo a la AFP que “la licencia es una primera señal de que hay disposición por parte del nuevo gobierno estadounidense a revisar el ámbito de aplicación de las sanciones impuestas en los últimos años y aclarar su alcance para que el comercio y transporte de personas por parte de compañías internacionales no sea visto por sus asesores legales como excesivamente riesgoso”.
Recientemente, en la audiencia de confirmación del cargo en el Senado, Anthony Blinken, secretario de Estado, calificó a Nicolás Maduro como un “brutal dictador” y dijo estar de acuerdo con la presión contra su régimen.
No obstante, tanto Blinken en su sesión de confirmación, como Biden en su campaña presidencial afirmaron que traerán un nuevo enfoque “más efectivo” para acabar con esta dictadura y consideraron que el método de Trump solo había logrado afianzar más en el poder a Maduro.
Biden mostró un punto de vista parecido durante su campaña con respecto a Cuba, cuando afirmó que las medidas de Trump solo habían provocado más represión en la isla, y que habían conseguido afectar al pueblo cubano a través de la regulación de las remesas familiares y los viajes al país.
En relación a este tema, se espera que Biden intente restablecer la política de acercamiento diplomático hacia Cuba comenzada por Barack Obama durante su segunda administración.
A finales de enero, el presidente anunció que revisaría la política de Trump hacia Cuba: "Estamos revisando las políticas del gobierno de Trump en varios temas de seguridad nacional para asegurarnos que nuestra visión se ajusta a eso. Vamos a marcar nuestro propio camino", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
A lo que agregó: “Nuestra política sobre Cuba está regida por dos principios. Primero, apoyo a la democracia y los derechos humanos: eso estará en el núcleo de nuestros esfuerzos”.
También a finales de enero, un funcionario cubano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, hizo declaraciones a Reuters sobre la voluntad de Cuba de retomar la política de Obama: “Todo podría revertirse en el corto plazo si esa fuera la voluntad del gobierno” estadounidense.
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