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Dicen en un artículo de Granma titulado “El pueblo pide cuentas” que el tercer proceso de rendición de cuenta del delegado ante sus electores ha comenzado en toda Cuba desde el pasado 10 de noviembre hasta el 23 de diciembre. Y exigen que ese proceso se base en un diálogo con el pueblo sin formalismos, a la vez que se formula un “juicio crítico respecto al quehacer del poder popular y encontrar respuestas a problemáticas sociales que gravitan en el sentir de los barrios y las comunidades”. Interesante.
Además, se dice en Granma que “este es un ejercicio de genuina participación ciudadana y democracia socialista” que viene a tener lugar tras “casi dos años impuesta por la pandemia de la COVID-19, y en medio del esfuerzo descomunal que realiza el país para impulsar acciones constructivas y sociales dirigidas a erradicar problemas acumulados en zonas vulnerables, a pesar del recrudecimiento del bloqueo”.
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Lazo, presidente de la Asamblea Nacional afirmó que “el intercambio directo de los delegados con la población hace de estas reuniones uno de los momentos más importantes de nuestro sistema político e institucional”, ya que se trata “de un proceso esencial para la nación que, recogido en nuestra Carta Magna, permite a los ciudadanos participar de forma directa en el ejercicio del poder”.
De modo que, con estas consignas desde la cúpula, se debaten en la rendición de cuenta del delegado, temas tan relevantes como el alumbrado público, que lleva años sin funcionar, la inestabilidad en la recogida de desechos sólidos por parte de comunales, o la actitud negligente de algunas personas de botar la basura frente a las casas de otros, de los salideros de agua, o las aguas albañales que corren por donde menos se las esperan.
Todos estos temas, al parecer, salen en la reunión de rendición de cuenta de cualquier delegado en las distintas circunscripciones que, para los comunistas, es una “muestra del carácter democrático de nuestro sistema, en el que todos podemos plantear abiertamente cualquier inquietud o cualquier problema que exista en la comunidad”.
Pues mira que bien. El primer ministro Marrero realizó una intervención ante la Asamblea Nacional para rendir cuenta de su actividad, que es la más relevante de la nación. Y, en vez de hacer lo que las organizaciones comunistas exigen a los delegados locales, Marrero se limitó a leer un discurso de 40 páginas con una serie de cuestiones de las que, ningún diputado pudo formular el menor reparo, pregunta o aclaración. Con el silencio por respuesta, el informe de rendición de cuenta de Marrero se aprobó con complacencia y sin aportaciones para hacer las cosas mejor ¿Alguien entiende algo?
Antes de proseguir con el tema que nos interesa, una delegada de Granma dijo algo que Marrero debería haber tenido en cuenta en su rendición de cuenta. Según ella, “el delegado no está solo para informar, tiene que sentir como suyo el problema del vecino que todavía no tiene teléfono fijo, o de ese otro que amanece a diario con un salidero frente a la casa, y así, cualquier situación en la que la persona se sienta acompañada. No siempre aparece la solución, pero lo que no pueden faltar son la gestión y la respuesta oportuna”.
Y lleva razón. Si, tal vez, Marrero hubiera conocido esto antes de presentar su informe, probablemente lo habría elaborado de otro modo.
Hay que darle el beneficio de la duda.
Su informe de rendición de cuenta a la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo establecido en la constitución comunista, las leyes y el Acuerdo No. IX-99, adoptado por la Asamblea Nacional en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura es cualquier cosa, menos un informe de rendición de cuenta, entendido como ejercicio de responsabilidad política al frente del gobierno de una nación, como dijo la delegada de Granma. Y esto es más evidente, si se presta atención a la rendición en materia de asuntos económicos.
Marrero dijo que la referencia para la acción del gobierno en materia de economía no ha sido otra que la Estrategia de Desarrollo Económico Social del país, un documento obsoleto, anterior al COVID-19 (tiene más de una década), compuesto por 314 medidas, de las que se han adoptado 210, el 67%; estando en proceso 104, el 33%, pero sin ofrecer ni un solo resultado conseguido con la aplicación de las medidas.
Según Marrero, las de mayor impacto han sido: el ordenamiento monetario, el perfeccionamiento de los actores económicos, la política de desarrollo territorial, el mercado minorista y mayorista en MLC, la descentralización en el acceso a las divisas por el sistema productivo estatal y no estatal, la política de comercialización de productos agropecuarios, la exportación e importación por las formas de gestión no estatales a través de entidades estatales y las medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista.
Las mismas de siempre, desde 2011, casi todas aplicadas de forma imperfecta o a medio hacer, un guion caduco que exige una profunda transformación para adaptarse al nuevo entorno de la economía global y que no ha producido mejorías significativas en el funcionamiento de la economía cubana. Todo lo contrario.
Pero, no conforme con ello, añadió que la próxima actualización de la estrategia se realizará “como parte del proceso de ejecución del Plan de la Economía, en el mes de enero del 2022, y contendrá, en lo fundamental, las medidas que garanticen alcanzar los objetivos generales y metas para ese año”. Habrá que ver por dónde sale la actualización.
En cuanto al “proceso de implementación del Modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”, Marrero informó sobre la aprobación del “perfeccionamiento de los actores económicos, que incluye el fortalecimiento de la empresa estatal socialista; la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas; la ampliación del trabajo por cuenta propia; y la generalización de las cooperativas no agropecuarias”.
En este punto anunció, como éxito, la aprobación de 901 MIPYMES (865 privadas y 18 estatales) y 18 nuevas cooperativas no agropecuarias, sin efectuar una valoración de dicho resultado ni citar tampoco las cifras de mortandad que ya se han empezado a producir, y limitándose a defender “acciones más ágiles para el sistema empresarial estatal, ante el reto de demostrar en la práctica su rol de principal actor de la economía, y afianzar su posición como la principal forma de gestión”.
En este punto, citó la frase de Raúl Castro relativa a que “es ineludible provocar un estremecimiento de las estructuras empresariales, desde arriba hacia abajo y viceversa, que destierre definitivamente la inercia, el conformismo, la falta de iniciativas y la cómoda espera por instrucciones desde los niveles superiores”. No dijo que ese estremecimiento ya ha tenido lugar con la Tarea Ordenamiento y ha provocado que cerca de 500 empresas se encuentren en insolvencia, próximas a la quiebra.
Marrero reconoció que “se requiere consolidar de manera sostenible un sistema empresarial estatal innovador, eficaz y generador de bienes y servicios de alta calidad”, lo que ha llevado al régimen a aprobar un conjunto de medidas para el fortalecimiento y mayor autonomía de las empresas estatales. Para que a nadie le quedase la menor duda de lo que quieren los comunistas cubanos.
En este punto, enumeró algunos de los principales problemas de las empresas estatales, como “la intervención administrativa de las OSDE, la solicitud de informaciones en exceso y repetitivas, la lenta implementación de las medidas aprobadas para el fortalecimiento y autonomía de la empresa estatal, el desconocimiento de los empresarios de sus facultades y de las normas jurídicas que recientemente se han puesto en vigor y la poca eficiencia en su gestión”. Es difícil entender que alguien que tiene en su mano poner fin a estas trabas y dificultades no lo haga, y venga a enumerarlas ante la Asamblea.
Para justificar este proceder, dijo que “entre los años 2020 y 2021 se ha avanzado en la solución de varias de las trabas identificadas, fundamentalmente las que afectan a la población y al adecuado funcionamiento de la economía, entre ellas: el exceso de burocracia y de reuniones, la poca preparación de los cuadros para acometer las complejas tareas que enfrentamos y la falta de emprendimiento del sector estatal”, y al igual que antes, no ofreció resultados alcanzados, ni mucho menos una evaluación tentativa, sino que se limitó a decir que el gobierno sigue trabajando en la eliminación de los problemas.
Con respecto a los actores privados, se limitó a celebrar su creación “porque permitirá diversificar el tejido productivo en el país, fortalecer la producción local y estar en mejores condiciones para aprovechar el proceso de recuperación gradual de la economía que ya se ha iniciado”. Y poco más, salvo los números de MIPYMES o CNAs creados.
Respecto al empleo, Marrero señaló que al cierre de 2020 el nivel de ocupación total de la economía alcanzó 4.643.758 trabajadores, de los que 3.095.370 pertenecían al sector estatal y un 1.548.388 al sector no estatal, destacando lo que en su opinión influye el incremento del interés por la incorporación al empleo y el crecimiento del trabajo por cuenta propia que no es otra cosa que la pérdida de poder adquisitivo que ha dejado tras de sí la aplicación del ordenamiento monetario.
También dijo que “la tasa de desocupación se mantiene baja, con un valor de 1.4, lo que clasifica según los parámetros internacionales como pleno empleo, no obstante, los desocupados tuvieron un ligero crecimiento”. Habría que constatar los niveles de exceso de empleo que existen en las empresas y entidades del sector presupuestado cubano.
Sin embargo, lo que no dijo Marrero es que desde 2013 el empleo en la economía ha caído en 275.000 personas, un -6%, y en concreto, que el empleo estatal, perdió 533.000 puestos, un -15%, y el empleo no estatal creció en 257.000 personas, un 20% una cifra inferior que no cubre las bajas del primero. Tampoco dijo que la población activa desde 2013 ha descendido en 443.000 personas, y la tasa de actividad ha bajado desde un 72,9% hasta un 65,2%. Tendencias del ámbito laboral que dicen muy poco de la apuesta por la empresa estatal socialista, por el empleo y la generación de prosperidad en la economía.
En su opinión, las medidas que contribuyen al perfeccionamiento de la población laboral, como “la flexibilización de la contratación de fuerza de trabajo por los campesinos y usufructuarios, así como de las relaciones laborales y salariales en el sector agropecuario; el uso del trabajo a distancia y el teletrabajo, modalidad en la que actualmente laboran 552.757 personas (menos del 12% del total, un porcentaje inferior al de otros países); y el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia” están ayudando a avanzar, pero lo que no dijo es que, en realidad, el trabajo por cuenta propia sigue estabilizado en un 13% de la ocupación total, ante la falta de incentivos para su desarrollo a pesar de la apertura de opciones para el ejercicio.
Se refirió de paso a las medidas de protección al empleo y salarios en el período de enfrentamiento a la pandemia por COVID-19 y, sobre todo, a la atención priorizada al trabajo con los jóvenes “para su incorporación y permanencia en el empleo, en particular el nivel de preparación y especialidad del graduado joven, de forma tal que contribuyan al uso racional de la fuerza de trabajo y estimulen la permanencia y estabilidad laboral”. Tampoco ofreció ni un solo dato sobre el impacto de estas medidas.
En particular, de los salarios Marrero indicó su importe, a finales de 2021, 3.768 pesos de salario medio como parte de la Tarea Ordenamiento y la Reforma Integral de Salarios, Pensiones y Prestaciones de la Asistencia Social. Puede parecer alto, pero esta cifra tiene que ser corregida por los cambios monetarios de la Tarea Ordenamiento. De hecho, reconoció que los salarios “han generado insatisfacciones en algunos sectores”, de modo que anunció “medidas para continuar perfeccionando la retribución por los resultados del trabajo y flexibilizar el mecanismo para establecer la organización salarial en las empresas estatales”, pero una vez más sin referencia alguna a resultados. Más aumentos de costes unitarios que tensarán la situación de las empresas.
En cuanto al balance de la economía, podría haberse ahorrado la mayor parte de lo que dijo, ya que había sido expuesto anteriormente por el ministro del ramo Gil. De modo que señaló nuevamente que en 2021 “la persistencia de tensiones en la economía (el COVID-19 y el bloqueo/embargo con su efecto sobre la entrada de divisas) impidió alcanzar la meta planificada del 6% de crecimiento del PIB”.
Ni más ni menos que un 6% se había previsto inicialmente en el plan que nunca se cumple, cuando lo más probable es que la economía volviera a registrar datos negativos en la evolución del PIB en 2021, como consecuencia, según Marrero, “del crecimiento de los precios de importación, de los fletes y de las afectaciones provocadas por la crisis mundial de las cadenas de suministros”. A lo que habría que añadir los estragos causados por la Tarea Ordenamiento que, en contra de su explicación, no fueron anticipados por los dirigentes. De modo que, en 2021, a diferencia del resto de países de América Latina, no hubo efecto rebote en la economía cubana.
Por ello, Marrero estimó para el conjunto del año 2021 un crecimiento del 2% del PIB, a precios constantes, pero eso será muy difícil de alcanzar. Para empezar, lograr el 2% anual, exige que el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre sea como mínimo del 6,5%, una cifra que parece difícil de lograr, si se tienen en cuenta las tendencias en los principales sectores y actividades en los trimestres anteriores. De modo que cuando se disponga del cierre de la información estadística, que será el año entrante, se verá que el 2% no se pudo lograr, y entonces Marrero volverá a echar las culpas a los mismos de siempre.
También se refirió a la actualización de la política para la inversión extranjera para ofrecer “más incentivos al capital foráneo, renovar la cartera de oportunidades, adecuar los trámites a las figuras no estales y realizar los ajustes que correspondan al marco regulatorio”, pero no aportó un solo dato del resultado anual en materia de inversiones foráneas por lo que estuvo ausente la rendición de cuenta.
Reconoció algo que afecta a la vida de los cubanos, que es el déficit de capacidad de generación de energía eléctrica en 2021 “que no permitió satisfacer la demanda, con la consecuente afectación al servicio y la insatisfacción de la población”, limitándose a informar de “una estrategia de recuperación de la disponibilidad, que permitirá un mejor servicio al contar con una mayor reserva al cierre del año”, al tiempo que dijo que “se continúa el trabajo de forma sostenida en el incremento de la participación de las fuentes renovables en la matriz energética del país”, sin citar datos.
De la actividad turística dijo que se vio sensiblemente afectada, generándose una contracción de los resultados en los principales indicadores, afirmando que con la apertura de las fronteras se inició una recuperación gradual. Nada que no se conozca y que se tendrá que situar en su justo término.
En cuanto a la construcción de viviendas, no pudo ofrecer informaciones positivas de la producción local de materiales de la construcción. Marrero dijo que en 2020 hubo “modestos avances en la construcción de viviendas, pero en el presente año 2021 el plan de nuevas construcciones se ha visto afectado, al alcanzar un cumplimiento de sólo el 31% hasta el cierre de octubre”. Señaló que existen medidas para dar respuesta a las necesidades relacionadas con la mejora e incremento del fondo habitacional como la asignación anual de recursos materiales y financieros en correspondencia con las disponibilidades y lo aprobado en el plan.
No obstante, reconoció la existencia de déficit de algunos recursos como el acero y el cemento, entre otros necesarios, para concluir señalando que hay menos viviendas construidas que recursos entregados, “asunto analizado críticamente en la pasada sesión de la Asamblea y en los chequeos sistemáticos que sobre este tema se realizan”. También dijo que “no se aprovechan los recursos locales para la producción de materiales de la construcción, no se aplican las diferentes tecnologías y tipologías constructivas eficientes y se aprecia falta de atención prioritaria del programa a nivel local”. El reconocimiento del fracaso absoluto de la construcción de vivienda como motor de la economía es palmario.
Y otro tanto, con respecto a las minindustrias para el proceso de productos agropecuarios, con muy deficientes resultados en la recuperación y construcción de nuevos módulos pecuarios con base alimentaria propia, el incremento de la producción de alimentos, incluido el del consumo animal, la utilización de plantas proteicas, y la siembra de cultivos rústicos como la yuca, el plátano, la malanga y el boniato. De todos estos asuntos, solo se limitó a enumerarlos, pasando por muy por encima, sin citar datos.
Marrero dedicó algo más de detalle al programa de soberanía alimentaria y educación nutricional, indicando “las principales insatisfacciones se encuentran en la escasez de algunos productos, su diversidad y calidad; los precios de los alimentos que se han elevado sustancialmente; la utilización ineficiente de la tierra; y problemas subjetivos en el orden de la gestión y las estructuras, entre otras”. Lo mismo de siempre.
A resultas presentó las célebres 63 medidas como “necesarias para la transformación de la agricultura, a partir de un diagnóstico realizado en consulta con científicos, académicos, expertos y productores, a lo largo del país”. Medidas cuyos resultados prácticos se desconocen, y que apenas interesan a los productores agropecuarios, al tiempo que no han servido hasta el tercer trimestre para aumentar la producción del sector.
Según Marrero hay que “desterrar toda práctica negativa en la gestión de los diferentes actores económicos que participan en la producción y transformación de alimentos, de forma que se incrementen las producciones y las ofertas, y se reduzcan sus precios, para hacer así una sustancial contribución a la alimentación del pueblo y a la balanza de pagos del país”. El problema es que, no lo quiso reconocer, para lograr ese objetivo hay que avanzar en la reforma de la estructura de la propiedad y de los medios de producción. Y corresponde a él dar esos pasos.
En cuanto al transporte, aunque afectado por falta de recursos, dijo que “ha jugado un rol clave en la lucha contra la COVID-19, asegurando el traslado de trabajadores y pacientes, así como las actividades vitales de la economía”. No dijo mucho más.
Señaló que se continúa ejecutando el programa de rehabilitación de las ciudades en cuanto al abasto de agua y saneamiento; “asegurando todos los programas priorizados, así como la atención a los barrios de mayor complejidad. Al mismo tiempo, se incrementa el empleo del agua en la agricultura, la caña, la pesca y la generación eléctrica, a partir de las obras ejecutadas en el programa de trasvases”.
De la industria azucarera tampoco pudo ofrecer buenos datos. Tras reconocer que es vital para la economía, solo dijo que “se atiende a la recuperación con una serie de medidas aprobadas por los órganos correspondientes y próximamente implementadas que se aplicarán en la próxima zafra y las que se realizarán en lo adelante”.
Dedicó espacio y tiempo para evaluar los resultados de la implantación de la Tarea Ordenamiento, para lo que pidió tener en cuenta los efectos combinados de la situación de partida, unidos a los propios esperados de su aplicación. Nada que ya no se conociera de intervenciones anteriores, como la de Murillo.
Al respecto dijo que “durante todo el año se ha realizado un chequeo sistemático a esta actividad, con monitoreo permanente de los resultados, reacciones, opiniones y criterios del pueblo, que permitió rectificar desviaciones, corregir errores, y adoptar las decisiones necesarias ante cada situación presentada”. Este chequeo en realidad ha servido de bien poco, a tenor de los efectos producidos. Tal vez deberían evaluar por qué el “sistema de dirección e información, con la participación de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, OSDE y gobiernos provinciales, que llevó a la adopción de 306 decisiones que han derivado en 171 normas jurídicas” no sirvió de gran cosa. Procesos y procesos, pero ningún resultado concreto.
Marrero reconoció que la Tarea Ordenamiento “no es un proceso que por sí solo resolverá todos los problemas acumulados en la economía, pero crea condiciones para avanzar en las soluciones, de conjunto con las restantes medidas de la actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y no debe llevar más tiempo que el estrictamente imprescindible”. En realidad, no solo repitió argumentos que han perdido toda credibilidad visto lo visto, pero lo peor es que no explicó cómo puede ayudar.
En ese sentido, reconoció que “el objetivo del ordenamiento monetario, referido a otorgar al CUP el papel que le corresponde como centro del sistema financiero cubano a partir de eliminar la dualidad monetaria y cambiaria, transformar los ingresos de la población y eliminar gradualmente los subsidios excesivos y gratuidades indebidas, no se ha logrado en su totalidad”. Realmente se ha transformado en una dualidad peso con MLC que es incluso peor y crea más desigualdades. En tales condiciones, dijo que “resulta necesario rectificar y adoptar nuevas decisiones sobre varios elementos de su diseño inicial, en correspondencia con los cambios de circunstancias que han tenido lugar” sin indicar en ningún momento por dónde van a ir esas medidas.
Atribuyó a la difícil situación de la economía mundial y del país, en particular, “las dificultades de diseño y de implantación de la Tarea Ordenamiento, reconociendo que ha creado múltiples insatisfacciones entre la población”. Y en ese sentido, enumeró los problemas principales, entre los que citó “el establecimiento de precios excesivos por los actores económicos; falta de correspondencia entre estos y los niveles de calidad de los productos o servicios; insuficiencias en el sistema empresarial estatal y otras formas productivas presentes desde el escenario anterior y tendencias a elevar los precios para paliar las mismas; así como insatisfacciones con los nuevos salarios o ingresos y las modificaciones en las formas de pago”. Problemas, en definitiva, para los que el modelo social comunista carece de instrumentos para dar solución.
De modo que no tuvo más remedio que reconocer el fracaso de la Tarea Ordenamiento porque “el efecto positivo esperado del incremento de los ingresos, a partir de la aplicación de la reforma general de salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social, fue minorado por el sostenido crecimiento de los precios, lo que afecta la capacidad de compra, con mayor impacto en las personas de menor poder adquisitivo”.
Por ello, explicó que, con la desactivación de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de Murillo, desde el MEP “se procedió a desarrollar acciones para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Tarea Ordenamiento, para lo que se ha elaborado un cronograma que contiene 33 actividades a cumplir entre noviembre y febrero de 2022”. Más procesos, más burocracia, sin referencia a resultados.
Indicó que se mantiene el objetivo planteado de “otorgar al peso cubano su papel como centro del sistema financiero cubano”, a pesar de que se encuentra completamente hundido en los mercados cambiarios informales, y dijo al respecto que se debe adoptar un conjunto de medidas para detener la espiral inflacionaria y lograr la estabilización macroeconómica del país.
Y en concreto, con respecto a la inflación, que según Marrero está provocada por “la combinación de una disminución de los ingresos en divisas de la economía, con la consecuente restricción de la oferta de bienes y servicios en moneda” desde luego, una curiosa interpretación, que vincula el sector externo e interno en el origen de la inflación. Marrero entiende que la economía cubana, como ocurrió desde los tiempos de los subsidios de la URSS, necesita financiación exterior para producir. No se plantea lograr este objetivo con los motores internos. Así estamos en 2021, y a pesar de la gravedad del problema, informó que otro grupo de trabajo se dedica a evaluar medidas para avanzar en el control, contención y en la recuperación progresiva de las funciones del peso cubano. Mal asunto. Va para largo.
En cuanto a las previsiones para 2022, Marrero dijo que se planifica continuar la gradual recuperación económica y social del país, estimando un crecimiento del PIB a precios constantes en el entorno del 4%. Con ello, dijo “se deben superar las caídas experimentadas en los años 2019 y 2020, aunque no se alcanzan los niveles de actividad del año 2019” lo que no concuerda con la realidad si se tiene en cuenta que en 2020 el PIB cayó un -10,9%. Para añadir que “no obstante, no se renuncia a la meta de crecimiento proyectada para el 2026, último año de la segunda etapa del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030”.
Según Marrero, la estimación del 4% del PIB para 2022 se sustenta en las proyecciones de recuperación del turismo y las actividades encadenadas a este; tales como la inversión extranjera; en el progresivo desempeño de las actividades productivas y de servicios, tales como: la industria manufacturera, la agricultura, el comercio, la construcción, la salud pública, la educación y el incremento de las exportaciones, entre otras. Unas estimaciones que, en el momento actual, son cuanto menos, conjeturas.
Marrero señaló que el control de la ejecución del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado “constituye prioridad en el trabajo del gobierno y es una actividad que hay que sistematizar”, señalando al respecto que “aún persisten muchas reservas por explotar, descontrol y desvío de recursos, y una inadecuada administración”. Por dicho motivo, “se trabaja para reforzar el control con acciones específicas, entre las que se destacan varias asociadas a la inteligencia tributaria; a las operaciones de comercio de las plataformas electrónicas; a los controles fiscales y otras actividades seleccionadas”. Y apuntó que para 2022 “se incrementarán en no menos del 20% los controles fiscales a los Impuestos sobre las Utilidades y la Contribución Territorial para el desarrollo local”.
A modo de conclusión, Marrero señaló que el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y la Estrategia de Desarrollo Económico Social del país, “continúan siendo las herramientas fundamentales para la conducción de la economía y la sociedad, referentes claves para el diseño e implementación de políticas y acciones nacionales y locales”, apuntando que “entre ellos se establece una unidad indivisible, con eslabones que se complementan, para una conducción más integrada, articulada y sostenible del desarrollo”. El fracaso de la economía desde 2011 debería llevar a una reflexión sobre la utilidad de esos instrumentos intervencionistas para mejorar la prosperidad de los cubanos. Las dudas son evidentes.
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